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Arzobispo pide al estado salvadoreño asuma crimen de Romero

Varias agencias. Desde San Salvador. | 14 de Octubre de 2007 a las 00:00
El arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, confirmó este domingo que se ha iniciado un diálogo con el Estado salvadoreño para que "de alguna manera" asuma la responsabilidad por el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980. "No hay nada secreto en el diálogo. Se está viendo la manera de que se reconozca (la responsabilidad) del Estado, y se le dé algún gesto de estima pública a monseñor Romero", aseguró Sáenz en una rueda de prensa tras oficiar la misa dominical en la catedral de San Salvador. El prelado explicó que el diálogo con representantes del gobierno salvadoreño se ha abierto en el marco del caso de monseñor Romero que se ventila ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado salvadoreño ha dicho que no reconoce responsabilidad en el caso del asesinato de monseñor Romero, quien fue asesinado por el disparo que un francotirador le asestó en el corazón cuando oficiaba una misa en una capilla de un hospital para cancerosos en la periferia noroeste de San Salvador el 24 de marzo de 1980. Sáenz Lacalle dijo, en rueda de prensa, que el diálogo comenzó recientemente y que ambas partes han formado comisiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. El 13 de abril de 2000, la CIDH formuló tres recomendaciones al Estado salvadoreño: "Realizar una investigación judicial completa" que permita sancionar a los autores del crimen; "reparar" a las víctimas; y "adecuar su legislación interna a la Convención Americana (de Derechos Humanos) a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General" de 1993. La CIDH considera que ninguna de las tres recomendaciones que formuló fueron cumplidas hasta el momento por el Estado salvadoreño. Una comisión de la Verdad, creada por la ONU para investigar las atrocidades ocurridas durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), culpó como autor intelectual del asesinato al mayor del ejército Roberto D'Aubuisson, fundador de la actual gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), quien murió en 1992. La CIDH convocó el pasado miércoles al Gobierno para revisar el cumplimiento de sus recomendaciones al Estado salvadoreño, emitidas en el 2000, sobre el asesinato de Romero, entre ellas una investigación judicial "completa, imparcial y efectiva". El organismo dijo que la investigación debe ser "expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales" y "sin prejuicio" de la ley de amnistía que fue decretada en marzo de 1993. Esa ley ha dejado en la impunidad miles de asesinatos políticos cometidos durante la guerra civil (1980-1992). La CIHD recomendó al Estado reparar todas las consecuencias de las violaciones de derechos humanos cometidas con el asesinato de Romero, incluido el pago de indemnización a los familiares, y que se adecúe la legislación salvadoreña a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la ley de amnistía. Mientras la iglesia negocia con el Estado, distintas organizaciones sociales salvadoreñas han criticado la "necia" postura estatal de no reconocer su responsabilidad en el asesinato de Romero y por su negativa a acatar las recomendaciones de la CIDH en el caso. "En definitiva sobre el tema de monseñor Romero, del cual es responsable no el gobierno de turno, sino que el Estado, está en marcha este acercamiento entre la Arquidiócesis de San Salvador y el gobierno de turno", expresó Sáenz Lacalle. Agregó que "hay buena disposición y esperamos que hayan gestos bastante patentes para demostrar el repudio al asesinato de monseñor Romero y a la estima de su persona". Tras asegurar que "no hay secreto en el diálogo", el prelado explicó que "es sencillamente una reunión en la que mientras no hayan acuerdos es mejor que permanezca un prudencial silencio hasta llegar a los resultados". Indicó que "se está viendo la manera de que se reconozca por parte del Estado... de alguna manera, y se le de algún gesto de estima pública a monseñor Romero y se está viendo la forma concreta de hacerlo". Afirmó que "está muy claro el repudio de todos acerca del asesinato", pero que es muy importante que la figura de Romero "no se maneje en plan político por ninguna de las facciones porque esto hace mucho daño a la buena marcha del proceso de beatificación en Roma". Por su participación en el mismo, el ex capitán de la Fuerza Aérea Salvadoreña Álvaro Saravia fue condenado en 2004 por el juez Oliver Wanger, del distrito de Fresno, California, EEUU, a pagar diez millones de dólares como indemnización a familiares de Romero. Para el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, Tutela Legal del Arzobispado ha propuesto que el Estado celebre un acto público para reconocer su responsabilidad en la negligencia de la investigación del caso y pida disculpas a la sociedad. Además, que publique en los medios las partes relevantes del informe de la CIDH y que el mismo se incluya en los planes de estudio de la historia nacional; la producción y difusión de un documental sobre la persona y labor de Romero y la construcción de una plaza en su memoria. Sáenz Lacalle lamentó que la posición del Arzobispado de San Salvador "no haya sido debidamente transmitida en la reunión efectuada el 10 de octubre en Washington". La cancillería informó, en un comunicado, de que hubo dos audiencias en la CIDH, una para "exponer los logros del proceso de paz" y otra sobre el caso de Romero, sin detalles sobre la última. "En su intervención, el Estado salvadoreño expuso su exitoso proceso de paz y la importancia de la Ley General de Amnistía en el contexto de la reconciliación nacional", dice el comunicado. Unas 80 organizaciones de derechos humanos y sociales enviaron a a Sáenz Lacalle, presidente de la Conferencia Episcopal, una carta en que la que piden que ese organismo se pronuncie públicamente en respaldo a las recomendaciones de la CIDH.

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