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Guatemala incumple acuerdo en caso de líder guerrillero

Ciudad Guatemala. Acan-efe. | 10 de Septiembre de 2010 a las 00:00
La abogada estadounidense Jennifer Harbury denunció este viernes que el Estado de Guatemala no ha cumplido con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humano que le obliga a investigar el paradero del líder guerrillero Efraín Bámaca y castigar a los culpables de su desaparición, en 1992. La abogada indicó en conferencia de prensa que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene en suspenso el caso, después de que en agosto le fuera devuelto por la Corte Constitucional (CC). Según Harbury, la Corte Suprema envió el caso a la CC para que evaluara si era constitucional la reapertura del caso conforme a lo dictado por la Corte Interamericana. Sin embargo, el Constitucional, siempre según la abogada, lo devolvió a la CSJ para que hiciera un nuevo análisis ya que la sentencia de la Corte de San José no pedía expresamente que se anulara el sobreseimiento que se dictó en el caso en 1999. Esa devolución a la CSJ constituye, dijo la letrada, "un revés alarmante en la lucha contra la impunidad en Guatemala" porque no le ha dado trámite a la investigación para dar con el paradero de Bámaca. Bámaca, conocido como el comandante "Everardo", lideró el frente Luis Ixmatá de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) -uno de los cuatro grupos guerrilleros que integró la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)- y desapareció en 1992 después de ser capturado en un enfrentamiento con el ejército. "En estos días de violencia y terror en Guatemala, no queda duda de que la lucha en contra de la impunidad es más clave que nunca porque Guatemala no puede volver a un pasado de escuadrones de la muerte y genocidio", manifestó. Harbury, acompañada de los activistas guatemaltecos Mario Minera y Aura Elena Farfán, señaló que el Estado de Guatemala debe cumplir con la resolución de la Corte Interamericana para resolver este caso. Minera dijo a los periodistas que la resolución de esta Corte ordena al Estado a "investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este y otros hechos", para que los mismos no queden en la impunidad. No obstante, apuntó, el Estado ha demostrado incapacidad para cumplir con la resolución, lo cual es "preocupante".

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