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Piden terminar con impunidad en asesinato de arzobispo Romero

Agencia AFP. Desde San Salvador. | 15 de Octubre de 2007 a las 00:00
Organismos humanitarios y la Iglesia católica esperan que el Estado salvadoreño "termine con la impunidad" y asuma la responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no haber investigado el asesinato del arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero, cometido el 24 de marzo de 1980. "Es necesario que se termine con el nudo de la impunidad y para ir en esa dirección el Estado Salvadoreño debe cumplir con las recomendaciones que la Comisión Interamericana dictó en el 2000", declaró a la AFP el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar. El caso del asesinato del arzobispo volvió a la palestra el 10 de octubre, cuando en Washington la CIDH recibió en audiencia especial a una delegación del Estado Salvadoreño para revisar el cumplimiento de recomendaciones emitidas hace siete años. La CIDH emitió el 13 de abril de 2000 una resolución en la que pidió al Estado salvadoreño que investigase el caso y procesase a los responsables, reparase las consecuencias del magnicidio y anulase la ley de amnistía que en 1993 perdonó las atrocidades cometidas en la guerra civil (1980-1992). En la audiencia del miércoles, los representantes del Estado aseguraron que por la vigencia de la ley de amnistía, es imposible investigar el asesinato de Romero. "Yo creo el nudo o el fondo de la impunidad en el país es para proteger a personajes que a pesar que ya fallecieron, siguen siendo políticamente vigentes como el caso de Roberto D'Aubuisson, fundador del partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista)", enfatizó Cuéllar. Una comisión de la Verdad, creada por la ONU, culpó como autor intelectual del asesinato de Romero a D'Aubuisson, quien falleció en febrero de 1992. El domingo, el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, confirmó que se inició un diálogo con el Estado salvadoreño para que "de alguna manera" asuma la responsabilidad por el asesinato de Romero. "No hay nada secreto en el diálogo. Se está viendo la manera de que se reconozca (la responsabilidad) del Estado, y se le dé algún gesto de estima pública a monseñor Romero", aseguró Sáenz Lacalle. Considerado "la voz de los sin voz" por denunciar la injusticia social y la represión militar, el arzobispo Romero fue asesinado por un francotirador que le disparó cuando oficiaba misa en la capilla de un hospital de cancerosos La Divina Providencia, en el sector norte de San Salvador. Por su parte, nueve organismos humanitarios han reprochado "la negativa" del Estado salvadoreño a aceptar su responsabilidad en el magnicidio que conmovió a la comunidad nacional e internacional. Para los entes humanitarios el gobierno salvadoreño debe cumplir con las recomendaciones del organismo interamericano, pues estos son, según ellos, de "carácter obligatorio".

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