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Una crisis interminable

09 Octubre 2018
Una crisis interminable

Por Revista Emabajador

La revista EMBAJADOR conversó con Marcela Pérez, embajadora de Nicaragua en el Perú, quien expresó su preocupación por el actual contexto del país y atribuyó a factores externos la ola de violencia que azota a esta nación.

¿Fue la reforma a la seguridad social el inicio de los estallidos de protestas en Nicaragua?

Las reformas al INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) fueron solo un pretexto para un “golpe blando” que llevaba años preparándose. Anteriormente hubo otros intentos de asonada: la campaña del movimiento anti canal y las protestas por el incendio en la reserva Indio Maíz.

Lo importante era desprestigiar al Gobierno, restarle autoridad e ir instalando en el imaginario colectivo la idea de que se trataba de una “dictadura” que debía caer, porque no respetaba los derechos humanos ni del planeta; aunque once años de evidencias demostraran lo contrario.

¿Se buscó un golpe de Estado? ¿Quiénes estaban detrás?

Como ya no es políticamente correcto propiciar “golpes de Estado”, ahora se les llama “operaciones de cambio de régimen”. Cuando EE. UU. quiere deshacerse de un gobierno incómodo, sus agencias hacen de manera encubierta el trabajo que hace 25 años hacía la CIA, pero con guantes de seda. Lo han ensayado en las llamadas “primaveras árabes”, en las “revoluciones de colores” de Europa del este, en Honduras, en Brasil y en Venezuela. Estas organizaciones “no gubernamentales”, que aparentemente se ocupan de causas nobles (como la ecología, los derechos humanos, las mujeres y las comunidades LGTB), son la punta de lanza de la desestabilización en América Latina. Van tejiendo una red que involucra a distintos segmentos de la sociedad: financian cuantiosamente a organizaciones de la “sociedad civil”, a partidos de oposición y a medios de comunicación adversos a los gobiernos progresistas.

Una de esas “benefactoras” es la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), que en los ochenta armó, entrenó y financió a la contra, e invirtió millones de dólares para derrotar a la Revolución sandinista en las elecciones de 1990. La otra es USAID, que no tiene empacho en declarar que 6,000 jóvenes formados por ellos están al frente de las revueltas en Nicaragua.

Desde que el FSLN volvió al poder, EE. UU. conspira para derrocarlo: reorganizó a los contras, compró periodistas y engatusó a la curia. Desde el primer año de gobierno se empezó a decir: “Daniel y Somoza, la misma cosa…”. Los tontos útiles de la izquierda resentida cayeron en su juego: algunos por afán de figuración, otros por dinero. La empresa privada, que desde 2007 mantuvo una alianza con el Gobierno y los trabajadores, se sumó al plan golpista frente a la amenaza de sanciones económicas.

¿Cree que hay mucha desinformación en el exterior y en los organismos internacionales?

El modelo del “golpe suave” combina prácticas de terrorismo con otras de guerra psicológica, que consisten en crear noticias falsas y difundirlas a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Son shows mediáticos, videos trucados y montajes de supuestas “masacres” para generar rechazo en la población.

Durante los meses de abril a julio, las bandas terroristas incendiaron alcaldías sandinistas, locales del partido de gobierno y estaciones de policía, mientras los medios culpaban a las turbas sandinistas. Los golpistas humillaron públicamente, torturaron, violaron y mataron policías, militantes históricos y funcionarios del Estado, pero las organizaciones de derechos humanos, financiadas por la NED, hablan de “víctimas de la represión gubernamental”.

Los organismos internacionales como la CIDH y la ACNUDH recogieron, sin verificar, esta información e ignoraron decenas de denuncias contra los golpistas. En los “tranques de la muerte” se cometieron asesinatos con armas de fuego y hasta se quemó a seres humanos, pero sobre eso no se han pronunciado ni la OEA ni la ONU.

Sus informes, basados en audiovisuales editados y testimonios manipulados, presentan inconsistencias, como nombres repetidos y muertos que están vivos; y evitan intencionalmente referirse a los crímenes perpetrados por los que ellos insisten en considerar protestantes “pacíficos”.

Nicaragua vivía en paz y tranquilidad económica, ¿por qué desestabilizarla?

EE. UU. no podía permitir que en un país pequeño (el más pobre de América después de Haití), un Gobierno de izquierda lograra el milagro de convertirlo en el segundo de mayor crecimiento en la región (4.5% anual, según cifras del FMI), con importantes avances en reducción de la pobreza (de 42.5% a 29.6%). Un país que llegó a ser el más seguro de Centroamérica, con la menor tasa de homicidios de la región (siete por cada 100,000 hab.). Un país, que ha logrado producir el 90% de los alimentos que consume y ha cambiado su matriz energética por energía renovable (53%) es un pésimo ejemplo de independencia y soberanía, para quien siempre ha considerado la región como su patio trasero.

Además, el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua desató la furia del imperio, que no está dispuesto a permitir que se construya otro canal sin su permiso.

Asusta la cifra de muertos…

A falta de una causa justa, los líderes golpistas usaron las cifras de muertes como arma para evitar toda confrontación de ideas, manipular las emociones y generar un odio que deslegitimara al Gobierno.

La Policía Nacional reconoce 197 personas fallecidas, víctimas del terrorismo golpista, entre el 19 de abril al 25 de julio, de los cuales seis eran mujeres, 85 no tenían oficio conocido, 22 eran policías y solo cinco eran estudiantes universitarios. Los nombres de 253 personas que murieron en ese mismo periodo en accidentes de tránsito, pleitos de pandillas, asaltos a mano armada, y hasta un suicidio, fueron utilizados para inflar las listas, con el fin de desprestigiar, difamar y dañar la imagen del Gobierno.

¿Continúa el diálogo? ¿Se pueden recomponer las relaciones con la Iglesia?

Las condiciones para un diálogo, en estos momentos, no están dadas. Hace unos meses, fue el propio presidente Ortega quien convocó a todas las fuerzas y aceptó todas las condiciones que la Conferencia Episcopal y la oposición imponían (incluso acuartelar a la policía y al ejército). A cambio, lo único que les solicitó fue que se desmontaran las barricadas que en ese momento paralizaban al país; pero los golpistas no aceptaron. Los obispos, que fungían de mediadores, se revelaron parte de la conspiración y exigieron la renuncia del presidente, urgiéndolo a que desmantelara los poderes del Estado.

Ahora son otras las circunstancias. El pueblo acabó con los “tranques de la muerte” y la intentona golpista fue derrotada. El Gobierno pone ahora como condición para reanudar las pláticas, que EE. UU. deje de meterse en los asuntos internos de Nicaragua, para que los nicaragüenses podamos resolver solos nuestras diferencias.

¿Algo más que añadir?

Sólo recordar que Nicaragua quiere vivir en paz. En 2016, elegimos (con el 72% de los votos) al presidente que nos gobernará por mandato constitucional hasta el 2021. Exigimos que se respete nuestro derecho a la libre determinación y se nos permita, sin injerencias externas y de acuerdo al principio de equidad, seguir construyendo nuestro destino.

 

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