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Derecha salvadoreña desafía a Europa: Corte declara inconstitucional convenio de la OIT

Varias agencias. Desde San Salvador. | 30 de Octubre de 2007 a las 00:00
La justicia salvadoreña declaró que un convenio de la OIT ratificado por el país que permite la libre sindicalización de empleados sin distinción –exigido por la UE para mantener beneficios comerciales– es inaplicable por vulnerar la Constitución. El convenio 87 de la OIT "es inconstitucional porque extiende el derecho a la libertad sindical hacia los empleados públicos, quienes no están comprendidos" en ese derecho, señaló la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una resolución que emitió su Sala de lo Constitucional. La vicepresidenta de El Salvador, Ana Vilma de Escobar, dijo el martes que "vamos a ver ahora cuáles son las disposiciones que puede considerar la Unión Europea después de esta resolución". La funcionaria recordó que "nosotros como gobierno teníamos la obligación de ratificar estos convenios para poder continuar gozando de las preferencias del SGP". El año pasado el gobierno decidió ratificar los convenios 87 y 98, así como del 135 y 151 de la OIT presionado por la disposición de la Unión Europea que los exigía para seguir brindando beneficios arancelarios con el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-Plus), que entró en vigor el 1 de enero de 2007. En agosto de 2006 el Congreso salvadoreño ratificó cuatro convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El convenio 87 se refiere a la libertad sindical y al derecho de los empleados sin distinción alguna a constituir las organizaciones que estimen convenientes y el otro, ratifica el derecho de los trabajadores al contrato colectivo. La CSJ añadió en su resolución que "la ley fundamental sí distingue entre los titulares de tal derecho" y entre ellos "no se encuentran los empleados públicos". La Corte Suprema de Justicia recordó que el derecho a conformar sindicatos es reconocido en la Constitución únicamente a los empleados privados y a los trabajadores de instituciones estatales autónomas, y no se extiende a todo el sector público como pretende el convenio de la OIT. "Es improcedente que exista un derecho a huelga para estos trabajadores" porque "ello implicaría que la función estatal se vería afectada cada vez que los servidores públicos decidan ir a la huelga", añadió la resolución judicial. La Corte emitió su resolución en atención a dos recursos de inconstitucionalidad presentados de manera "privada" por los ciudadanos Rafael Antonio Muñoz y Gustavo Adolfo Torres. Por su parte, el diputado Salvador Arias, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dijo que "la realidad es que quitarle la libertad de organizarse a cualquier trabajador es violar un derecho que tiene ya carácter universal". Agregó que "yo no conozco la resolución de la Corte, la quiero leer, pero como principio de derechos humanos laborales y económicos de las personas todos tenemos derecho a organizarnos".

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