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Hondureños se mantienen en pie de lucha

Tegucigalpa. Agencias | 30 de Julio de 2019 a las 10:31

El Frente Antiimperialista Internacionalista ha considerado necesario elaborar y hacer pública una reflexión sobre la crítica situación en la que se encuentra Honduras, que en primer lugar es necesario describir brevemente, puesto que se trata de una realidad silenciada por los medios e ignorada por gobiernos e instituciones que sin embargo se declaran preocupados por las “violaciones de derechos humanos” en otros países latinoamericanos.

En los últimos meses, Honduras ha sido el escenario de masivas protestas ciudadanas en contra de dos decretos aprobados por el Congreso a finales de abril y encaminados, en la práctica, a la privatización de la sanidad y la educación. La reacción del gobierno de Juan Orlando Hernández ante estas protestas ha sido netamente represiva. Sin embargo, la violencia empleada contra los manifestantes no solamente no ha puesto fin a las movilizaciones sino que ha terminado llevando a una parte importante de los miembros de la Policía Nacional a sumarse a las huelgas y manifestaciones. El gobierno de Orlando no ha dudado entonces en recurrir a las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas, habiéndose producido al menos dos muertes. En esta coyuntura se produce, además, el despliegue en Honduras de tropas norteamericanas, concretamente de 300 efectivos de la Fuerza de Tarea Aeroterrestre de Infantería de Marina de Propósito Especial del Comando Sur.

El apagón informativo del que es objeto esta situación resulta si cabe más vergonzoso cuando consideramos estos últimos acontecimientos en su contexto. La situación socioeconómica está considerada como catastrófica por los organismos internacionales (Banco Mundial, UNICEF, PNUD…), y hay razones para considerar que se trata del país más pobre de América Latina: la pobreza alcanza al 67,4% de la población, y el 42% de hogares y el 76% de la población indígena se encuentran en situación de pobreza extrema. El 30% de la población padece desnutrición crónica, el 18% no tiene acceso a los servicios básicos y el 32% no dispone de saneamientos. Sólo el 29% de los niños y niñas termina la escuela primaria y el 13% de niños y niñas entre 5 y 14 años trabaja. Como colofón, Honduras registra la tasa más alta de homicidios del mundo (56,52 homicidios por 100.000 habitantes).

A estas condiciones se añade que Honduras se encuentra de facto en un estado de excepción constitucional desde hace diez años. El 28 de junio de 2009 se produjo un golpe de Estado militar contra el legítimo Presidente hondureño, Manuel Zelaya, que comenzaba a dar impulso a varias reformas político-económicas de calado y a sumar a Honduras al proceso bolivariano. El golpe acaba con el mandato de Zelaya y conduce al nombramiento como presidente de facto a Roberto Micheletti, que no es reconocido por ningún gobierno del mundo. En 2010, en unas elecciones sin garantías, es nombrado presidente Porfirio Lobo, quien es reconocido al día siguiente por EE.UU. y Canadá.

De nuevo tras una serie de maniobras de dudosa legalidad que continuaron impidiendo a Zelaya concurrir como candidato, fue declarado vencedor de las elecciones en 2013 el que todavía sigue siendo Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Si bien ya en aquella ocasión hubo quienes afirmaron que las elecciones habían sido manipuladas, el verdadero despropósito fue su reelección, completamente fraudulenta, en 2017. Incluso la Secretaría General de la OEA señaló una larga serie de graves irregularidades y negó la más mínima fiabilidad al resultado; el Secretario General de la Organización llamó a la repetición de las elecciones.

Honduras es un país devastado no solo por la pobreza sino también por la violencia ejercida por una oligarquía que recurre con total impunidad a la Policía (que en parte está militarizada), al Ejército e incluso a sicarios, como pone de manifiesto y se trata solo del caso con mayor repercusión internacional, el asesinato de la activista Berta Cáceres. En los últimos años el gobierno hondureño ha dedicado el 5,82% de su PIB a defensa, lo cual evidencia la absoluta despreocupación por la terrible situación en la que vive la inmensa mayoría del país, y desde la reelección fraudulenta de Juan Orlando Hernández la situación ha continuado deteriorándose en el último año, produciéndose emigraciones masivas cuyas remesas representan el 21% del PIB del país.

Honduras es considerado actualmente como un país en que todo es posible, pero no pasa nada. La corrupción en el Ejército, la Policía, la administración y la política es estructural, crónica y masiva (existe un 90% de impunidad en los crímenes). La dependencia geoestratégica y económica impide cualquier política dirigida a la independencia y la soberanía nacional. Una parte importante del país está controlada por las maras y el narcotráfico.

La comparación superficial de los casos de Honduras y Venezuela y de la respuesta proporcionada por la autodenominada “comunidad internacional” en cada caso, hace evidente el doble rasero de nuestros gobiernos y de las organizaciones internacionales. Mientras las injerencias en el caso de Venezuela son permanentes y se justifican distorsionando y desfigurando la realidad del país, la “comunidad internacional” no reacciona de ningún modo ante la situación trágica en la que se encuentran los hondureños, y si toma alguna iniciativa, lo hace de modo que la perpetúa y agrava.

El Estado español no ha sido ajeno a este proceso. Desde el 2014 mantiene un proyecto de cooperación, denominado “Gobernabilidad democrática y estado de derecho”, cuyo fin es ayudar a crear un Código Procesal que la oposición y los indígenas consideran que está dirigido a criminalizar las protestas sociales y a legitimar el actual sistema judicial hondureño. A ello se suma que tras el fraude electoral de 2017 la Embajada española intervino a favor del reconocimiento de José Orlando Hernández.

El gobierno español se conduce, pues, con una hipocresía vergonzosa. Por un lado, expresa su preocupación por las supuestas violaciones de derechos humanos en Venezuela; además acoge, haciendo un uso impropio del estatus jurídico de refugiado, a una oligarquía que conspira, desde Madrid, para derrocar a Maduro; y para colmo da cobijo en la Embajada en Caracas al prófugo Leopoldo López. Por otro, sin embargo, guarda silencio e incluso coopera activamente con un gobierno carente de cualquier legitimidad democrática, obviando la situación terrible que se vive en Honduras y evidenciando que, en este caso, no le preocupan los derechos humanos, ni las elecciones libres, ni la pobreza.

La comparación entre los casos de Honduras y Venezuela no es arbitraria: el despliegue de 300 marines en Honduras precisamente cuando el gobierno usurpador de Juan Orlando Hernández se tambalea bajo la presión popular evidencia que estos acontecimientos se insertan en un contexto geopolítico de dimensiones como mínimo continentales:

Históricamente, EE.UU. ha intervenido en 64 ocasiones en 20 estados de América Latina. Estas intervenciones van desde la apropiación militar de grandes extensiones territoriales (México, 1846) a promover golpes de estado (Chile, 1973), pasando por la ocupación de países durante décadas (Cuba 1906, Nicaragua, 1912). 36 de estas 64 intervenciones han sido abiertamente militares.

En lo que se refiere concretamente a Honduras, EE.UU. invadió este país en 1924. En 1981 la ocupa de nuevo militarmente para formar y apoyar a la contra nicaragüense. En 1984 refuerza su presencia en apoyo a la contra. Actualmente EE.UU. tiene 13 bases militares en territorio hondureño.

El golpe contra Zelaya y su posterior inhabilitación para concurrir de nuevo a las elecciones, constituyó el primer eslabón de una cadena de maniobras desestabilizadoras (desde la retorsión de la arquitectura constitucional a los juicios-farsa) cuyo objetivo era y sigue siendo, poner fin a los gobiernos bolivarianos de Uruguay, Brasil, Ecuador, Argentina y Venezuela. Las masivas protestas del pueblo hondureño, igual que las movilizaciones en Argentina, Brasil o Ecuador, constituyen focos de resistencia inesperados con los que los intentos de restauración en América Latina del viejo orden bajo batuta de Washington no contaban. Esas movilizaciones populares justifican que alberguemos la esperanza de que será imposible revertir por completo el ciclo histórico abierto a finales de los 90 para toda América Latina.

Por otra parte, la atención prestada por Washington a la situación en Honduras no se puede explicar sin tener en cuenta la existencia en este país de trece bases militares que sin duda pueden formar parte del plan de hostigamiento contra Venezuela, reafirmado todavía durante la presidencia de Barack Obama e intensificado bajo el gobierno de Donald Trump. A los intereses geoestratégicos de EE.UU. se añaden, además, los intereses económicos de Canadá, que controla las industrias extractivas del país y las gestiona de modo especialmente dañino para las comunidades indígenas.

Honduras es un caso en el que fracasan sistemáticamente los procedimientos habituales para su control y sometimiento: golpes de estado, elecciones fraudulentas, asesinatos selectivos, … Esa es la razón por la que EE.UU. ha decidido enviar tropas que colaboren activamente en la represión de toda forma de resistencia que intente cambiar la situación actual.

El Frente Antiimperialista Internacionalista, por tanto, condena una vez más la injerencia norteamericana en Latinoamérica en general y en Honduras en particular y repudia asimismo la complicidad sumisa y el silencio hipócrita de los gobiernos de España y de Europa.

El Frente Antiimperialista Internacionalista, por último, expresa su apoyo a las movilizaciones sociales del pueblo hondureño y alberga la esperanza de que al fin, diez años después, se ponga fin a la situación de usurpación que comenzó con el golpe contra Zelaya y que persiste desde entonces


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