El Salvador instala comisión para resarcir violaciones a DDHH

El Gobierno de El Salvador instaló este viernes una comisión que se encargará de formular propuestas al presidente Mauricio Funes para la reparación moral, simbólica y material de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la guerra que enlutó a este país entre 1980 y 1992.

"El presidente se comprometió el 16 de enero a cumplir todas aquellas recomendaciones que Gobiernos anteriores no quisieron atender y una de ellas es la reparación moral y material de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la guerra", dijo a Acan-Efe el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas.

Funes anunció el pasado 16 de enero, cuando se celebraban los 18 años de la firma de los acuerdos de paz que terminaron con 12 años de guerra civil en el país, que su Administración buscará resarcir "dentro de las posibilidades" del Estado a las víctimas de violaciones a las garantías fundamentales.

"Esta comisión va a dar las propuestas al presidente de la República sobre las medidas que el Estado va a adoptar para la reparación, moral, simbólica y material a las víctimas", complementó Rivas.

La comisión está integrada por la primera dama y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, así como por los ministros de Defensa, general David Munguía Payés; de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez; de Salud, María Isabel Rodríguez, y de Hacienda, Carlos Cáceres.

Rivas indicó, sin precisar fechas, que la comisión se ha propuesto un "plazo razonable" para entregar sus recomendaciones al jefe de Estado, e indicó "se está trabajando con el compromiso de ofrecer resultados concretos".

Destacó que el Gobierno de Funes comenzó el "esfuerzo" de atender a las víctimas con el pago de las pensiones que se le adeudaban a miles de lisiados de guerra tanto de la guerrilla como del Ejército, que, precisó, significará el desembolso de unos 19 millones de dólares.

El pasado 16 de enero, Funes pidió perdón a las víctimas de la guerra civil y reconoció que organismos del Estado cometieron violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos habían reclamado que el Gobierno pidiese perdón por las víctimas del conflicto, incluidos civiles que murieron en matanzas atribuidas al Ejército, y por los asesinatos del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en 1980, y de seis jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al Estado salvadoreño por el caso del asesinato de monseñor Romero que repare todas las consecuencias de las violaciones cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización.

    

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