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El Salvador relanza ofensiva contra el crimen y la inseguridad

San Salvador. Prensa Latina. | 30 de Junio de 2019 a las 18:01
El Salvador relanza ofensiva contra el crimen y la inseguridad

El Proyecto Control Territorial, la propuesta del presidente Nayib Bukele para reducir los índices de criminalidad en El Salvador, despierta esperanza y escepticismo por igual en esta nación estigmatizada por la violencia.

Tras su anuncio e implementación, la estrategia de la nueva administración aspira a arrebatarle a las pandillas un control territorial conseguido a sangre y fuego, y para ello apelan a fórmulas que no son precisamente nuevas.

De hecho, muchos critican que esta política -mejor vendida en los medios, eso sí- se limita a reciclar lineamientos del Plan El Salvador Seguro, desarrollado por el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).

Una fuente cercana al Ejecutivo, que habló con Prensa Latina bajo condición de anonimato, señaló que el plan anterior era más integral, más completo y tenía mayor alcance, amén de contar con un consenso político y social.

'Si la acción es limitada, también lo serán sus resultados', afirmó la fuente, quien recordó que el núcleo del 'nuevo' plan (cortar las comunicaciones desde las cárceles y el financiamiento de las pandillas) fue concebida por el gobierno anterior.

Para el diputado opositor Carlos Ruíz (FMLN), la propuesta de Bukele es elogiada porque la hace la derecha, pues cuando la izquierda la elaboró todo era 'puro desplante'.

'No vemos un plan, si no acciones dispersas para ganarle la mente a la gente con los medios', cuestionó el también conocido como El Dialito en entrevista con Radio Maya Visión.

El legislador del partido salvadoreño de izquierda advirtió que ganarle la partida demanda más que represión, y precisa involucrar a la sociedad con iniciativas como el desaparecido Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Pública.

La actual administración replicó que el Ejecutivo anterior no hizo cumplir sus disposiciones, las cárceles seguían con señal telefónica y los cabecillas mandaban más dentro que fuera.

Bukele citó supuestos reportes de inteligencia, según los cuales el 80 por ciento de las órdenes de homicidio aún salían de la red penitenciaria, incluso por mensajes de audio y texto.

Al respecto, el jefe de Estado dio un ultimátum de 72 horas a las compañías telefónicas para bloquear las comunicaciones en los 28 centros penales del país, o tendrían que pagar una multa de un millón de dólares, como establece la Ley de Extorsión.

A la vez, la Fuerza Armada se unió a la Policía Nacional Civil en los operativos contra las pandillas, algo ya hecho en 2016, cuando entraron en vigor unas medidas extraordinarias de seguridad que propiciaron una reducción en el índice de homicidios.

El propósito es controlar los territorios donde las pandillas cobran extorsión, como el Centro Histórico de San Salvador, y los mercados de los municipios Mejicanos, Soyapango, San Miguel, Santa Ana, Apopa y Santa Tecla.

Bukele entregó la dirección general de Centros Penales a Osiris Luna, diputado para quien creó un cargo especial de viceministro de Justicia y Seguridad Pública.

El endurecimiento de las condiciones de los criminales incluyó la reubicación de más de dos mil reclusos, y la erradicación del efectivo para comprar en las tiendas de las cárceles.

El Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa (Parlamento) de El Salvador reasignar 15 millones de dólares del presupuesto para reforzar la alimentación de los efectivos policiales y militares movilizados en la primera fase de este plan.

Por lo pronto, a un mes de tomar posesión, el gobierno de Bukele registra más de tres mil capturas de personas vinculadas a diferentes delitos, incluidos 242 presuntos homicidas.

Según estadísticas policiales, 523 detenciones respondieron a órdenes administrativas, mil 938 fueron en flagrancia y 140 de menores de edad por estar involucrados en ilícitos.

El actual ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, aseguró en una reciente cumbre del Triángulo Norte que los cambios son notorios, con un ataque frontal al crimen. La percepción popular del nuevo plan de seguridad es positiva, pero lo más complicado será conseguir resultados a largo plazo en un problema con sólidas raíces culturales y socioeconómicas.

Por lo pronto, el presidente Bukele pide confianza en un tema que pesará mucho en el voto para las legislativas y municipales de 2021, y que además podría definir un legado aún por escribir.


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