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Pendiente de justicia matanza de campesinos en Guatemala

Ciudad Guatemala. PL. | 4 de Octubre de 2014 a las 12:17

Dos años se cumplen este sábado desde que presuntamente efectivos del Ejército mataran a seis campesinos durante una marcha pacífica en el suroccidental departamento Totonicapán, mientras la Justicia guatemalteca aún tiene pendiente concluir el proceso contra los militares acusados.

Campesinos guatemaltecos ese día del año pasado clamaron justicia para la media docena de obreros agrícolas que murieron en la manifestación, tras un tiroteo en el cual participaron miembros del cuerpo castrense. Autoridades de los 48 cantones de Totonicapán y organizaciones indígenas realizaron una ceremonia maya y misa para recordar a los ultimados durante la mencionada protesta en el kilómetro 170 de la ruta Interamericana, Cumbre de Alaska.

Cientos de obreros agrícolas de los 48 cantones de Totonicapán bloquearon el 4 de octubre de 2012 la carretera Interamericana en oposición al aumento del precio de la energía eléctrica y para exigir al Gobierno el cumplimiento de otras demandas sociales.

Respecto a este suceso, el Consejo Político 13 Baktún manifestó en un comunicado su profundo y completo rechazo a la política de regreso al pasado de represión, masacres y control militar del gobierno guatemalteco.

Ese consejo lo integran mayas de dentro y fuera de Guatemala, actores sociales y políticos comprometidos con los grandes cambios que necesita esta nación a partir de lo plasmado en los Acuerdos de Paz, suscritos en diciembre de 1996.

Un tribunal guatemalteco determinó en febrero del 2013 disminuir la categoría de las violaciones cometidas por nueve uniformados, sindicados de matar a media docena de campesinos en aquella marcha civil. La decisión de rebajar los delitos a militares implicados en la muerte de seis indígenas es una tergiversación jurídica, consideró un experto en Derechos Humanos, quien calificó esa masacre como la primera tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.

"Los hechos producidos el 4 de octubre de 2012 han sido objeto de una increíble y aberrante tergiversación jurídica que se orienta a perpetuar la impunidad en funcionarios públicos encargados de mantener el honor y la paz en Guatemala", reveló a Prensa Latina el especialista, quien demandó el anonimato. Según la defensa de los efectivos y la jueza Patricia Flores, recordó la fuente, el coronel Juan Chiroy no tenía responsabilidad de lo que hicieron sus ocho subalternos debido a que no estuvo presente en la escena.

Sin embargo, el abogado aclaró que Chiroy, como comandante de la operación, tenía completo control sobre todos sus subordinados, pertenecientes a una institución que es jerárquica, obediente y no deliberante, acorde con el artículo 244 de la Carta Magna de Guatemala.


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