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Arzobispo salvadoreño quiere negociar con Saca sobre derechos humanos

Agencia ACAN–EFE. Desde San Salvador. | 22 de Octubre de 2007 a las 00:00
El arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, manifestó el lunes que busca en el diálogo con el gobierno sobre el asesinato de su penúltimo antecesor, Oscar Arnulfo Romero, "más allá de una discusión técnica". En un comunicado enviado a los medios, el prelado reitera que el diálogo se inició a principios de este mes "en el marco del caso de monseñor Romero que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" (CIDH). Romero fue asesinato el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la capilla del hospital La Divina Providencia, en San Salvador. Según la Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes políticos cometidos durante la guerra civil (1980-1992), el responsable intelectual fue el fundados de la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), Roberto D'Aubuisson, muerto de cáncer en febrero de 1992. Sáenz Lacalle informa de que se han realizado tres sesiones entre las comisiones de la Arquidiócesis de San Salvador y del gobierno, con base en las recomendaciones que ha hecho al Estado la CIDH. Recuerda que las recomendaciones, hecha en el 2000, son: realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones establecidas en el informe, sin prejuicio de la amnistía decretada. Reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización a los familiares de Romero, y adecuar la legislación salvadoreña a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General. La ley fue aprobada en marzo de 1993, luego que la Comisión de la Verdad emitió su informe, por lo que varias matanzas de civiles y otros hechos de lesa humanidad han quedado en la impunidad. El gobierno ha reiterado que la ley de amnistía no debe ser derogada para asegurar la reconciliación nacional. Sáenz Lacalle dice que "queremos establecer el diálogo sobre estos temas (las recomendaciones de la CIDH) que vaya más allá de una discusión técnica. Debemos pensar en el bien común, de acuerdo con el principio 'Salus populi, suprema lex": El bien de la nación es la ley suprema". Señala que después de la audiencia del gobierno con la CIDH, el pasado 10 de octubre en Washington -con la finalidad de revisar el cumplimiento de las recomendaciones en el caso Romero- han surgido diversas manifestaciones en el país sobre la conveniencia del diálogo con el gobierno. "Me refiero en particular a la carta abierta de varias organizaciones y a una columna del P. José María Tojeira, S.J. He remitido todo este material a la delegación que representa al Arzobispado en las conversaciones con el gobierno", expresa el comunicado. Más de 80 organizaciones de derechos humanos y sociales pidieron a Sáenz Lacalle, presidente de la Conferencia Episcopal, que este organismo se pronuncie públicamente en respaldo a las recomendaciones de la CIDH y consideraron que negociar con el gobierno en torno al caso sería fortalecer la impunidad en el país. Por su parte, Tojeira, jesuita y rector de la Universidad Centroamericana (UCA) expresó, en una columna semanal que publica en el diario Co Latino, que la ley de amnistía debe ser derogada para dar paso a la verdad, necesaria para sentar las bases de una real reconciliación nacional. El arzobispo dice que son "bienvenidas las aportaciones al diálogo", ya que éste es necesario "en una nación tan polarizada, así como el reconocimiento de las propias responsabilidades y de expiación para llegar a una verdadera reconciliación".

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