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Diputados panameños reanudan audiencia contra exmagistrado corrupto

Ciudad Panamá. Agencia PL. | 5 de Marzo de 2015 a las 11:28

La subcomisión de garantías del Parlamento panameño reanuda este jueves su audiencia para tratar el acuerdo firmado entre la Fiscalía y el exmagistrado Alejandro Moncada Luna, tras declararse culpable de dos delitos.

Así lo hizo saber la presidenta de este grupo, la diputada Katleen Levy, tras recibir el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que certifica que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia está en capacidad de asistir a esa sesión.

La víspera, Moncada Luna no solo se retractó del pacto, sino que presentó a través de su abogado un certificado médico, firmado por la doctora Paulina Rognoni, que lo incapacitaba de asistir a la audiencia por problemas de salud.

Fue por esta razón que las juezas de garantías ordenaron el examen médico y la comparecencia inmediata del imputado, quien deberá, personalmente, informar si honra el acuerdo o desiste de él.

De no reconocerlo, el fiscal asignado al caso, Pedro Miguel González, deberá sustentar su acusación.

Levy señaló que se sintieron burlados por la forma de actuar de la defensa del exmagistrado, y aseguró que solicitarán al Ministerio Público una investigación a la doctora que emitió el certificado de salud, con el cual se pretendía evitar la presencia de Moncada Luna en la audiencia.

Ante esta realidad, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pidió a la población "cerrar filas para evitar la impunidad", manifestaciones que desde ayer protagonizan frente a la sede de la Asamblea Nacional.

Llama la atención el hecho que un funcionario del más alto organismo de justicia, se burle de las normas y del sistema con acciones superfluas, dijo el presidenta de Apede, Dagmar Álvarez.

La semana pasada, Moncada Luna pactó una condena de cinco años de prisión, en vez de ir a juicio en la Asamblea Nacional, tras admitir los cargos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

También aceptó el decomiso de dos apartamentos que compró por más de un millón de dólares, y como pena accesoria quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.

El resto de los bienes aprehendidos, cuentas bancarias por un monto de 4,6 millones de dólares y tres automóviles valorados en 63 mil dólares, fueron liberados como parte del arreglo.


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