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Denuncian que estado salvadoreño no quiere investigar asesinato de Monseñor Romero

Agencia AFP. Desde Washington. | 10 de Octubre de 2007 a las 00:00
Organizaciones civiles o dependientes de la Iglesia Católica acusaron el miércoles en Washington al Estado salvadoreño de continuar incumpliendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de investigar el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980. Los peticionarios de la audiencia para seguimiento del caso solicitaron a la CIDH, que depende de la OEA, llevar el asunto de las recomendaciones incumplidas ante la Asamblea General del organismo. El "Estado de El Salvador hasta la fecha ha convertido el caso en un símbolo de impunidad", denunció David Morales, de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de la Iglesia Católica salvadoreña a la que pertenecía el asesinado prelado. Morales criticó al Estado por "negar su responsabilidad" en la muerte de Romero, asesinado por un francotirador de un disparo al corazón el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba misa en un hospital. Con la muerte del obispo, considerado "la voz de los sin voz" por denunciar la injusticia social y la represión militar vigente en El Salvador, la guerra civil estalló y con saldo de más de 75.000 muertos concluyó el 16 de enero de 1992. Morales denunció asimismo la "ausencia de buena fe" de parte de las autoridades para cumplir las recomendaciones de la CIDH. El 13 de abril de 2000, el organismo que monitorea los derechos humanos en el continente formuló tres recomendaciones al Estado salvadoreño: "Realizar una investigación judicial completa" que permita sancionar a los autores del crimen; "reparar" a las víctimas; y "adecuar su legislación interna a la Convención Americana (de Derechos Humanos) a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General" de 1993. Esa legislación, emitida a pedido del entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), impidió investigar masacres y otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil. La CIDH considera que ninguna de las tres recomendaciones que formuló fueron cumplidas hasta el momento por el Estado salvadoreño. El gobierno del presidente Antonio Saca, que en un principio había declinado concurrir a la audiencia de este miércoles, envió finalmente a su embajadora ante la OEA, Abigail Castro, al frente de una delegación que incluyó entre otros el asesor del gobierno Carlos Méndez. "El Estado no reconoce la responsabilidad estatal" en el crimen de monseñor Romero, reiteró Méndez En la audiencia, correspondiente al 130 período de sesiones de la CIDH. No obstante, pidió un "compás de espera" para que las partes se pongan de acuerdo en un "diálogo franco y serio", en el marco de una serie de encuentros que se desarrollan en El Salvador. En ese sentido, el comisionado de la CIDH para El Salvador, Víctor Abramovich, destacó que se desarrollen esos diálogos entre representantes del Gobierno, de la Iglesia Católica y de la sociedad civil, pero reiteró las recomendaciones de la Comisión "son vinculantes para el Estado". Abramovich también solicitó "medidas concretas" al gobierno de San Salvador para llenar esos requisitos. De su lado, la embajadora Castro pidió expresamente "que no se informe a la Asamblea General que hay desacato porque no hay desacato" de parte del gobierno salvadoreño en relación a lo recomendado por la CIDH hace siete años. "El diálogo para nosotros necesariamente tiene que partir de esas recomendaciones y esa es la preocupación, que el Estado expresamente desconozca las recomendaciones de la Comisión (...) y además se niegue a reconocer la responsabilidad del Estado en la ejecución de monseñor Romero", dijo a la AFP Soraya Long, directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). "Si ese es el punto de partida para iniciar un diálogo entonces nuestro parecer es que no existe una verdadera voluntad del Estado de cumplir con las recomendaciones de la Comisión", puntualizó. Una Comisión de "La Verdad" creada por la ONU culpó como autor intelectual del asesinato al ya fallecido mayor del ejército Roberto D'Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), que actualmente gobierna al país.

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