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Curas guatemaltecos siguen opuestos a educación sexual

Ciudad Guatemala. PL. | 16 de Noviembre de 2009 a las 00:00
La Iglesia Católica guatemalteca prosigue su labor de rechazo a una norma sobre educación sexual en las escuelas primarias y plantea su intención de denunciarla por supuesta inconstitucionalidad. El cardenal Rodolfo Quezada Toruño volvió a arremeter contra la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva. Aprobada por el Congreso en 2005, fue vetada por el entonces presidente Oscar Berger (2004-2008) cuando las autoridades eclesiásticas la impugnaron, pero a finales de octubre pasado fue publicado su reglamento y entró inmediatamente en vigencia. La reacción no se hizo esperar y el propio Quezada Toruño inició una campaña al sugerir a los padres de los alumnos la desobediencia abierta a su aplicación al argumentar que la educación sexual de niños y adolescentes no es asunto del Estado, sino de familiares. Esa norma, defendida por el actual gobierno, permitirá que desde el venidero curso escolar los estudiantes de cuarto a sexto grados conozcan aspectos como el derecho a la vida, maternidad y paternidad responsables, enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. El influyente jerarca de la Iglesia Católica aseguró ahora que planteará un recurso de inconstitucionalidad, porque el reglamento fue dictado por la administración de Alvaro Colom como cortina de humo ante la crisis e inseguridad imperantes en el país. Según el prelado, abogados de la Conferencia Episcopal elaboraron el recurso para ser introducido ante la Corte de Constitucionalidad. Tras su más reciente homilía, dijo que ese reglamento viola la libertad de cátedra y religión y el derecho de la familia a abordar el tema de la sexualidad según sus criterios. La Iglesia, de acuerdo con el cardenal, está dispuesta a discutir los términos del documento, pero sólo con sus firmantes, el jefe de Estado y el ministro de Salud y Asistencia Social, Ludwig Ovalle. Esta posición contrasta con la de varias organizaciones de la sociedad guatemalteca, las cuales se alinearon favorables a los términos de la ley y elogiaron su entrada en vigencia.

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