Seis mensajes al mundo para frenar las políticas coercitivas imperialistas New York. Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Intervención de Yvan Gil, Ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, en nombre del “Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas”, durante la 89 reunión plenaria de la Asamblea General, en relación al tema 28 del programa “Eliminación de las Medidas Económicas Coercitivas Unilaterales Extraterritoriales utilizadas como Instrumento de Coacción Política y Económica”, Nueva York, 13 de junio de 2024.

Han pasado ya casi catorce (14) años desde la última vez que la Asamblea General sostuvo un debate sobre este tema, incorporado al programa de este órgano por vez primera en el año 1996. Hace rato urgía sostener este debate, que es tan pertinente como oportuno, más aún en medio de la actual coyuntura internacional.

De allí que aprovechamos esta oportunidad, desde el inicio de nuestra intervención, para instar a esta Asamblea General a que tome las medidas necesarias para garantizar que, a la luz del creciente recurso a la promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales, este tema sea abordado de forma mucho más periódica.

Las medidas coercitivas unilaterales, incluidas aquellas impuestas como instrumentos de coacción política o económica y financiera contra cualquier país, en particular contra los países en desarrollo, son ilegales. Representan una clara violación, entre otros, de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, de las normas más básicas del derecho internacional, así como de las disposiciones, tanto de la “Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, como de la “Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados”.

Uno de los ejemplos más infames de esta fracasada política de medidas coercitivas unilaterales es el del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la República de Cuba hace ya más de sesenta (60) años.

A ese respecto, renovamos nuestra inquebrantable solidaridad con el Pueblo y el Gobierno de Cuba, al tiempo que instamos una vez más al gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin de inmediato y sin condiciones al bloqueo y a excluirla de la arbitraria y unilateral lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo.

Al margen del derecho internacional

La promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales, que es el tema de la reunión de hoy, no tienen cabida ni fundamento alguno en el marco del derecho internacional. Son, sin duda alguna, ilegales.

Resulta importante tener claro este aspecto, ya que los gobiernos de aquellas naciones que imponen estas medidas coercitivas unilaterales tratan de presentar ante el mundo una falsa narrativa, con el único propósito de confundir y engañar deliberadamente a la comunidad internacional, en su intento descarado por justificar e incluso legitimar dichas políticas ilegales.

En este contexto, cabe señalar también que, contrariamente a lo que algunos gobiernos pretenden hacer creer, las transacciones financieras o el suministro de bienes y servicios necesarios para la asistencia humanitaria y las necesidades humanas más básicas se ven, de hecho, afectados por la existencia misma de las medidas coercitivas unilaterales, incluso como consecuencia del temor a las llamadas “sanciones secundarias”.

Las exenciones humanitarias sobre las medidas coercitivas unilaterales son una mera fantasía, una ilusión que, aunque puedan existir sobre el papel, la realidad es que, en la práctica, han demostrado ser ineficaces o más bien inexistentes.

Por lo tanto, se puede fácilmente concluir que las medidas coercitivas unilaterales se constituyen claramente en crímenes de lesa humanidad y violaciones en masa de los derechos humanos, toda vez que buscan claramente privar a poblaciones enteras, entre otros, de sus propios medios de subsistencia. No podemos permitir que nos engañen o que nos convenzan de lo contrario.

Crisis sistémica de las relaciones internacionales

En la actualidad, más de treinta (30) naciones en el mundo, entre ellas muchas de nuestra agrupación, están sujetas a medidas coercitivas unilaterales que afectan directamente la vida cotidiana de más de un tercio de la humanidad.

Esta realidad, de más está decirlo, ha creado una crisis sistémica en todo el sistema de relaciones internacionales, que no sólo continúa erosionando el multilateralismo, sino que aumenta la incertidumbre, la inestabilidad, la desconfianza y las tensiones en todo el mundo. Por lo tanto, se constituyen en un problema mundial, que requiere una solución global y, de ahí, la importancia de este debate.

Y es que hoy estamos ante una nueva generación de estas medidas ilegales, que ahora son mucho más crueles y destructivas, como nunca antes. Se trata de una nueva generación de mal llamadas sanciones que utilizan el dolor y el sufrimiento de pueblos enteros para avanzar agendas intervencionistas y de desestabilización.

Hoy, el mayor obstáculo para la aplicación de los planes de desarrollo de las naciones sometidas a estos regímenes de medidas coercitivas unilaterales, son, precisamente, estas armas que buscan generar presión, explotación, dominación y sometimiento sobre naciones soberanas e independientes.

Las medidas coercitivas unilaterales, debemos decirlo claramente, colocan en peligro la vida y el bienestar de los pueblos sujetos a ellas, al tiempo que obstaculizan la cooperación internacional y limitan la capacidad de los Estados sujetos a ellas para acceder y adquirir inversiones y tecnologías extranjeras, así como los bienes y servicios necesarios para abordar diversos desafíos, incluyendo en materia medioambiental.

Competencia comercial desigual

En el contexto actual, cuando emerge un nuevo mundo multipolar, las medidas coercitivas unilaterales se han convertido también en un medio que busca fomentar una competencia injusta en los mercados. Las monedas de reserva se utilizan como armas de opresión, las propiedades soberanas se bloquean arbitrariamente o incluso se confiscan.

Como resultado de ello, cualquier país que dependa en mayor o menor medida de los mercados, la tecnología y la asistencia financiera de Occidente, y que además pueda tener reservas en jurisdicciones occidentales, está propenso a enfrentarse al riesgo de una pérdida total de sus activos.

Así las cosas, no es difícil concluir que estas medidas agresivas pretenden, entre otras cosas, estrangular al Sur Global y socavar el potencial de su desarrollo económico, con el objetivo último de eliminar a un competidor y consolidar al mundo en desarrollo como un mero vendedor de materias primas.

Y es que, en efecto, lo veamos o no, las medidas coercitivas unilaterales nos afectan a todos por igual, sea directa o indirectamente.

En las naciones sujetas a ellas, repercuten negativamente en el disfrute y la plena realización de los derechos humanos, incluidos, entre otros, el derecho al desarrollo, a la salud y a la alimentación, así como en la adquisición de bienes y servicios, la asistencia financiera y técnica, la transferencia de tecnología y la creación de capacidades.

Por su parte, a escala mundial, están agravando deliberadamente la crisis multifacética a la que se enfrenta hoy la humanidad, incluidas sus dimensiones energéticas y de seguridad alimentaria, al tiempo que cortan las cadenas de suministro y perturban los mercados.

Mientras su aplicación persista, seguirán no sólo repercutiendo negativamente en la economía mundial en su conjunto, sino también causando y prolongando el sufrimiento humano en todo el mundo. Por ello, nuestro llamado es a poner fin de forma completa e inmediata a todas estas ilegales medidas.

La coerción impide desarrollo mundial

Vale la pena preguntarse, por ejemplo:

¿Cuánto podría contribuir Zimbabue a aliviar la crisis mundial de inseguridad alimentaria, si se le levantarán las medidas coercitivas unilaterales que sobre ella pesan?

¿Cuánto podría contribuir Bielorrusia a aliviar esa misma crisis si se le permitiera comerciar libremente sus fertilizantes?

¿Cuánto podrían contribuir Irán, Rusia o Siria a aliviar la crisis energética mundial, si se levantaran las medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre ellos y pudieran entonces comerciar, sin limitaciones ni discriminaciones de ningún tipo, su petróleo y su gas?

¿No podría Venezuela impulsar la cooperación con el Caribe y otros países de su región, particularmente en el campo energético, a través de programas como PETROCARIBE, que proporcionan mecanismos ventajosos de compensación por la obtención de petróleo?

¿Cuánto podrían contribuir Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Mali, Nicaragua y todos quienes se puedan encontrar sometidos a estos regímenes ilegales a la superación de nuestros desafíos comunes, si se eliminaran las mal llamadas sanciones y todos ellos pudieran entonces desarrollar plenamente sus potencialidades productivas?

Tenemos la tarea histórica de construir juntos y hacer realidad ese nuevo y posible mundo de paz y desarrollo para todos. Esa es nuestra responsabilidad para con las generaciones presentes y futuras de las que tanto se habla hoy en día.

Ante la persistencia de las medidas coercitivas unilaterales, y conociendo de primera mano de sus nefastas consecuencias, entre otros, sobre la capacidad de llevar a cabo libremente el comercio y la inversión entre naciones independientes y soberanas, expresamos, primero que nada, nuestro compromiso con un sistema multilateral anclado en la Carta de las Naciones Unidas, así como nuestra determinación de explorar posibles vías y medios para asegurar un marco o plataforma que sea verdaderamente independiente y respetuoso del derecho internacional, que nos permita llevar a cabo transacciones financieras y pagos entre bancos alrededor del mundo.

Establecer zona segura libre de coerción

Es decir, expresamos aquí nuestra determinación para identificar formas y medios que nos permitan contrarrestar, mitigar y abordar los efectos adversos de las medidas coercitivas unilaterales, incluso mediante el posible establecimiento de una zona segura, libre de sanciones unilaterales, en la que podamos comerciar y procesar pagos, sin peligros ni impedimentos arbitrarios de carácter punitivo, con el fin de garantizar tanto el bienestar de nuestros pueblos, como el desarrollo de nuestras naciones, o mediante la definición de una hoja de ruta concreta que nos permita reducir la dependencia del comercio internacional en monedas nacionales que puedan ser propensas a ser utilizadas para implementar medidas coercitivas unilaterales o para sostener la hegemonía monetaria de un Estado sobre la economía mundial.

Del mismo modo, es importante que reconozcamos también los legítimos reclamos que, de conformidad con las normas pertinentes del derecho internacional, puedan realizar los Estados afectados, sea directa o indirectamente, por medidas coercitivas unilaterales, para lograr una debida indemnización por parte de los Estados que imponen medidas coercitivas unilaterales, ante los daños sufridos como consecuencia de la existencia, la promulgación y aplicación de tales medidas ilegales.

Permítame ahora concluir con seis mensajes:

Primero, expresando nuestro agradecimiento a todos los grupos regionales y delegaciones nacionales que participarán en el debate de hoy. Valoramos su continua solidaridad con las naciones y pueblos sometidos a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, así como su decidido apoyo a la causa global en favor del logro de un mundo libre de mal llamadas sanciones.

En segundo lugar, instamos a la Secretaría de las Naciones Unidas a que presente prontamente un informe con sus respectivas conclusiones, a partir de a la solicitud de la Asamblea General de vigilar la imposición de medidas económicas unilaterales como medio de coerción política y económica, y de estudiar el impacto negativo de tales medidas ilegales sobre los países afectados, incluyendo sobre el comercio y el desarrollo.

El papel de la Secretaría en la concienciación sobre este asunto, que tiene implicaciones globales, como hemos dicho previamente, no puede dejar de subrayarse.

En tercer lugar, instamos también a todos los miembros responsables de la comunidad internacional a impedir que se minimice o ignore esta realidad, incluso en el contexto de los procesos intergubernamentales en curso aquí en las Naciones Unidas. Si de verdad estamos comprometidos a honrar nuestra promesa de no dejar a nadie atrás, ha llegado el momento de que todos abordemos la cuestión de las medidas coercitivas unilaterales de forma integral y eficaz, en interés del bienestar de “Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas”.

Un primer paso en la dirección correcta fue, por ejemplo, la inclusión de este asunto en las conclusiones y recomendaciones recientemente acordadas por el Foro sobre la Financiación para el Desarrollo. Confiamos en que así será también en los documentos finales de la venidera Cumbre del Futuro. No podemos seguir rehuyendo al debate sobre esta cuestión, que representa incluso una amenaza de carácter existencial para millones de personas alrededor del mundo.

En cuarto lugar, hacemos un firme llamado a todos los Estados para que se abstengan de promulgar, reconocer y/o aplicar medidas coercitivas unilaterales como medio político, incluso en el contexto de relaciones bilaterales, con el propósito de, entre otros, ejercer presión o forzar la voluntad soberana de otro Estado, incluso como parte de las llamadas políticas de cambio de régimen.

En quinto lugar, hacemos un llamado a todas las organizaciones internacionales e instituciones financieras internacionales a que se abstengan de reconocer, apoyar, aplicar o cumplir de facto medidas coercitivas unilaterales.

Y, en sexto lugar, reiteramos nuestro firme compromiso de no escatimar esfuerzos para preservar, promover y defender la prevalencia y la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, para lo cual es necesario, entre otras cosas, que se levanten de manera completa, inmediata e incondicional cuanta medida coercitiva unilateral pueda existir hoy en el mundo.

Crimen contra Venezuela

Señor Presidente,

Permítame, ahora, en nuestra capacidad nacional, agregar algunos comentarios y consideraciones adicionales.

Desde al menos el año 2014, la actitud criminal del gobierno de los Estados Unidos, aliado con sectores de la dañina y corrupta oligarquía de la ultraderecha venezolana y latinoamericana, ha venido aplicando contra Venezuela uno de los programas de sanciones ilegales más agresivos y jamás visto en la historia moderna. Su propósito siempre fue el de imponer una política de “cambio de régimen” y su modelo depredador a un pueblo, que, en la construcción de su libertad e independencia, se ha negado a ceder a sus chantajes, y que está firmemente decidido a ser dueño de su destino.

Como parte de lo que denominaron una campaña de “máxima presión” contra nuestro país, se ha aprobado todo un entramado de mentiras y falsedades jurídicas y financieras para agredir a nuestro pueblo: leyes criminales, órdenes ejecutivas nefastas, listados de entidades y personas sancionadas, y un reglamento específico confeccionado contra nuestro país.

Todas estas acciones conforman esa estructura criminal que pretende legitimar y justificar una política ilegal y espuria, de aplicación extraterritorial, que lo que esconde es el comportamiento de un decadente imperio, que cree actuar con impunidad ante un débil sistema internacional.

Este conjunto de medidas sistemáticas y sostenidas de terrorismo económico, más de 930 hasta la fecha, aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones satélites, han resultado en el congelamiento de bienes y propiedades del pueblo venezolano; han bloqueado cuentas e impedido transferencias bancarias, interrumpiendo, entre otros, el pago de deudas y el cobro de intereses, títulos y bonos de la República.

Han impedido la compra de maquinarias, insumos y repuestos de diverso tipo en el mercado internacional. Han paralizado la contratación internacional de servicios, han presionado para desestimular el intercambio económico y comercial de terceros países con Venezuela, y han obstaculizado la importación de bienes y servicios esenciales para garantizar el bienestar de la población venezolana.

Señor Presidente,

Estas medidas, que se constituyen en prácticas modernas del colonialismo, han perseguido el colapso de la economía nacional venezolana y han apuntado a fabricar e inducir una crisis multifactorial sin precedentes, que se tradujo en un impacto negativo a la economía pública y privada de nuestra nación.

A confesión de parte…

Así lo han reconocido los propios promotores de estos crímenes de lesa humanidad.

“Debemos tratar esto como una agonía, una tragedia que va a seguir hasta que finalmente llegue a un final, y si podemos hacer algo para acelerarlo debemos hacerlo, pero debemos hacerlo entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades en encontrar alimentos y medicinas. No podemos hacer esto y pretender que no va a tener un impacto, tenemos que tomar una decisión dura, el fin deseado justifica este severo castigo”.

Esta es la confesión de uno de los criminales, William Brownfield, infame representante del gobierno genocida de los Estados Unidos de América.

Producto de la coerción unilateral de estas medidas, entre 2015 y 2022, Venezuela dejó de producir 3 mil 393 millones de barriles de petróleo, equivalentes a 232 mil millones de dólares. Visto en su conjunto, hasta el año 2022, el daño causado a la economía interna del país se estimaba en 642 mil millones de dólares. Ello significa que, la pérdida causada a Venezuela, fue superior a las reservas internacionales de todos los once (11) países restantes de América del Sur.

En suma, las medidas coercitivas unilaterales contra empresas, buques, aeronaves y otros activos venezolanos, a las que debemos sumar la retención y confiscación de más de 22 mil millones de dólares en al menos 29 bancos internacionales y tres (03) organismos multilaterales, han convertido a Venezuela en el quinto país del mundo con más personas penalizadas, en la sexta nación con más empresas y organismos públicos afectados, en el cuarto Estado con más buques navales perjudicados, y en el tercer país con más aeronaves conmocionadas por estas medidas destructivas y criminales.

Para evadir su responsabilidad internacional ante los crímenes cometidos, sin embargo, los verdugos financieros que imponen todo este conjunto de medidas coercitivas unilaterales pretenden escudarse en la emisión de las conocidas “licencias”. En la realidad, tales licencias, que, en algunos casos, de modo eufemístico son presentadas incluso como supuestas “exenciones humanitarias”, son en realidad una válvula de administración del castigo colectivo; un mecanismo de neocolonización económico, que establece condicionalidades a los Estados agredidos y que se ajusta a los intereses políticos y económicos de las corporaciones privadas y del gobierno del Estado agresor.

Licencias para doblegar y dominar

Se trata, en suma, de licencias para dominar, para administrar el dolor, para profundizar y extender en el tiempo los lazos estructurales de la dependencia económica y financiera –sustentada ya de por sí en un sistema internacional injusto y diseñado a la medida de los intereses del Norte– y para doblegar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Señor Presidente,

Antes de la aplicación de las medidas coercitivas, Venezuela mostró avances significativos en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y con ello se encausaba a una óptima y oportuna consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030. Esos avances se han visto afectados por las políticas extorsivas de los Estados Unidos y otros gobiernos serviles a sus intereses imperiales y de pretendida dominación.

Hoy la recuperación del pueblo venezolano se hace con esfuerzo propio, que con moral y dignidad reclama el levantamiento de todas las sanciones criminales, para así despegar con mucha más fuerza y ejercer plenamente su derecho al desarrollo.

El bloqueo a las transacciones financieras en los sectores de la alimentación, la salud, la educación y los servicios públicos –que se generalizaron desde el año 2016– se tradujo en restricciones reales que aún hoy persisten, distinto a lo que los agresores pretendan hacer creer a la opinión pública internacional, con el apoyo de grandes corporaciones mediáticas que intentan lavarles la cara.

Todo esto forma parte de esa política de máxima crueldad calculada para generar dolor y sufrimiento sobre toda la sociedad venezolana; un verdadero castigo colectivo por el cual, más temprano que tarde, sus promotores deberán rendir cuentas ante la justicia internacional.

Ahora bien, pese a todos estos ataques, agresiones, asedio y saqueo que han representado estas crueles e inhumanas medidas coercitivas unilaterales que se aplican hoy contra nuestro país, el gobierno del Presidente Nicolás Maduro nunca ha dejado a un lado lo que consideramos como esencial: la protección de nuestro pueblo a través de la inversión social.

Señor Presidente,

Las medidas coercitivas unilaterales se han enfocado en bloquear y confiscar activos del Estado venezolano en el extranjero, a través del sistema financiero internacional, de tribunales arbitrales y de tribunales en países extranjeros. Ello se ha hecho de manera combinada, con una estrategia de agresión que emplea la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, vulnerando así el derecho internacional y las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas.

Saqueo descarado

En el caso venezolano, las mal llamadas sanciones operan como una cortina; una cobertura que pretende ocultar una operación criminal de saqueo y robo de los activos de nuestro país.

Es por ello que hoy nos vemos en el deber de denunciar desde esta tribuna el intento de despojar ilegalmente a nuestro país de un activo que constituye la séptima empresa de refinación petrolera del mercado estadounidense y que es patrimonio indiscutible y soberano del pueblo venezolano.

Nos referimos a la empresa Citgo Petroleum Corporation, principal activo de Venezuela en los Estados Unidos y propiedad de la estatal petrolera venezolana, PDVSA, la cual se encuentra bloqueada desde 2019, y que, debido a una operación de guerra jurídica (lawfare), por parte de un tribunal de Delaware, con apoyo de entidades ficticias que son únicamente reconocidas por Washington como supuestos representantes venezolanos, se encuentra en inminente riesgo de ser subastada a beneficio de corporaciones estadounidenses y canadienses.

Esa es la razón por la cual hace tan sólo unos días la delegación estadounidense, en esta misma sala, se desasoció de la abrumadora elección de nuestro país como Vice-Presidente de esta Asamblea General: perpetuar una farsa para, con el apoyo de sus agentes locales, seguir saqueando los bienes de todo nuestro pueblo en este país y más allá.

No podemos dejar de mencionar el impacto de las sanciones en la economía y desarrollo regional y global. La seguridad energética se vio afectada seriamente, se trató de mermar las capacidades productivas del país con mayores reservas de petróleo del mundo; el programa PETROCARIBE, la más fabulosa empresa de cooperación solidaria en nuestra región, que permitió la inversión de cuantiosos recursos para nuestros pueblos, fue vilmente atacada, sólo con el objeto de hacer un daño inhumano a pueblos enteros, limitando el desarrollo de más de una decena de países participantes en dicho programa.

Señor Presidente,

Al optar por su soberanía y por el ejercicio de su derecho inalienable a la auto determinación, así como por su derecho a elegir libremente el sistema de gobierno y el modelo económico que más le convenga, el pueblo de Venezuela ha demostrado que su dignidad no tiene precio.

Es por ello, que todas las estrategias coercitivas y unilaterales han fracasado, y en el futuro están destinadas seguir fracasando estrepitosamente. No sólo para y por el bien de Venezuela, sino para la erosión acelerada del espíritu supremacista y arrogante de quienes imponen estas medidas ilegales, crueles, inhumanas y genocidas.

Venezuela está venciendo

Por cada día que persista esta infame política contra Venezuela, las capacidades alternativas de desarrollo económico, político, social y cultural de su pueblo se verán potenciadas y concretadas. Por cada medida que pretenda congelar un bien, un servicio, un valor monetario, una transacción, Venezuela desatará un torrente de nuevas oportunidades.

Para ello, baste un ejemplo. En el momento más álgido del bloqueo y la guerra económica contra Venezuela, la nación llegó a tener índices de desabastecimiento de un 95 por ciento, y hoy, aunque los desafíos ciertamente persisten, es posible afirmar que esta cifra se ha invertido y contamos ahora con un 97% de auto abastecimiento alimentario en el país.

Hoy, con esfuerzo propio, la economía venezolana ha empezado un proceso de recuperación, con cifras proyectadas de crecimiento muy por encima de otros países de nuestra región, tal como ha reseñado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros organismos especializados.

Señor Presidente,

El próximo 28 de julio, Venezuela celebrará elecciones presidenciales para el período constitucional 2025-2030. En el ambiente electoral de paz y civismo al que acuden once (11) candidatos y treinta y siete (37) partidos políticos, que representan todo el espectro ideológico y político nacional, un gran debate público está ocurriendo ahora mismo en nuestro país, en las calles de Venezuela.

Las mal llamadas sanciones, solicitadas, estimuladas y apoyadas por sectores de una oposición política, servil y teledirigida desde Washington, están en el centro de ese debate electoral. Ellas pesarán, sin duda alguna, en la derrota electoral que se vaticina contra quienes intentaron doblegar la dignidad del pueblo de Venezuela e imponer un régimen colonial, con prácticas fascistas y plegados absolutamente a la anacrónica Doctrina Monroe que pretende convertirnos en su patio trasero.

Los sancionadores y su modelo antidemocrático y neoliberal de hambre, miseria, entreguismo, dolor, sufrimiento y coerción serán derrotados una vez más, bajo los principios bolivarianos de soberanía e independencia, y con una alta probabilidad, los resultados electorales de los venideros comicios confirmarán la convicción de la amplia mayoría del pueblo venezolano para que el Presidente Nicolás Maduro asuma un nuevo mandato presidencial.

El 28 de julio se confirmará en las boletas electorales un rotundo grito democrático y popular que las Naciones Unidas debe escuchar y reconocer; un grito que se resume en la solicitud que restituye todos los valores y principios de la Carta fundacional de esta Organización; un imperativo que es consistente con el derecho internacional y que, al calor del clamor popular del heroico pueblo venezolano, exclama victorioso y con firmeza: ¡no a las sanciones!

Muchas gracias, Señor Presidente.