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Minera tendrá que pagar daño ambiental a Costa Rica, dice ministro

San José. Agencia PL. | 12 de Febrero de 2014 a las 13:47

La empresa Infinito Gold debe pagar a Costa Rica el daño ambiental en vez de pretender que se le pague lo invertido en Crucitas de San Carlos, opinó este miércoles el titular de Ambiente y Energía (Minae), René Castro.

El ministro anunció que el Estado destinará unos dos millones de dólares al año para defender su posición en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ante la demanda presentada por la minera canadiense en ese órgano adscrito al Banco Mundial.

La transnacional, pese a tener procesos judiciales pendientes en Costa Rica, pretende lograr una compensación de 94 millones de dólares por lo invertido desde 1993 en la construcción de una mina de oro a cielo abierto en Crucitas de San Carlos, a tres kilómetros del nicaragüense río San Juan.

El proyecto de la firma era explotar durante una década al menos 19,8 toneladas del metal en ese territorio norteño, pero autoridades judiciales costarricenses ordenaron retirarle los permisos de operación por ilegalidades y el impacto ambiental negativo causado.

Nunca hubo una concesión de pleno derecho a Infinito Gold, por cuanto esa empresa nunca cumplió los trámites requeridos para hacer efectivo el permiso estatal, retirado luego por los tribunales, precisó Castro.

Debemos probar que más bien ellos generaron un daño ambiental al país, donde de hecho se ha calculado una compensación de tres a cinco millones de dólares para Costa Rica, declaró, citado por el sitio www.elpais.cr.

Adelantó que ante el proceso penal abierto, constituirán un equipo de expertos para evaluar el caso y probar que la cancelación del proyecto fue correcta.

Incluso, en estos momentos la Fiscalía investiga el caso por presuntas ilegalidades en los permisos otorgados a la minera canadiense durante el gobierno del expresidente Ã"scar Arias (2006-2010).

El conflicto en torno al proyecto Crucitas de San Carlos data de 2010 y arreció a partir que el Tribunal Contencioso Administrativo declaró nulas las resoluciones del Minae y de la Secretaría Técnica Ambiental, que garantizaron la viabilidad ambiental y otorgaron la concesión minera.

Ese ente también anuló entonces aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo, en tanto en 2011 la Sala I (casación) de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar una serie de apelaciones de la minera y la Sala IV (constitucional) rechazó otras acciones presentadas por la firma.


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