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Sindicatos de Costa Rica reiteran al gobierno su oposición al plan fiscal

San José. Agencia PL | 9 de Junio de 2018 a las 11:03

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) y la Unidad Sindical Nacional reiteraron este sábado al gobierno de Costa Rica su oposición a las medidas unilaterales en materia de empleo público y derogatoria de derechos.

Durante un encuentro entre los líderes obreros y representantes del gobierno, Bussco y Unidad Sindical 'reprocharon el desinterés del presidente, Carlos Alvarado, a un verdadero diálogo social, como lo prometiera en su campaña' y por ende convocaron a sus bases y organizaciones para el próximo día 15 decidir la respuesta sindical.

En un comunicado de prensa, ambas agrupaciones indicaron que pese a la intención del gobierno a la 'apertura al diálogo' y no querer dañar el poder adquisitivo de los trabajadores, sus acciones y acuerdos en materia fiscal y empleo público no los respaldan.

'Seguimos con nuestra posición de rechazo a las medidas fiscales y de empleo público y lamentamos la forma en que el gobierno está interpretando el diálogo, mismo que por nuestra parte no se considera hasta hoy', apunta el texto sindical.

Ante este punto muerto, e inflexible por parte del gobierno, se ha resuelto consultar a las bases las acciones a seguir en las próximas semanas, refiere y agrega que Bussco convocó a un gran encuentro con todas sus bases y organizaciones.

Por su parte, en otro comunicado de prensa, el gobierno asegura que mantiene puertas abiertas al diálogo con todos los sectores y propuso una nueva reunión con los líderes obreros para el próximo día 22, a lo que los dirigentes sindicales respondieron que se tomarán un tiempo para analizar si aceptan o no esa invitación.

Desde que llegó a la corriente legislativa el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública, más conocido como plan fiscal, el Movimiento Sindical Costarricense -integrado por casi todas las agrupaciones obreras del país- expresó su absoluto rechazo y solicitó la apertura de una mesa de diálogo social.

El plan fiscal del Ejecutivo incluye medidas como gravar los productos de la canasta básica, hasta hoy exonerados, así como otros impuestos que los sindicatos consideran lesivos a la clase trabajadora y los sectores más vulnerables del país.

Desde entonces, el Movimiento Sindical adelantó que si el gobierno no retiraba esa iniciativa de la Asamblea Legislativa iniciarían acciones de protesta, entre las cuales no excluyeron la huelga general por tiempo indefinido.

En su defensa, el Ejecutivo alega la necesidad de reducir el elevado déficit fiscal del gobierno -cerró 2017 en 6,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)- y que para solucionarlo toda la sociedad tenía que hacer sacrificios.

A ello, los sindicatos ripostaron que el plan fiscal obvia medidas para obligar a pagar a los grandes evasores del país, cuyo monto -según sus cálculos- asciende al ocho por ciento del PIB.


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