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Protestas ponen en jaque al gobierno del Presidente Hernández

Tegucigalpa. Prensa Latina | 5 de Junio de 2019 a las 14:06

Las movilizaciones contra la posible privatización de la salud y la educación en Honduras empezó a poner límites al gobierno de Juan Orlando Hernández, considerado por parte de la ciudadanía abusivo y autoritario, refirieron este miércoles estudiosos.

De acuerdo con Eugenio Sosa, analista político senior del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), nuevos desafíos en la lucha popular contra la privatización suponen la derogación de los decretos ejecutivos en los sectores sanitario y educativo.

Tras un mes de protestas en todo el territorio nacional, y sobre todo, de las movilizaciones disruptivas, combativas y beligerantes de los días 30 y 31 de mayo de 2019, el Gobierno se vio obligado a derogar los decretos ejecutivos (PCM) el 2 de junio, que fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta el 3 de junio, recordó el especialista.

Sin embargo, en opinión de Sosa, el mandatario busca demostrar que las derogaciones son producto del diálogo y de un pacto con la dirigencia magisterial, cuestionada por sus bases luego de la publicación de casos de corrupción en el Ministerio Público.

Así, el analista precisó que esa dirigencia, más cercana al gobierno que a sus bases, firmó el pacto a espaldas del liderazgo genuino de la Plataforma de Lucha en Defensa de la Salud y la Educación Pública, liderada por Suyapa Figueroa.

No obstante, para Sosa no se puede desconocer que la derogación de los decretos ejecutivos (PCM) constituye una victoria muy importante para la los gremios de la salud y la educación, y para la lucha popular en general.

Los maestros, médicos y trabajadores de la salud tenían 10 años de estar sometidos a las políticas de precarización y amenaza de sus conquistas laborales, apuntó.

Hasta hace algunos días era inimaginable que estos gremios de la salud y la educación podrían irrumpir con capacidad de movilización y hacer retroceder algunas políticas gubernamentales.

La Plataforma acepta y reconoce la derogación, pero para ir al diálogo propusieron algunos requisitos.

Entre esas condiciones está precisar quién será el convocante, cuál es la agenda del gobierno, que se investiguen las muertes de quienes han participado en las protestas, así como realizar el diálogo de salud y educación en una sola mesa, no por separado.

Asimismo, solicitan saber cuáles serán las secretarías de Estado, instituciones públicas, padres y madres de familia, cooperantes internacionales y sectores de la sociedad, que participarían en el diálogo.

¿Cuál será el lugar donde se instalará la mesa nacional de salud y educación? y cuáles van a ser las garantías para una participación efectiva que permita a la Plataforma el logro en el corto y mediano plazo, del fortalecimiento del sistema nacional de salud y educación?, es la otra interrogante planteada.

Sosa resaltó el hecho de que la Plataforma demande establecer condiciones o requisitos para el diálogo, no sólo es correcto, sino que fundamental.

Un diálogo democrático y horizontal debe tener las reglas del juego claras; los actores del diálogo deben ser relevantes y legítimos porque han estado como protagonistas centrales del conflicto, deber haber claridad de la agenda del diálogo y la misma debe ser compartida y aceptada por todos los actores participantes, agregó.

Además, debe estar claramente definida y consensuada la metodología; los coordinadores, facilitadores o mediadores, también deben ser seleccionados por consenso, concluyó el experto.


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