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Diputados ticos dan largas a permiso para naves de los EU

San José. EFE. | 17 de Febrero de 2011 a las 00:00
Estados Unidos urgió este jueves a Costa Rica la aprobación en el Congreso para el atraque, en puertos costarricenses, de busques de la Fuerza Naval estadounidense, en el marco de un convenio para combatir el narcotráfico. "Le pedimos a la Asamblea Legislativa que haga lo que ha hecho en los últimos diez años, que es la autorización para que los barcos de la Fuerza Naval vengan a CostaRica a abastecerse de alimentos y combustibles", afirmó la embajadora estadounidense en San José, Anne S. Andrew, en una conferencia de prensa sobre una donación de equipos al ministerio de Seguridad. La diplomática explicó que el permiso, en estudio por el Congreso desde noviembre pasado, forma parte de un convenio de patrullas conjuntas antidrogas vigente desde 1999, el cual autoriza embarcaciones estadounidenses a navegar aguas costarricenses y atracar en puertos de este país para abastecerse. La Asamblea Legislativa aprobó la llegada de embarcaciones de Guardacostas estadounidenses para el primer semestre del 2011, pero no a las de la Fuerza Naval. El diputado del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), Juan Carlos Mendoza, explicó a Efe que su facción se opone a la entrada de los barcos de la Fuerza Naval, pues "no quedan claros otros fines estratégicos militares aparte del combate al narcotráfico". Explicó que además, Costa Rica es un país pacifista, sin ejército desde 1948 y que ha declarado su neutralidad perpetua en conflictos armados internacionales por lo que "no puede participar en actividades militares". Por su parte el ministro de Seguridad, José María Tijerino, dijo a Efe que el permiso busca que las embarcaciones de la Fuerza Naval "se sumen al esfuerzo que está realizando el servicio de Guardacostas de Estados Unidos". "Esperamos que en la Asamblea Legislativa prime el sentido común y que darán la autorización que la Constitución exige", expresó el ministro. Este convenio generó una polémica a mediados del año pasado cuando los diputados discutían su renovación para el segundo semestre de 2010, pues algunas facciones de oposición lo consideran como una entrega de soberanía y una militarización de la lucha antidrogas. El Gobierno ha negado que se trate de una militarización de las labores de seguridad del país y ha defendido el convenio, pues afirma que desde su implementación en 1999 ha dado buenos resultados.

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