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Gobierno de Costa Rica declara moratoria de trámites para activar economía

San José. Prensa Latina | 19 de Junio de 2019 a las 18:58

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó este miércoles una directriz que evita la creación de nuevos trámites y reduce requisitos y procedimientos para la obtención de permisos, licencias o autorizaciones, que regirá hasta mayo de 2022.

'Hoy estamos anunciando que no se crearán más trámites. Una moratoria (hasta 2022) para la tramitología en Costa Rica. Creemos que es suficiente la tramitología que hay. El esfuerzo tiene que ser a simplificar y reducir trámites, y a no crear trámites nuevos', apuntó Alvarado en la actividad, efectuada en Casa Presidencial.

Asimismo, el mandatario añadió que firmó otro decreto que agiliza los trámites ante las entidades públicas mediante la declaración jurada. Ambas medidas buscan mejorar la eficiencia del Estado en beneficio de la ciudadanía, el sector empresarial y el público.

Por su parte, la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, señaló que estos mecanismos forman parte de las acciones definidas para generar condiciones que fomenten la producción y persigue ordenar la actividad de las entidades públicas, y aclaró que la directriz no constituye una eliminación o suspensión de los trámites vigentes.

Precisó que las únicas excepciones se darán cuando el trámite a instaurar se deba a un mandato legal; a una emergencia nacional así declarada; responda a razones ambientales, de salud pública o de interés público (con aval de la Presidencia de la República) o bien, si se demuestra que el beneficio de dicha regulación es mayor al de su inexistencia.

Tras indicar que Costa Rica tiene tres categorías de empresas: riesgo alto, mediano y bajo, Hernández explicó que el objetivo es conseguir que las de riesgo bajo abran en un días, y las de alto aspiran a que lo hagan en siete días. Por tanto, subrayó que este decreto intenta agilizar la resolución de gestiones de los ciudadanos y empresas, además, el cumplimiento efectivo de los tiempos de respuesta institucional.

En cuanto a la declaración jurada, la ministra dijo que el uso de este mecanismo no constituye una renuncia a las facultades del Estado para dar autorizaciones, licencias o permisos, al contrario -añadió- busca reforzar los mecanismos de vigilancia y verificación posterior.

Esta medida, sostuvo, pretende mejorar las condiciones para que las empresas obtengan sus permisos e inicien operaciones y no se les castigue con tiempos extensos de espera.

Destacó que la directriz y el decreto 'son señales contundentes de nuestro compromiso de generar mejores condiciones para la operación de nuevas empresas'.

Resulta necesario frenar la creación de más trámites y priorizar nuestras acciones en eliminar procesos innecesarios, implementar estudios de impacto de las regulaciones vigentes, fortalecer los instrumentos de verificación posterior y propiciar que nuestras instituciones innoven para hacer la vida del usuario más fácil, consideró Hernández.


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