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Reconocen afectación de hidroeléctrica a guatemaltecos

Ciudad Guatemala. PL. | 5 de Agosto de 2009 a las 00:00
Por primera vez en 30 años las comunidades guatemaltecas afectadas por la construcción de una hidroeléctrica cuentan con el reconocimiento oficial de haber sufrido la expropiación de sus tierras y violados sus derechos humanos. El gobierno de Álvaro Colom dejó plasmada esa aceptación y se comprometió a buscar los mecanismos para resarcir a quienes resultaron perjudicados con la edificación de la planta Chixoy, en el norteño departamento de Alta Verapaz. Una agrupación integrada por 33 comunidades afectadas llevaba tres décadas en busca de una solución, hasta que la víspera Colom asumió públicamente ese compromiso en nombre del Estado. El 18 de septiembre de 2006 se firmó un acuerdo político marco para cumplir con las bases de la negociación en favor de la identificación, verificación y reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el embalse y la represa del río Chixoy. Sin embargo, en el camino surgieron diversas dificultades y retrasos por parte de las empresas consultoras y llevaron a que el 20 de noviembre de 2008 se estableciera un nuevo convenio, ya bajo la gestión de Colom. Ese significó la renovación de la voluntad política del presidente y la reorganización de la delegación del gobierno en la negociación, según fuentes participantes en ésta. Ahora, al evaluar los avances del proceso, el mandatario calificó aquella acción como paradigmática de injusticia, de violación flagrante de los derechos humanos y un hecho histórico por resolver. No obstante, advirtió que durante un período de gobierno no podrá recuperarse lo dejado de realizar por los anteriores nueve. El mandatario reiteró que se preocupará por incluir los 25 proyectos propuestos, así como una carta de confianza y de voluntad real, en un programa dentro de algunos de los ministerios para garantizar su permanente solución. "Porque es una obligación del Estado -añadió- resarcir a los afectados por este daño". Dirigentes de la organización de las comunidades destacaron la valentía y esfuerzos realizados durante 30 años para llegar a la solución de este problema y la esperanza de que en el futuro puedan contar con un plan de reparación justo por parte del Estado.

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