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Nuevos impuestos llevan a los ticos a las calles

San José. Prensa Latina | 2 de Julio de 2019 a las 09:33

Por segunda vez en 13 meses de gobierno, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, enfrenta una segunda gran protesta de sus ciudadanos, en esta ocasión por la entrada en vigor de nuevos impuestos, aunque el origen es el mismo.

El hecho es que la aprobación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que va desde uno por ciento a todos los artículos de la canasta básica -pospuesta su vigencia hasta julio de 2020- hasta 13 por ciento a todos los servicios y algunos productos sacados de la cesta mensual, al considerar que no son prioritarios para los ticos de menos ingresos. Estos impuestos son parte del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, más conocido como Plan Fiscal y llamado Combo Fiscal por los sindicatos, el cual motivó la huelga general más larga de la historia de Costa Rica, cuando los afiliados a varias organizaciones obreras estuvieron casi 90 días en las calles.

Sin embargo, la protesta social no logró impedir que los diputados aprobaran el Plan Fiscal a inicios de diciembre pasado, pocos días después ratificado por el presidente de Costa Rica y publicado en el Diario Oficial La Gaceta para convertirse en ley, cuyo primer resultado fue la exoneración de la deuda a los grandes morosos del país.

Desde inicios de junio, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), uno de los sindicatos del sector educativo, con gran destaque en la lucha contra el Combo Fiscal, inició una huelga intermitente contra los nuevos impuestos y otros proyectos de ley que considera lesivos a la clase trabajadora, como los que pretenden criminalizar las huelgas, y los del Empleo Público y Educación Dual.

En la última semana de junio se sumaron pescadores, estudiantes y traileros (transportistas de carga pesada). Los primeros con el reclamo que reingresaran el pescado -base de su sustento- en la canasta básica, pues con 13 por ciento de impuesto sería muy difícil que las grandes mayorías puedan adquirirlos.

Para conversar con el presidente tico sobre esta demanda, una representación de los pescadores acudió a la Casa Presidencial el 25 de junio y tras varias horas de espera irrumpieron en el recinto, enojados después de informárseles que Alvarado no los recibiría y enviaría a funcionarios de segunda línea para atenderlos.

Dos días después se sumaron los estudiantes, en un principio sin una idea clara los ticos de los verdaderos motivos y quienes pudieran estar detrás de ellos para que se lanzaran a las calles, bloquearan carreteras y exigieran la salida del ministro de Educación Pública, Édgar Mora, como requisito obligatorio para deponer su protesta.

En un comienzo los estudiantes protestaban -según medios de prensa locales- contra la instauración de baños neutros en sus escuelas, el cambio de las pruebas de Estado y la compra de drones, pero estimaron que esas no eran la prioridades de los centros de enseñanza de Costa Rica, y sí la infraestructura de los mismos.

Ese mismo día, los traileros también decidieron iniciar su protesta y con tortuguismo -disminuir la velocidad en las carreteras para provocar trancones- y bloqueos, demandan además de la retirada de la Asamblea Legislativa de los proyectos de ley mencionados, una moratoria de 18 meses en la vigencia del IVA.

Aunque apurado por las circunstancias y en un afán por evitar el incremento de las protestas, con la incorporación de otros sectores, el gobierno respaldó la decisión del Ministerio de Hacienda de postergar tres meses la aplicación de las sanciones para quienes violen las disposiciones sobre los nuevos impuestos contenidas en la Ley.

Si en un momento el mandatario tico rehusó reunirse con los representantes de los manifestantes, el 29 de junio cambió esa postura e inició el día recibiendo a los líderes estudiantiles de algunos liceos -en total más de 200 en todo el país se sumaron a la protesta- para, según reveló, conocer las demandas de los educandos.

En conferencia de prensa, los estudiantes agradecieron a Alvarado haberlos recibido y escuchado sus demandas que incluyen el rechazo a los nuevos impuestos y a las iniciativas de ley contra las huelgas y Educación Dual (estudio-trabajo).

Asimismo, Alvarado recibió a los representantes del Sindicato Nacional de Traileros-Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, quienes al concluir el diálogo expresaron que salían contentos, pero no satisfechos y adelantaron que le dieron 15 días al gobierno para cumplir sus peticiones, en primer lugar la renuncia de Mora.

El líder de ese sindicato, Marcos Murcia, señaló a la prensa que decidieron respaldar el clamor de los estudiantes, porque la mayoría de ellos son padres de familia.

Pero los afiliados a la Unión Nacional de Transportistas de Costa Rica de San Carlos, Pérez Zeledón y Limón, continuaron los bloqueos el último fin de semana de junio y un equipo del gobierno acudió a Limón para intentar que depusieran la protesta, pero solo lograron convencerlos de acudir el 30 de junio a un encuentro con el presidente Alvarado.

Como primer requisito para iniciar las negociaciones, estos transportistas colocaron la renuncia del ministro de Educación Pública y ante la solicitud del mandatario de que le dieran un tiempo para analizar la demanda, los traileros abandonaron la mesa de diálogo y dieron tres días al gobierno para cumplir esa demanda, al tiempo que anunciaron la continuación de su protesta.

Con este panorama entran en vigor los nuevos impuestos y todo lo que esto conlleva, algo que alertaron los manifestantes el año pasado cuando todavía era un proyecto de ley, pero la mayoría de los ticos fueron convencidos por el gobierno y medios de prensa afines de que la iniciativa era lo mejor para el país, si no vendría el caos por la falta de recursos para disminuir el elevado déficit fiscal.

Siete meses después de aprobada esa norma y casi 10 meses de la huelga general de 2018 contra el Combo Fiscal, todo hace indicar que la mayoría de la población entiende ahora que esos nuevos impuestos afectarán seriamente a las capas menos favorecidas y aumentará la desigualdad social en Costa Rica.

Y si le sumamos que los partidos opositores están tratando de pescar en aguas revueltas para beneficio propio, es decir, las elecciones municipales del próximo año, pero con la mira en las generales de 2022, entonces es muy posible que lejos de acabar, las protestas se incrementen aún más en esta nación, otrora llamada la Suiza de Centroamérica.


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