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Minera canadiense mantiene mayor demanda en la historia de Costa Rica

San José. Agencias. | 4 de Octubre de 2013 a las 13:13

La empresa minera canadiense Infinito Gold anunció este viernes que se agotó el tiempo para un acuerdo amistoso con Costa Rica, por lo que continuará con la mayor demanda que haya recibido este país, la cual suma US$1.092 millones como indemnización por el retiro de una concesión.

La compañía, que opera en Costa Rica bajo el nombre Industrias Infinito, indicó en un comunicado que desde el 4 de abril pasado notificaron al gobierno sobre el plazo de seis meses para negociar y encontrar una salida amistosa al conflicto, el cual se agotó este viernes.

"Al no obtener una respuesta, la empresa anuncia que llevará el proceso hasta sus últimas consecuencias" en un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo autónomo del Banco Mundial, indicó el comunicado.

Según Infinito Gold, la inversión realizada en la mina Las Crucitas, en la zona norte del país, asciende a US$92 millones, mientras el monto dejado de percibir por el retiro de su concesión es de cerca de US$1.000 millones, lo que suma US$1.092 millones.

El reclamo se fundamenta en que el Estado costarricense "violentó artículos del Tratado Bilateral de Inversiones con Canadá" en lo relacionado a "concederle a Industrias Infinito trato justo y equitativo" y "de concederle un trato nacional y de nación más favorecida", afirmó la empresa.

El Tribunal Contencioso Administrativo declaró en 2010 como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, y además anuló aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.

La Sala I (casación) de la Corte Suprema de Justicia declaró en 2011 sin lugar una serie de apelaciones de la firma minera y en junio de 2013 la Sala Constitucional rechazó una última acción de la minera.

La Fiscalía también investiga el caso por presuntas ilegalidades en los permisos otorgados a la compañía canadiense.

La firma, que esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro durante los diez años que preveía la concesión, inició la construcción de la mina pero nunca pudo finalizarla ni extraer oro.

Durante varios años, grupos ambientalistas denunciaron ante los tribunales las irregularidades en el otorgamiento de permisos y los riesgos para el medio ambiente que, a su juicio, suponía el proyecto.


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