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Organizaciones salvadoreñas piden a Iglesia defender Derechos Humanos

Agencia ACAN–EFE. Desde San Salvador. | 13 de Octubre de 2007 a las 00:00
Organizaciones salvadoreñas han pedido a la Conferencia Episcopal respaldar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asesinato, en 1980, del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Representantes de 82 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil informaron hoy de que la petición -de respaldo público a la CIDH- fue hecha en una carta que enviaron esta semana al arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, presidente de la Conferencia Episcopal. El pasado 10 de octubre la CIDH, con sede en Washington, convocó a una audiencia al gobierno salvadoreño para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que le presentó en 2000 al Estado de El Salvador para que se investigue el asesinato de Óscar Arnulfo Romero. El prelado fue asesinado de un tiro al corazón el 24 de marzo de 1980, cuando oficiaba misa en la capilla del hospital La Divina Providencia, en San Salvador. Las organizaciones recuerdan en su carta a Sáenz Lacalle, de la cual enviaron copia a Acan-Efe, que las recomendaciones de la CIDH son realizar una investigación judicial "completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales", del asesinato. La CIDH indicó que esa investigación debe llevarse a cabo "sin prejuicio" de la ley de amnistía que fue decretada en marzo de 1993, la cual ha dejado en la impunidad miles de asesinatos políticos cometidos durante la guerra civil (1980-1992). Las organizaciones recuerdan que la CDIH ha recomendado al Estado reparar todas las consecuencias de las violaciones de derechos humanos cometidas con el asesinato de Romero, incluido el pago de indemnización a los familiares. Además, que se adecúe la legislación salvadoreña a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto de la Ley de Amnistía General. Para el cumplimiento de las recomendaciones, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado ha propuesto que el Estado salvadoreño celebre un acto público en el que reconozca su responsabilidad en la negligencia de la investigación del caso y pida disculpas a la sociedad. Asimismo, que publique en los medios las partes relevantes del informe de la CIDH y que el mismo se incluya en los planes de estudio de la historia salvadoreña; la producción y difusión de un documental sobre la persona y labor de Romero y la construcción de una plaza en su memoria. "Nos sigue causando mucha preocupación la actitud hostil del gobierno frente a la resolución de la CIDH al expresar públicamente que no acepta la responsabilidad del Estado en el magnicidio, pese a los resultados que a este respecto dio la Comisión de la Verdad y la resolución que se dio en el proceso que se celebró en Fresno", dice la carta. La Comisión de la Verdad fue creada en virtud de los Acuerdos de Paz que firmaron el gobierno y la guerrilla en enero de 1992 para terminar con la guerra civil y en su informe señaló al fundador de la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), Roberto D'Aubuisson, como autor intelectual del asesinato de Romero. Por su participación en el asesinato de Romero, el ex capitán de la Fuerza Aérea Salvadoreña Alvaro Saravia fue condenado en 2004 por el juez Oliver Wanger, del distrito de Fresno, California, EEUU, a pagar diez millones de dólares como indemnización a familiares del prelado, que no fueron identificados. Según las organizaciones, el gobierno "ha intentado una negociación con la jerarquía de la Iglesia Católica, en un momento en el cual, su situación es de total desacato a las recomendaciones de la CIDH" y afirman que "permitir que tal condición sea soslayada, abonaría a ampliar el clima de impunidad que vive el país".

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