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Política represiva en El Salvador es un fracaso

Agencia AFP. Desde San Salvador. | 11 de Octubre de 2007 a las 00:00
Cerca de 2.665 personas murieron de forma violenta en El Salvador de enero a septiembre de 2007, pese a la política de represión del gobierno contra las pandillas y el crimen organizado, calificada por organismos humanitarios y la izquierda de "fracaso". "Es visible que la situación de inseguridad está vigente, la situación no cesa y es obvio que los planes para frenar la criminalidad no han tenido los resultados que quiere el gobierno", aseguró el Procurador de Derechos Humanos, Oscar Luna. Las autoridades de seguridad pública se declararon "alentadas" por la reducción de diez a nueve en el número de homicidios diarios que ocurren en promedio en el país. Cifras de la Policía Nacional Civil señalan que el número de homicidios registrados en El Salvador entre enero y septiembre pasados fue de 2.665 asesinatos, casi un 10% más que en el mismo período del año 2006. "Las autoridades deben de ser honestas y reconocer que su política represiva de mano dura no funciona, que es un fracaso rotundo, con más violencia no se combaten los problemas de inseguridad, aquí no existe una verdadera política contra la violencia", consideró el coordinador general del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González. González recordó que el "Plan Super Mano Dura" del presidente Elías Antonio Saca, enfocado en el combate represivo hacia los pandilleros "no era lo más adecuado a un problema complejo, pues hasta el momento no ha frenado la violencia". "Hay que ver la violencia en toda su dimensión, no es un problema que se resume solo a las pandillas, hay muertes causadas por el crimen organizado, hay problemas de sicarios y de grupos de exterminio, la arista es grande", sostuvo el presidente de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro. Montenegro también criticó el discurso oficial que proclama avances en la lucha contra la delincuencia y las pandillas al señalar que "basta con andar por la calle para darse cuenta que el clima de inseguridad es sensible". Varios estudios señalan que los salvadoreños se han visto obligados a realizar gastos de hasta 600 dólares anuales en promedio para tomar medidas preventivas contra la violencia delincuencial. El negocio de la seguridad vive días dulces con instalación de alarmas, cercos electrificados, circuitos cerrados de vigilancia con cámaras de vídeo, entre otras medidas. Incluso, en distintas zonas de la capital San Salvador es común que vecinos de complejos residenciales se organicen para pagar seguridad privada y colocar portones de hierro para evitar el ingreso de personas que no residen en el lugar.

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