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Fiscalía panameña pide investigar a 71 diputados

Ciudad Panamá. Agencia PL. | 30 de Marzo de 2015 a las 12:29

El Ministerio Público solicitó este lunes investigar a 71 diputados panameños de la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) por presuntos vínculo con el sobrecosto de la compra de alimentos a través del Programa Nacional de Ayuda (PAN).

A juicio de la fiscal Anticorrupción, Ruth Morcillo, los parlamentarios se visualizan como posibles autores de la comisión de delitos contra la administración pública para beneficio económico personal, al propiciar la adquisición de bolsas de comida por un monto de 62,3 millones de dólares.

Recientemente, el exdirector del PAN, Rafael Guardia, explicó a la fiscal que el secretario personal del expresidente, Adolfo De Obarrio, lo llamaba para que ejecutara las compras de bolsas de comida, que luego debían ser distribuidas a los distintos diputados, alcaldes y representantes.

"Las empresas venían recomendadas por los distintos diputados y con sus diferentes partidas circuitales", precisó Guardia, quien se encuentra recluido en la cárcel El Renacer por este delito y otros asociados a presuntos hechos de corrupción.

Según consta en el expediente de 61 tomos, abierto el pasado año, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción dictaminó que existen testimonios y documentación que avalan que los delitos contra la Administración Pública gravitan sobre conductas desplegadas por miembros de la Asamblea Nacional.

El documento establece que "no solo los funcionarios del PAN y empresarios, sino también diputados, tuvieron injerencias o formaron parte de los actos que provocaron las anomalías".

Dos de los empresarios que fueron beneficiados con la mayoría de los contratos del PAN para la compra de las bolsas de comida, Juan Carlos Marciaga y Carlos Araúz, afirmaron recientemente que los diputados recibieron estas mercancías.

Las investigaciones corroboran, además, que los parlamentarios seleccionaban sus proveedores y hacían el pedido al PAN, quien solo debía ejecutar las órdenes.

Tras la solicitud del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia deberá definir si hay o no razones suficientes para investigar a los parlamentarios señalados.


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