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Sobre el tapete el tema de la corrupción en Guatemala

Ciudad Guatemala. Agencia PL. | 27 de Mayo de 2015 a las 11:09

El tema de la corrupción mantiene en vilo este miércoles al Gobierno guatemalteco, tras saberse que fueron enviados a prisión preventiva 17 involucrados en un contrato anómalo de 116 millones de quetzales (15,18 millones de dólares).

Entre los remitidos a la cárcel por la titular del Juzgado Sexto de Instancia Penal, Silvia de León, figura el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado del mandatario Otto Pérez Molina.

Según argumentó la togada, la empresa farmacéutica Pisa no tenía la capacidad para prestar el servicio de diálisis ambulatorio y, por tanto, el contrato debió ser rechazado por el IGSS.

Otros acusados son el expresidente del Banco de Guatemala (central) Julio Suárez; y Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, y asesor financiero en la subgerencia del Seguro Social.

En las llamadas intervenidas presentadas como prueba se escucha a Molina Stalling, Herbert García-Granados y a Arturo Castellanos hablar sobre la adjudicación a la Droguería Pisa, y el posible cobro de una comisión a cambio de conseguir la aprobación del contrato.

De León informó que la audiencia de apertura a juicio será el 27 de julio, mientras aumentan los reclamos para que el gobernante Pérez Molina abandone el cargo.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y el Centro para la Defensa de la Constitución se sumaron a la exigencia para que el jefe de Estado dimita, tras los actos de corrupción cometidos durante su administración.

Sin embargo, el general retirado ha reiterado que cumplirá su mandato constitucional hasta el próximo 14 de enero de 2016.

En un primer momento, la exvicemandataria Roxana Baldetti descartó renunciar, pero lo hizo el 8 de mayo último, tras registrarse concentraciones multitudinarias que demandaron su cesación en el puesto.

Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, es señalado por la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público como el presunto líder de la red denominada La Línea, dedicada a la defraudación aduanera y al contrabando.

Monzón permanece prófugo de la justicia, pese a la orden de captura girada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) hace más de un mes.

En este contexto, un juez guatemalteco inició proceso y envió a prisión preventiva el pasado 18 de mayo a los abogados José Luis Montenegro y Luis Fernando Zapata, vinculados a un caso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria.

El juez Undécimo Penal José Eduardo Cojulum emitió el veredicto contra los imputados por el MP y la Cicig por asociación ilícita en el "Bufete de la Impunidad".

Ambos profesionales del derecho integraban el grupo de intermediarios para lograr medidas sustitutivas mediante sobornos, a favor de los arrestados por su supuesto vínculo de la estructura criminal La Línea.

Ante la compleja situación, Pérez Molina aceptó el jueves anterior la renuncia de los ministros de Gobernación (Interior), Mauricio López; Ambiente, Michelle Martínez, y Energía y Minas, Edwin Rodas.

El gobernante reiteró en conferencia de prensa que fue él quien les solicitó la dimisión, y también al viceministro de Seguridad, Eddy Juárez, y el jefe de la Secretaria de Inteligencia Estratégica, Ulises Anzueto.

Miles de campesinos e indígenas demandaron hace una semana un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional en medio de la crisis política que atraviesa Guatemala, donde fueron convocadas elecciones generales para el próximo 6 de septiembre.


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