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Tranquilidad a pesar de terminación de hidroeléctrica de Barro Blanco, Panamá

Ciudad Panamá. Agencia PL. | 5 de Mayo de 2015 a las 09:24

Los indígenas Ngäbe Buglé quedaron defraudados con la decisión del Gobierno de Panamá de concluir la hidroeléctrica de Barro Blanco, pero cambiar de concesionario, aunque mantienen silencio este martes sobre sus anunciadas posibles protestas.

No obstante, la propuesta gubernamental podría suavizar las posiciones de los vecinos, pues plantean que la operación de la central eléctrica será en beneficio de la comunidad, y entre los puntos está la electrificación masiva de la zona.

Una clara victoria del pueblo originario fue confirmada en las palabras de la vicepresidenta del país, Isabel de Saint Malo, quien la víspera reconoció que la experiencia de este diálogo "marcará los nuevos estándares en procesos administrativos y de concesiones hidroeléctricas en el país".

Esta mesa de Barro Blanco es interés del Gobierno que constituya el referente histórico para mejoras de procesos más sólidos y coherentes, que permitan evaluar y desarrollar proyectos compatibles con las comunidades y el medio ambiente.

"El Gobierno de la República de Panamá reconoce que debemos redoblar esfuerzos para garantizar a la Comarca Ngäbe Buglé soluciones para un desarrollo sostenible y armonioso con la naturaleza, los recursos hídricos y las tradiciones", finalizó.

Una nota oficial de la Secretaría de Comunicación del Estado asegura que se establecerá una comisión técnica del Gobierno con indígenas y campesinos, para valorar las implicaciones sociales, jurídicas y económicas de las decisiones relativas al proyecto hidroeléctrico.

Además, se instalará en el lugar una oficina permanente del Ministerio de Ambiente para asegurar el respeto a los recursos naturales, especialmente los vinculados al río Tabasará, donde se ejecuta la obra, y sus alrededores.

Igualmente se abrirán delegaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y el Instituto Nacional de Cultura, para garantizar el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico aplicable al proyecto y la preservación del patrimonio cultural de los pueblos originarios, respectivamente.

Por último, el comunicado refiere que "mediante el respeto del marco jurídico, se gestionará con los bancos que financian el proyecto, las vías necesarias para reemplazar a los administradores, con los menores perjuicios posibles para el Estado".

Genisa reaccionó con mesura a la cancelación de su permiso y dijo en una nota "que aún podemos lograr algún tipo de conciliación en el tema para evitar futuras consecuencias que afecten la seguridad jurídica del país".


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