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Gobierno salvadoreño lanza ofensiva legal y tecnológica para combatir crimen

San Salvador. Diario Co Latino. | 25 de Septiembre de 2013 a las 13:02

El Gobierno del presidente Mauricio Funes ha lanzado una ofensiva legal y tecnológica para contrarrestar la delincuencia y el crimen organizado en El Salvador, con la presentación al congreso de sendos paquetes de leyes destinadas a combatir esos flagelos.

Las autoridades de Justicia y Seguridad Pública han presentado en los últimos días a la Asamblea Legislativa, para su aprobación, paquetes completos para eliminar las extorsiones desde los centros penales salvadoreños, y combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El gobierno intenta detener el lavado de activos en el país, con la presentación al congreso, el martes anterior, de la "Ley de Extinción de Dominio", que busca transferir los bienes procedentes de ilícitos a instituciones estatales que combaten la delincuencia, como la Fiscalía, Policía Nacional Civil (PNC), así como la Dirección de Centros Penales.

"Esta ley – aseguró el titular del ramo, Ricardo Perdomo – va a aplicar a los bienes procedentes del delito, dentro de un proceso penal (y) que por decisión de un juez o autoridad judicial, pasan a ser administrados por el Estado, a través del Ministerio de Hacienda".

Al respecto, el funcionario detalló que el 40 por ciento de los bienes decomisados por actividades ilícitas, serán destinados a la Dirección de Centros Penales, otro porcentaje igual a la PNC y, el 20 por ciento restante, a la Fiscalía.

Paralelamente, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, de la Asamblea Legislativa, intenta, desde hace varios meses, reformar al menos 14 artículos de la Ley contra el Lavado de Dinero, para evitar que El Salvador sea incluido en una lista internacional de países considerados "paraíso" de ese flagelo.

El diputado del derechista Partido de Concertación Nacional (PCN), Antonio Almendáriz, anunció la víspera que hasta ahora solo 4 de los 14 artículos que se intentan reformar de la legislación, han sido modificados, y que se le han agregado, en lugar de la palabra "terrorismo", los vocablos de "crimen organizado" y "narcoactividad".

Además, en la legislación, se ha ampliado la persecución de activos de dudosa procedencia a las bolsas de valores, instituciones deportivas, casinos y otras empresas afines, dijo el legislador, quien anunció que la comisión especial del congreso continuará, mañana, jueves, con el estudio de las reformas a la normativa.

Las autoridades de Seguridad Pública también presentaron este mes al parlamento un pliego de leyes para penalizar, hasta con 8 años de cárcel, la utilización de equipos de telecomunicaciones en el interior de los presidios, de donde ocurren el 42 por ciento de las extorsiones a nivel nacional, aumentado en un 24 por ciento en los últimos días.

Ahora, las autoridades han advertido a las empresas de telecomunicaciones que reduzcan la potencia de las señales de la telefonía celular cerca de los 19 presidios salvadoreños, para evitar que la población reclusa – más de 20 mil -, pueda realizar llamadas desde teléfonos celulares hacia el exterior de las cárceles.

"Hago un llamado a las empresas (de telecomunicaciones) a que nos ayuden al bloqueo de señales (telefónicas) dentro de los penales, que nos ayuden a brindar información", pidió Perdomo a las empresas telefónicas.

El funcionario, sin embargo, no descartó en presentar al congreso, en un futuro próximo, una propuesta de reformas a las leyes que rigen la telefonía en el país, para forzar a las empresas telefónicas a reducir la potencia de las señales telefónicas inalámbricas cerca de los centros penales.

Las autoridades aseguran que la actual potencia de señales telefónicas de las empresas, afectan un sistema digital que bloquea la salida de señales de teléfonos celulares desde el interior de los penales salvadoreños.

De no acatar los designios de las autoridades de Seguridad Pública, las empresas telefónicas se exponen a ser tratadas como "cómplices" de los extorsionistas, advirtió el funcionario.

"En un momento dado, si fuera necesario, estaríamos tratándolas (a las empresas telefónicas) como cómplices (de las extorsiones)", sentenció, tras advertir que los delincuentes en el interior de las prisiones han ampliado sus redes de extorsionistas, que han magnificado su accionar a Estados Unidos, Guatemala y Honduras.

Para contrarrestar el flagelo de las extorsiones desde las cárceles, que en los últimos años ha afectado a la pequeña y media empresas del país, así como a particulares, el gobierno ha comenzado a instalar un sistema de telefonía pública controlado en las prisiones.


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