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La Ley «antifraude» y la próxima «Misión de Revisión» del FMI

26 Mayo 2008
Unión Fenosa es un monopolio que, como cualquier otro monopolio –el cual además se ha sentido protegido–, tiene la clara tendencia a abusar de su poder y atropellar a los consumidores, quienes por su parte se encuentran en estado de abierta indefensión ante la ausencia de instituciones publicas que asuman con la debida beligerancia y fuerza su papel de regulación y defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Esta acusación no es gratuita. No sé si usted ha sido objeto de los abusos y atropellos de Unión Fenosa, como cortes del servicio de energía con el pretexto de falta de pago a pesar de que usted ha pagado cada factura a tiempo, y cuando reclama, recibe disculpas por el error pero aun así pasa hasta una semana sin energía hasta que esta empresa se digna a restablecer la conexión; o ha recibido reiterados "cargos por mora" con todos sus pagos al día: o recibió de un mes a otro una factura que muestra que usted multiplicó su consumo por un factor de 2 o de 3, sin justificación alguna. O recibe cada mes el famoso "cargo por comercialización", es decir por la lectura del medidor, por el envío de la factura y por la emisión de la misma. Estos costos ya están cubiertos por la tarifa como costo operativo, y por tanto están tomados en cuenta en el Valor Agregado o Margen de Distribución. No debe olvidarse que Unión Fenosa, en la tarifa, ya tiene incluido un "Margen de Distribución" muy alto, a través del cual debe cubrir el costo operativo de los servicios que presta. Dicho sea de paso, en el "Documento del Punto de Culminación de la Iniciativa HIPC" se encuentra el reconocimiento de que, para atraer a los inversionistas a participar en la privatización de las empresas de distribución de energía, se estableció un margen de distribución muy elevado: "Siguiendo las recomendaciones del banco de inversión que asesoró al gobierno en la privatización en el sector de la energía, el gobierno estableció un alto margen de valor agregado (margen de comercialización) para las empresas distribuidoras de electricidad (DISNORTE y DISSUR) para tornar atractivas estas empresas a los inversionistas extranjeros, a pesar del pequeño tamaño del mercado y las elevadas pérdidas de electricidad que afligen al sistema (estimadas actualmente en alrededor del 33 por ciento)". Unión Fenosa tampoco ha invertido lo que debía ni en el reemplazo y modernización de la red de distribución de energía, ni en la ampliación de la cobertura de dicha red. Mas allá de eso, abusa de su poder de monopolio principalmente buscando como recuperar, a costa de los usuarios, las perdidas de energía que no le reconoce la tarifa, las cuales ascienden a un monto de entre US$ 45-50 Millones, recurriendo para ello a mecanismos irregulares de recuperación de costos tales como la alteración del consumo de los usuarios (porque nadie tiene la capacidad de calibrar los medidores de esta empresa, lo cual acentúa su poder de monopolio) y todo tipo de cobros irregulares. Miles de nicaragüenses hemos sido victimas de esta empresa monopólica. También hemos comprobado la inoperancia de las entidades publicas que deberían protegernos. La denominada "Ley Anti-Fraude" esta claramente orientada a profundizar esta enorme asimetría de poder entre Unión Fenosa y los ciudadanos, en la medida en que otorga poderes punitivos y prerrogativas adicionales muy fuertes a esta empresa monopólica, mientras que no impone medidas punitivas y obligaciones de la misma naturaleza y medida para esta empresa, y no establece el adecuado sistema de defensas, garantías y prerrogativas para los usuarios, que permitan "nivelar" el terreno de juego. En el Programa vigente con el FMI se otorga una especial importancia al logro de exigencias en el Sector Eléctrico, que no se pudieron implementar bajo los gobiernos anteriores. Esto se refiere principalmente a ajustar la tarifa de la energía eléctrica, para corregir el "rezago tarifario" que se estima que existe. Desde Noviembre de 2007 hasta Marzo del 2004, la tarifa de la energía eléctrica se ha ajustado en poco mas de 19%. El gobierno se comprometió además a establecer un mecanismo que asegurase el ajuste periódico de las tarifas de la energía eléctrica, de conformidad con el alza en los costos. Asimismo, se contempla la "introducción de medidas" antes de fines de 2007 que definan sanciones de carácter penal impuestas por una autoridad judicial sobre empresas e individuos que se ha determinado que han cometido fraude en el consumo de energía eléctrica. Una novedad en la evaluación del caso de Nicaragua, efectuada por el Directorio del FMI en Febrero de 2007, fue que el FMI reconoció que en la condicionalidad de los Programas pasados, se introdujeron algunos "criterios de desempeño" sobre los cuales el gobierno no tenía pleno control, tales como la aprobación de Leyes que dependían de la Asamblea Nacional, que es un Poder del Estado independiente En realidad, anteriormente la Asamblea Nacional, desde 1991, había aprobado todas y cada una de las Leyes requeridas por los Programas con el FMI. Estas leyes se aprobaban bajo el argumento de que, si no se hacía, Nicaragua se saldría del Programa con el FMI, y que al ocurrir esto, "el mundo se le vendría encima". Fue únicamente en 2005 que, a raíz de la aguda crisis política abierta por las reformas constitucionales aprobadas ese año (que conllevó a que el gobierno de Nicaragua recurriera a la OEA), que la aprobación de algunas leyes experimentó un retraso. Pero de cualquier forma el nuevo gobierno se beneficiaría de esta disposición del FMI, de suspender la exigencia de la aprobación de Leyes por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, a pesar de que en términos generales el nuevo Programa no contempla la exigencia de la aprobación de Leyes por parte de la Asamblea en fechas determinadas, como ocurría antes, que se habla sólo de "adoptar medidas", es obvio que en el marco legal nicaragüense estas medidas sólo se pueden adoptar si se aprueba una legislación que establezca estas medidas. El gobierno cometió además el error, a inicios de este año, de comprometer ante el FMI plazos específicos para la aprobación de esta Ley, en un exceso de confianza, lo cual posteriormente no pudo cumplir debido a la parálisis de la Asamblea como resultante de la "crisis" provocada por la suspensión de las elecciones en tres municipios del Atlántico Norte por parte del CSE, y posteriormente a las prolongadas negociaciones alrededor de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y presumiblemente acerca de la realización de Reformas Constitucionales luego de las elecciones municipales. Sin embargo, el Presidente del Banco Central acaba de plantear al FMI que la tipificación como delito penal del "robo" de energía por parte de los usuarios que consumen mas de cierto numero de Kilovatios/hora, contemplada en el Código Penal recién publicado, debe ser considerada suficiente como para determinar que se adoptaron medidas que penalizan el denominado fraude en el consumo de energía, y por consiguiente, para que el FMI considere que el gobierno cumplió con todos los "criterios de desempeño" que comprometió con ese organismo. En realidad, si el objetivo del compromiso adquirido era desincentivar el fraude en el consumo de energía mediante su penalización, este objetivo se habría cumplido. A menos que el FMI, mas que preocupaciones de carácter macroeconómico" relacionadas a los "déficit cuasi-fiscales" del sector energético, este mas interesado en promover los intereses y ampliar el poder y las atribuciones de una empresa transnacional que en Nicaragua ha abusado repetidamente de su carácter monopólico.
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