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Arzobispo salvadoreño del Opus Dei despide a defensor de derechos humanos

Agencia ACAN–EFE. Desde San Salvador. | 24 de Octubre de 2007 a las 00:00
El Estado salvadoreño continúa desacatando las recomendaciones de la CIDH por el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, denunció el miércoles el abogado David Morales, quien por años llevó el caso por parte de la Iglesia Católica. Morales, quien el miércoles ofreció una rueda de prensa, fue despedido de la Oficina de Tutela Legal del arzobispado de San Salvador luego de participar el pasado 10 de octubre en una reunión de seguimiento del caso en la sede de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, EE.UU. El abogado afirmó que antes de esa audiencia el gobierno de El Salvador pidió al arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, la apertura de un diálogo sobre el caso. Sostuvo que en dos reuniones previas a la audiencia en la CIDH, como parte del inicio del dialogo, "el Estado de El Salvador manifestó a la delegación del arzobispo que pretendía continuar en situación de desacato". Según su versión, los representantes del gobierno "tajante y abiertamente dijeron que no reconocían responsabilidad, que no anularían la Ley de Amnistía (decretada en 1993) y que no investigarían el crimen de Romero", requisitos que forman parte de las recomendaciones que la instancia ha hecho al Estado sobre el asesinato del prelado. Agregó que la Comisión gubernamental "calificó de extremista" una propuesta de reparaciones que en 2006 presentó Tutela Legal en la que se pide, en concordancia con las recomendaciones de la CIDH, que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad en el crimen. Morales dijo que los representantes del gobierno "dijeron que si estas exigencias continuaban el presidente de la República (Elías Antonio Saca) estaría pensando en denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos". Según el abogado, eso significa "que si continúan este tipo de exigencias en materia de derechos humanos el Estado estaría considerando renunciar como Estado parte de la Comisión Americana sobre derechos humanos, lo cual sería gravísimo". Agregó que, lo anterior, "fue explicitado claramente por el doctor Carlos Méndez Flores", quien trabaja como abogado de la Cancillería y de la Comisión gubernamental que ve el caso. El arzobispo Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer. La Comisión de la Verdad, creada en virtud de los Acuerdos de Paz que firmaron el gobierno y la guerrilla en 1992 para terminar con la guerra civil, señaló en su informe al fundador de la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), Roberto D'Aubuisson, como autor intelectual del asesinato. El caso es ventilado en la CIDH por Tutela Legal, en representación de la Iglesia Católica salvadoreña, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en San José, Costa Rica. Morales recordó que el año 2000 la CIDH "encontró responsable al Estado de El Salvador por el asesinato de Romero en tanto un escuadrón de la muerte dirigido por Roberto D'Aubuisson perpetró el crimen y este escuadrón funcionaba bajó el amparo, bajo el cobijo y protección del Estado". Agregó que la condena también incluye "todo el proceso ulterior (al asesinato) que impuso la falta de investigación y la impunidad a favor de los responsables del magnicidio". "A partir del año 2000 el Estado de El Salvador se encuentra en un estado de incumplimiento a las recomendaciones de la CIDH", dijo el abogado. Por su parte, Sáenz Lacalle negó el pasado domingo que él personalmente realice "negociaciones" con el gobierno y que el dialogo se basa en las recomendaciones dadas por la CIDH. Sobre el despido de Morales afirmó que "esos son asuntos internos de la arquidiócesis que tienen que ver con la fidelidad de los empleados". Agregó que Morales ha mostrado "un comportamiento no tan consecuente, puesto que había firmado un documento y resulta que después no fue fiel a este documento que había firmado", sin entrar en detalles. Morales dijo hoy que su despido es una "represalia" del arzobispo por su posición en la audiencia de la CIDH donde proporcionó "información sobre el incumplimiento del Estado a las recomendaciones".

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