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Indígenas panameños demandan respeto a la ley

Ciudad Panamá. Agencia PL. | 19 de Mayo de 2015 a las 11:26

El Congreso Tradicional de los NgÃñbe Buglé exigió este martes al Gobierno panameño el respeto a las leyes y la autonomía de los pueblos originarios, tras romper el diálogo en torno al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.

En un comunicado enviado a Prensa Latina, los indígenas manifiestan que en el artículo 17 de la Constitución de la República, el Estado reconoce la existencia del Congreso General de la Comarca, como máximo organismo de expresión y decisión étnica y cultura del pueblo NgÃñbe Buglé.

Sin embargo, el vocero de la principal autoridad indígena, Liborio Miranda, aseguró a esta agencia de prensa que grupos clandestinos e inescrupulosos son los que dialogan hoy con el Gobierno, al margen de la ley 10 de esta comunidad.

La misma establece que cualquier decisión importante debe consultarse de manera colectiva con el Congreso, el cual aglutina a las tres regiones NgÃñbe Buglé.

Por ello Miranda exigió que la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), encargada de la obra, informe con quién firmó el acuerdo de la hidroeléctrica, si el Congreso no dio su autorización, aunque es el único ente facultado para ello.

En un estado de derecho, precisa la nota, los pueblos tienen que estar sujetos a normas y leyes que nadie puede violentar, y nosotros respetamos esa regla.

Pero el gobierno panameño no solo violentó la Constitución de la República y las normas internacionales, sino también "nuestro derecho sobre la tierra, recursos naturales, forma de gobierno tradicional, sitios arqueológicos, ceremoniales, medicinales y espirituales, precisa el texto.

Al respecto, Miranda afirmó que el Ejecutivo nacional no ha entendido el mensaje: "Aquí nadie habló de negociación y diálogo, sino de que el pueblo indígena no quiere proyectos mineros e hidroeléctricos, ni intromisión y usurpación en sus comunidades".

Por tal motivo, el legítimo poder comunitario censura y desconoce cualquier acuerdo o diálogo, que se produzca sin la presencia del Congreso General NgÃñbe Buglé y los campesinos que viven en ese territorio, subraya el comunicado.

Mientras, la comisión gubernamental reiteró su disposición de mantener el diálogo para lograr acuerdos, "frente a las diferencias subsanables que existen con respecto al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco".

Reiteraron, además, que en pleno respeto de la seguridad jurídica, el Estado panameño considera que es de interés nacional la continuidad de la obra, y que existen mecanismos para garantizar los derechos humanos de las comunidades aledañas a la represa.


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