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Exigen castigar a represores de los 80 en Honduras

Agencia AP. Desde Tegucigalpa. | 21 de Enero de 2007 a las 00:00
Diputados del Partido Unificación Democrática (UD) exigieron al gobierno que castigue a las antiguas autoridades militares y civiles ligadas a la desaparición de unas 184 personas en la década de los años 80 en Honduras. Los diputados hicieron la demanda el sábado por la noche durante una ceremonia especial en que el Congreso brindó un homenaje numerosos políticos, entre ellos el ex presidente liberal Roberto Suazo Córdova (1982-1986), en cuyo mandato surgieron los escuadrones de la muerte auspiciados por las fuerzas armadas. En ese periodo presidencial, los militares causaron la mayoría de los crímenes por razones ideológicas en el país. La manifestación la encabezaron los tres diputados de la UD: Silvia Ayala, César Ham y Marvin Ponce, que ante la sorpresa de la concurrencia, ingresaron al acto en el Teatro Nacional de Tegucigalpa con grandes pancartas con leyendas contra Suazo Córdova y las fotografías de algunos de los izquierdistas desaparecidos hace 26 años. Algunos legisladores e invitados gritaron "fuera, fuera!" a los de la UD, que no se inmutaron y continuaron su protesta durante más de una hora. El presidente de la legislatura, el liberal Roberto Micheletti, conmemoró con ese acto el vigésimo quinto aniversario de la Constitución de 1982, tras entregar reconocimientos a sus antecesores y ex gobernantes hondureños. Micheletti, también aspirante presidencial para las elecciones generales de 2010, pidió disculpas a Suazo Córdova. Lamento que esto ocurra, especialmente cuando en esta fecha se logra la vigencia más prolongada de una ley fundamental en Honduras... y se cumple además el más prolongado periodo de estabilidad democrática en un ambiente de paz y respeto, indicó. En las afueras del lugar, al oeste de la capital, decenas de miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos (Cofadeh) también protestaron. La coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, dijo a la AP que con estas acciones no regresaremos la vida a nuestros deudos, pero ellos piden castigar a los que los asesinaron. La Constitución actual, la número 13 desde 1821 cuando Honduras se emancipó de España, ha sido reformada unas seis veces para abolir el servicio militar obligatorio, eliminar el cargo de jefe de las fuerzas armadas, traspasar la policía al poder civil, crear el Tribunal de Cuentas como principal órgano estatal para combatir la corrupción administrativa y eliminar la inmunidad de los 128 legisladores de cinco partidos políticos. Las anteriores leyes fundamentales tuvieron una corta vigencia debido a la inestabilidad política y las guerras intestinas surgidas en los últimos dos siglos en Honduras. Asimismo, fueron revocadas por los golpes de Estado de los militares en 1957, 1963 y 1972. La Constitución fue aprobada por una asamblea nacional constituyente en 1980, que asumió todos los poderes estatales. El gobierno culpó en diciembre de 1992 a los militares de crear el denominado Batallón 316 para matar a sus opositores de izquierda. Sin embargo, hasta ahora ningún oficial del ejército ha sido encausado y enjuiciado por tal motivo.

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