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Organizaciones civiles exigen castigo para funcionarios corruptos de la fiscalía hondureña

Tegucigalpa. Agencia PL. | 13 de Septiembre de 2013 a las 11:02

Diversas organizaciones civiles hondureñas exigen este viernes un castigo ejemplar para varios funcionarios del Ministerio Público separados del cargo por corrupción.

Representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo (Foprideh) se reunieron con el fiscal general, Óscar Chinchilla, y su adjunto, Rigoberto Cuéllar, para analizar el tema.

A todo empleado público que no cumpla con su deber se le debe sancionar no solo a nivel administrativo sino también judicial, expresó Josué Murillo, de la APJ.

Por su parte, la rectora interina de la UNAH, Julieta Castellanos, planteó la necesidad de pedir cuentas y resultados por el proceso de depuración del ministerio.

Los fiscales generales tienen un gran reto de demostrar que pueden hacer las cosas mejor, expresó.

Edgardo Vargas, de Foprideh, abogó por una gestión transparente y exigió rendiciones de cuenta periódicas.

Cuéllar confirmó esta semana el despido del administrador y los jefes de Recursos Humanos, de Seguridad y de Servicios Generales del Ministerio Público.

Hay cierto personal bajo la lupa, cuando culmine el proceso se determinará si existe responsabilidad, subrayó.

Según el periódico El Heraldo, se detectaron varias irregularidades en la gestión administrativa de esos funcionarios así como la erogación de viáticos para giras que nunca se realizaron y alquiler de vehículos blindados a precios inflados.

También se descubrió que familiares de fiscales tenían asignados automóviles de la institución.

Días atrás, una Comisión Interventora del Ministerio Público detectó anomalías en cuentas bancarias de 22 fiscales, quienes serán ahora analizados por el Tribunal Superior de Cuentas por presunto enriquecimiento ilícito.

Se descubrieron depósitos bancarios que exceden los ingresos salariales y bienes inmuebles en cantidades significativas, señala un informe de la Comisión.


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