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Torrijos sanciona Ley que regula transporte y declara Día Reflexión Nacional

Agencia ACAN–EFE. Desde ciudad Panamá. | 22 de Octubre de 2007 a las 00:00
El presidente de Panamá, Martín Torrijos, sancionó el lunes la Ley que regula el transporte público y procura más seguridad para los pasajeros, y declaró el 23 de octubre como "Día de reflexión nacional" para recordar la tragedia de hace un año cuando 18 personas murieron en el incendio de un autobús. Torrijos, al estampar su firma en la nueva disposición legal, dijo que ésta incluye cambios que procuran que el servicio se brinde con la seguridad y la calidad requeridas "para asegurar el bienestar de los ciudadanos", según un comunicado oficial de la Presidencia de Panamá. La Ley, aprobada la semana pasada con reformas por la Asamblea Nacional tras ser vetada parcialmente por Torrijos, permitirá organizar el nuevo sistema de transporte, superando el viejo sistema del manejo individual de cupos y la introducción del sistema de concesiones, señaló el mandatario. Con las reformas, al territorio panameño sólo podrán entrar autobuses nuevos que cuenten con especificaciones muy claras y con todas las garantías de seguridad. "Los diablos rojos (autobuses de escolares comprados en EE.UU. y reciclados para el transporte público en Panamá) serán cosa del pasado y serán sacados del sistema paulatinamente y de una vez por todas", afirmó Torrijos. También advirtió "que con la aplicación de la nueva ley, el país logrará implementar compromisos con respecto a rutas, itinerarios, seguridad y autoridad en las carreteras". Por otra parte, Torrijos declaró el 23 de octubre como "Día de reflexión nacional", al conmemorarse el primer aniversario de la "horrible tragedia" que provocó la muerte de 18 panameños, que perecieron carbonizados en el incendio de un autobús de una ruta urbana. Un Decreto Ejecutivo ordena que la bandera nacional sea izada a media asta en los edificios públicos, nacionales y municipales, así como en los centros educativos del país. El gobierno exhortó a la comunidad nacional a meditar sobre los acontecimientos que "llenaron de luto y dolor a la familia panameña". También reconoce que el impacto de este caso "sacudió a toda la sociedad promoviendo la búsqueda de una salida justa al problema del transporte que tenga como objetivo fundamental la seguridad de todos los ciudadanos y la protección a sus vidas". El proceso por este caso penal se mantiene abierto. A la fecha solamente están detenidos el propietario y el mecánico del autobús incendiado, mientras que el juzgado primero de circuito estableció para el 13 de diciembre próximo la audiencia preliminar. Dos empresas privadas y el Estado han sido demandados civilmente por daños y perjuicios por diez millones de dólares por familiares de al menos diez de los que murieron en este accidente.

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