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El FSLN y la modernización del estado nicaragüense

29 Mayo 2019
El FSLN y la modernización del estado nicaragüense

Por Glenn Sambola

El Artículo 1 de los Estatutos del FSLN reza textualmente "El Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.) es un Partido Revolucionario, socialista, solidario, democrático y antiimperialista de composición plural, que defiende los intereses populares y recoge las tradiciones de lucha histórica del pueblo nicaragüense por la soberanía nacional, la paz y la independencia patria: el objetivo del F.S.L.N. es alcanzar la felicidad de todos los nicaragüenses, edificando una sociedad con democracia política y económica, justicia social y un verdadero estado de derecho."

En el Gobierno, este acápite inspira la transformación y modernización del Estado, erradicando el servilismo político y el intervencionismo y procurando una participación genuina de todos los sectores de la sociedad.

En los años ochenta, en medio de la guerra contrarrevolucionaria, el FSLN promovió la promulgación de la Constitución Política de 1987, la primera en reconocer la naturaleza multiétnica y pluricultural de la nación nicaragüense, así como la Ley de Autonomía (Ley 28), que establece dentro de la división política y administrativa del país, un régimen de autonomía que reconoce y procura el ejercicio efectivo de los Derechos de los Pueblos Afrodescendientes e Indígenas de la Costa Caribe. Esta legislación abre paso para la posterior aprobación de la Ley de Demarcación y Titulación de la Propiedad Comunal (Ley 445), permitiendo que en la actualidad el territorio nicaragüense se divida en 15 Departamentos, 2 Regiones Autónomas, 153 Municipios y 23 Territorios Indígenas y Afrodescendientes.

Entre 1990 y 2006, desde la oposición y frente a gobiernos de tendencia neoliberal, el FSLN logró incorporar la Educación Bilingüe e Intercultural, la Medicina Tradicional y el reconocimiento de las Formas Tradicionales de Administración de Justicia dentro de la legislación nacional que rige la materia.

Pobreza, el problema principal

A partir del año 2007, el FSLN impulsa el Plan Nacional de Desarrollo Humano, sustancialmente diferente al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Enrique Bolaños y el desorden conceptual de los Gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro u Arnoldo Alemán. La reconciliación y unidad nacional se constituyen en pilares centrales del nuevo Plan, promoviendo un acercamiento con sectores políticos, económicos, étnicos y religiosos que en el pasado mantuvieron posturas antagónicas. La familia nicaragüense se constituye en el principal protagonista y beneficiario de los programas de gobierno, y la pobreza está identificada como el problema histórico y estructural que debe erradicarse.

El PNDH lanza la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe que establece un Programa de Inversión Pública sin precedente cuyo propósito fundamental es garantizar la verdadera integración del Caribe a la dinámica política, económica, social y cultural de la nación. Asimismo, se impulsan reformas a la Ley de Municipios (Ley 40) y Ley Electoral (Ley 331) para garantizar una participación igualitaria de la mujer nicaragüense en todos los cargos de elección popular. Se crea el Modelo de Diálogo, Alianza y Consenso entre Gobierno, Trabajadores y Empresarios, efectivamente convirtiendo al Sector Privado, por primera vez en la historia de Nicaragua, en un actor positivo en beneficio del desarrollo de Nicaragua en lugar del club de ricos, que siempre ha sido el COSEP.

Los avances sociales, económicos y culturales del Programa de Gobierno del FSLN son tangibles y aun cuando los perpetradores del fallido golpe de estado pretenden argumentar que en materia política e institucional los avances han sido modestos, la verdad es que la heterogénea sociedad nicaragüense nunca ha disfrutado de mejores condiciones para participar en el desarrollo de nuestro país. Ello, sin embargo, no implica que la tarea de transformar y modernizar al Estado haya concluido, todo lo contrario, una sociedad cada vez más conectada, informada y con nuevas aspiraciones, requiere de un Estado que constantemente se reinventa y mejora.

En la segunda entrega de este artículo realizaré propuestas para modernizar al Estado en función del progreso que Nicaragua ha experimentado desde el año 2007, así como los acontecimientos trágicos del año pasado, entendiendo que el FSLN es la única fuerza política con el nivel de organización y el mandato histórico para asumir tan importante reto.

El Estado nicaragüense es un organismo vivo que progresivamente se ha reinventado procurando satisfacer las demandas y necesidades de nuestra población. No hay duda, por ejemplo, de que el actual Estado es mucho más efectivo que durante el periodo de los Gobiernos Neoliberales entre 1990 y 2006. Ello se debe en gran medida a la correlación de fuerzas que favorece al FSLN y permite una mejor interacción entre los diferentes poderes, pero también se debe a la coherencia del Programa de Gobierno del FSLN, las mejoras institucionales que favorecen la participación de todos los sectores, un robusto marco legal que promueve el desarrollo económico, la adopción de tecnologías de la información y comunicación, la capacitación constante de los servidores públicos, entre otros factores relevantes.

Sugerencias pertinentes

El Estado se moderniza por la voluntad política de sus gobernantes y la presión que ejerce su ciudadanía en demanda de cada vez mejores condiciones de vida. El gobernante efectivo encuentra la sabiduría para crear un balance entre ambas cosas, logrando establecer prioridades y utilizando de manera eficiente los recursos limitados. En ese sentido las siguientes sugerencias pueden ser pertinentes:

1. Reformar la Ley Electoral (Ley 331) para eliminar la figura del Diputado Nacional, procurando en su lugar incrementar la cantidad de Diputados Departamentales y Regionales. Esto permitirá una mayor interacción y rendición de cuentas entre la población y sus representantes ante la Asamblea Nacional. Promoverá además una mayor competencia entre los partidos políticos, en todos los Departamentos y Regiones Autónomas, para obtener escaños. En las Regiones Autónomas esto es particularmente importante dado que sus poblaciones son más grandes que la mayoría de los Departamentos, pero sus representantes ante la Asamblea Nacional actualmente están limitados a 3 en el caso de la RACCN y 2 en el caso de la RACCS.

2. Otra Reforma a la Ley Electoral puede crear la figura de los Consejos Departamentales. Aun cuando la Ley de División Política y Administrativa (Ley 59) divide el territorio nacional en 15 Departamentos, 2 Regiones Autónomas y 153 Municipios, el Departamento como tal carece de personalidad jurídica o representación legal, dejando un vacío político que limita el avance de los procesos de descentralización. La experiencia de la Costa Caribe en la creación de sus Consejos Regionales Autónomos puede ser importante en este particular, promoviendo la creación de instancias departamentales con funciones legislativas y ejecutivas dentro de cada Departamento. La creación de los Consejos Departamentales fomentará el debate político, permitirá un análisis más acertado de los problemas y desafíos locales y promoverá un mayor grado de participación de algunos actores que no cuentan con los recursos ni las capacidades para incidir a nivel nacional.

3. El sufragio de las y los nicaragüenses en el exterior, aún siendo un desafío importante, progresivamente puede ser instaurado para aquellos nicaragüenses que no han adquirido otra nacionalidad, visitan periódicamente el país, mantienen lazos familiares, poseen propiedades o cuentan con inversiones importantes. La diáspora nicaragüense representa una parte significativa de la población de nuestro país que vive principalmente en Estados Unidos y Costa Rica y que debe ser atendida por el Estado de Nicaragua. Esta población en su mayoría es antagónica a los intereses del FSLN, sin embargo, es necesario integrarla al desarrollo nacional mediante los esfuerzos de Reconciliación y Unidad Nacional. Ello además evitará que la diáspora nicaragüense pueda ser fácilmente manipulada por gobiernos con agendas intervencionistas u actores locales que de manera recurrente traicionan a la patria.

4. Es necesario garantizar la implementación efectiva de la Ley del Servicio Exterior, entendiendo que Nicaragua es un país pequeño que necesita forjar fuertes relaciones bilaterales y multilaterales con el objeto de protegerse del intervencionismo, pero también para promover los lazos de cooperación, el turismo y la inversión extranjera directa. El cuerpo diplomático nicaragüense debe contar con los recursos necesarios para desarrollar esta tarea monumental y sus períodos de misión, deben tener una duración determinada (un máximo de 5 años), promoviéndose la rotación, la promoción y la renovación en función del mérito. Es preciso además fortalecer la Academia Diplomática "José De Marcoleta" en el cumplimiento de su mandato de "…formar, perfeccionar y actualizar a aspirantes e integrantes del Servicio Exterior de Nicaragua para que desempeñen sus tareas con eficiencia".

5. Un Estado efectivo únicamente puede centralizar las decisiones sobre seguridad nacional y política exterior. Las demás decisiones tienden a ser más efectivas cuando surgen del debate con los demás sectores de la sociedad, incluyendo a la oposición política, procurando generar consenso alrededor de los principales problemas y las soluciones más viables. Es pertinente reactivar una instancia similar al otrora Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), quizás bajo la responsabilidad de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la Cancillería de la República, con el propósito de mejorar los procesos de planificación y formulación de políticas públicas, integrando a partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos de trabajadores, medios de comunicación, empresarios, u otros sectores de la sociedad en los esfuerzos de desarrollo nacional. Instancias de este tipo permiten ventilar los desacuerdos y tienden a deslegitimar las posiciones más radicales, tales como aquellas propuestas por los perpetradores del ahora fallido golpe de estado.

6. Implementación efectiva de la Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa (Ley 476), que establece como uno de los principios reguladores exigibles en el desempeño de la función pública, la Lealtad del Servidor Público a la Nación y al Estado de Nicaragua, un elemento particularmente relevante ante el ocaso del fallido golpe de Estado. Hace referencia además al principio de la Estabilidad sobre la base del mérito, capacidad, especialización y profesionalismo, con el objetivo de que el servidor público tenga como meta convertirse en un servidor público de carrera. El balance entre Lealtad y Estabilidad es fundamental para la eficiencia de un Estado moderno, limitando al máximo "la influencia política partidaria" y "el capricho" en la contratación o el despido de los servidores públicos.

7. El Modelo Preventivo, Proactivo y Comunitario de la Policía Nacional constituye la columna vertebral de los esfuerzos de seguridad ciudadana. Esta institución, reconocida por su alto grado de profesionalismo, integridad, responsabilidad y solidaridad, se destaca entre los mejores cuerpos civiles de Latinoamérica y el Caribe. Es recomendable, sin embargo, institucionalizar la integración de las autoridades civiles electas, regionales y municipales, dentro de sus estructuras. Por ejemplo, considerando la Jefatura Suprema de la Policía Nacional es ejercida por el Presidente de la República, las Jefaturas de las Delegaciones Policiales Regionales, Departamentales o Municipales, pudiesen incorporar a los Coordinadores de Gobierno de los Gobiernos Regionales Autónomos y a los Alcaldes Municipales en la estructura jerárquica y de toma de decisiones de la Policía Nacional a estos niveles. Adicionalmente, es recomendable establecer Academias de la Policía Nacional en las Regiones Autónomas y en los distintos Departamentos del País con mayor población, procurando continuar fortaleciendo los vínculos entre Policía y Comunidad.

Este artículo no pretende argumentar que las acciones arriba mencionadas no están siendo implementadas, sino llamar la atención acerca de la importancia de continuar mejorando la capacidad del Estado de Nicaragua para brindar una atención cada vez mejor a las familias nicaragüenses.

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