Escúchenos en línea

Régimen salvadoreño se niega a derogar amnistía a criminales

Agencia AFP. Desde San Salvador. | 23 de Octubre de 2007 a las 00:00
Una ley de amnistía que en 1993 perdonó las atrocidades cometidas en la guerra civil salvadoreña (1980-1992) sigue generando polémica en El Salvador, donde el Estado se resiste a derogarla como exigen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos humanitarios del país. "El Estado sigue resistiéndose a derogar la amnistía. Nosotros consideramos que la amnistía fue una decisión política inconsulta aprobada por aquellos grupos que hicieron la guerra y que no consideraron a las víctimas de los graves delitos", declaró el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuellar, a la AFP. El espinoso tema de la amnistía general salió a flote luego que representantes del Estado salvadoreño y de la iglesia católica comparecieron el 10 de octubre en Washington ante la CIDH para abordar el grado de cumplimiento de las recomendaciones que emitió sobre el caso del asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, cometido el 24 de marzo de 1980. El Estado salvadoreño había sido condenado por la CIDH por no haber investigado el caso -que conmovió a la opinión pública nacional e internacional- y recibió tres recomendaciones. En una de sus recomendaciones la CIDH exigía al Estado salvadoreño "adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la ley de Amnistía General". Otra de las recomendaciones fue "realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones establecidas en el informe, sin prejuicio de la amnistía decretada". Pero el Estado salvadoreño sustentó la misma posición que había manifestado en julio, cuando en un comunicado aseguró: "Tampoco podemos aceptar la derogatoria de la Ley de Amnistía porque esta se dio en un momento histórico y ha constituido la columna vertebral de la reconciliación nacional, la reunificación de la familia salvadoreña y el desarrollo democrático del país". Para el director del IDHUCA, el mantener la amnistía es "seguir premiando a los criminales de guerra y de graves violaciones a los derechos humanos", lo cual a su vez establece "un mal precedente de impunidad". Al referirse al polémico tema de la amnistía, el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz, aseguró que "es un tema complejo que requiere de mucha reflexión muy seria para buscar la paz". "Nuestra nación, tan polarizada, necesita diálogo, del reconocimiento de las propias responsabilidades y de expiación, para llegar a una verdadera reconciliación, meta anhelada desde el inicio del proceso de paz en Ginebra en 1980", subrayó el arzobispo por medio de un comunicado. En virtud de las recomendaciones de la CIDH en el caso del arzobispo Romero, la iglesia y el gobierno han iniciado "un diálogo", dijo. La guerra civil salvadoreña dejó más de 75.000 muertos, más de 7.000 desaparecidos y pérdidas por 1.579 millones de dólares. Pero el clamor de familiares de las víctimas de asesinatos y masacres choca con la ley de amnistía, decretada por el Congreso a petición del entonces presidente Alfredo Cristiania (1989-1994).

Descarga la aplicación

en google play en google play