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Ley antipandillas salvadoreña puede ser un fracaso: analistas

San Salvador. Agencias. | 10 de Septiembre de 2010 a las 00:00
El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, sancionó una ley contra las pandillas, que busca desarticular a estos grupos responsables del 60% de los crímenes, pero esa norma de "corte represivo" podría naufragar como una anterior ley, advirtieron este viernes analistas. Funes promulgó el jueves en la noche la Ley de Proscripción de Pandillas, que establece que pandillas como la Mara 18 o la Mara Salvatrucha, las más violentas y numerosas del país, quedan proscritas y sus miembros se exponen a ser condenados a 10 años de prisión sólo por pertenecer a ellas. "No vamos a dar ningún paso atrás en la persecución de la delincuencia", dijo el mandatario izquierdista al sancionar la ley, mientras culminaban tres días de un paro de buses ordenado bajo amenazas por las pandillas, en un país sumido en la violencia y con altas cifras de homicidios: 13 al día en promedio. El analista independiente José Bertrand dijo a la AFP que "habrá que esperar" para ver qué resultados tiene esta ley que como otra dictada en 2003 bajo un gobierno de derecha, tiene "corte represivo". "Una ley de corte represivo está presente otra vez, cómo irá a funcionar no sabemos, hay que esperar, pues la situación podría agravarse con una reacción violenta de las pandillas y entonces ¿qué más se necesitará?", dijo Bertrand. Las pandillas salvadoreñas, a las que se atribuye la responsabilidad del 60% de los crímenes en el país, cuentan con unos 9.000 miembros, según estimaciones oficiales, pero se cree que la cifra podría llegar a unos 20.000. "Meter en la cárcel a los pandilleros no mejora nada", afirmó el analista y abogado Nelson Flores, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. "Ya en años anteriores se metieron a muchos pandilleros a la cárcel y al final ¿de qué sirvió?, pues no sirvió para nada, las penitenciarías están llenas" pero la violencia sigue en las calles, declaró Flores a la AFP. El Salvador cuenta con 21 cárceles, con una capacidad en conjunto de 8.000 reos, pero que en la actualidad tienen 23.000 presos. El gobierno no posee fondos para construir nuevas prisiones, ha reconocido el director de centros penales, Douglas Moreno. La ley antipandillas de 2003, dictada bajo el gobierno derechista de Francisco Flores (1999-2004), fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Permitía arrestar, sin orden judicial, a grupos de más de tres personas en las esquinas y a todos los que tenían tatuajes, aunque no fueran de símbolos de las maras. Como consecuencia del paro del transporte público, la Policía y el Ejército redoblaron la vigilancia y registro en las calles en todo el país por orden de Funes, quien durante la campaña electoral siempre había dicho que el problema de las pandillas requería iniciativas más allá de la mano dura. Los pandilleros obligaron a realizar el paro en un intento por impedir que Funes sancionara la ley antipandillas, que entrará en vigor ocho días después de que sea publicada en el Diario Oficial. A través de un sacerdote católico, líderes pandilleros propusieron un diálogo al gobierno, pero éste lo descartó de plano y prometió no dejarse amedrentar por las maras. "No vamos a dejar que intimiden a los salvadoreños, vamos a seguir con los planes de seguridad, se va a perseguir al delincuente, y esta nueva ley será una herramienta valiosa en esa lucha", declaró el ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar.

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