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15 años después, siguen buscando niños desparecidos en la guerra de El Salvador

Agencia ACAN–EFE. Desde San Salvador. | 24 de Octubre de 2007 a las 00:00
Familiares de 14 niños y niñas desaparecidos durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992) presentaron el miércoles sendas demandas de Habeas Corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se investigue su paradero. La Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro Búsqueda) informó, en un comunicado, de que la iniciativa cuenta con su apoyo y "se persigue que la Corte Suprema de Justicia determine la violación al derecho a la libertad de los desaparecidos y ordene al Estado salvadoreño esclarecer el paradero de estas personas". Pro-Búsqueda informó de que en 2002 presentó un recurso de Habeas Corpus en el caso de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, desaparecidas durante la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 en el departamento oriental de Morazán. Según organismos humanitarios, en El Mozote y caseríos aledaños fueron asesinadas un millar de personas, la mayoría mujeres, ancianos y niños, por miembros del ejército salvadoreño. Pro Búsqueda dijo que en 2002 "por primera vez en el país, la Corte Suprema de Justicia reconoció la figura del Habeas Corpus como un mecanismo jurídico aplicable a la desaparición forzada de personas". Agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sentencia que emitió por el caso de las hermanas Serrano Cruz, en 2005, señaló al Estado que el Habeas Corpus "es el mecanismo idóneo para determinar el paradero de personas desaparecidas". Según Pro Búsqueda, la CIDH señaló que "la legislación salvadoreña otorga amplias facultades al Juez Ejecutor para realizar la investigación sobre el paradero, recomendando que las diligencias practicadas no deben estar de antemano condenadas al fracaso, por lo que debía ser eficaz en los procesos de Habeas Corpus". Las demandas presentadas hoy son a favor de los hermanos José Orlando, Carla Catalina, José Mauricio y Germán Rutilio Zamora Tobar, de 3, 9, 8 y 5 años, respectivamente, quienes desaparecieron el 2 de junio de 1982 en la llamada "Guinda de Mayo", ocurrida en población de Nueva Trinidad, Chalatenango, en el norte del país. El nombre del suceso se debe a la huida de centenares de familias campesinas de una operación de fuerzas combinadas del ejército y batallones de contrainsurgencia en la zona. En esa ocasión también desapareció Douglas Zamora Orellana, de 8 años, pariente de los hermanos Zamora Tobar, por quien se pidió hoy también el Habeas Corpus. También se presentó el recurso por Juana Noemi, Norma, Gladis Zulema, Vilma y José Vicente Rivas, de 10, 7, 6, 8 y 11 años, respectivamente, desaparecidos el 14 de agosto de 1982, durante la operación "Teniente Azenón Palma", de la Fuerza Armada, en Tecoluca, departamento de San Vicente. Asimismo, por las hermanos Vilma y Sofía García Cruz, de 6 y 11 años, respectivamente, desaparecida el 4 de junio de 1981 durante la "Masacre Hacienda Peñas" en Tecoluca, San Vicente. María de los Ángeles Mejía Ortega, desaparecida el 4 de noviembre de 1983 a los 9 años de edad durante la "Masacre de Copapayo", en Suchitoto, y Edwin Rosales Sibrián, desaparecido el 14 de mayo de 1980, a los 7 meses de edad, en la masacre del río El Sumpul, en Chalatenango, también fueron incluidos en las demandas. Pro Búsqueda informó de que durante el conflicto armado en El Salvador más de 8.000 personas fueron desaparecidas y que hasta la fecha la institución ha registrado los casos de 790 niñas y niños. Señala que de los niños desaparecidos, el 65 por ciento eran menores de 7 años.

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