Campamento de migrantes en Canarias a punto de desaparecer EFE

Campamento de migrantes en Canarias a punto de desaparecer EFE

El campamento de acogida de inmigrantes de Arguineguín (Gran Canaria), montado hace más de tres meses, puede desaparecer en las próximas horas, tras un fin de semana sin llegadas y de constantes traslados a otros recursos humanitarios, que ha dejado en 27 las personas que siguen en su interior.

Allí, la Cruz Roja montaba (y desmontaba) un hospitalito y dos o tres tiendas para las primeras atenciones cada vez que Salvamento Marítimo comunicaba que había rescatado a una patera en Gran Canaria, en una dinámica de trabajo que se vio desbordada este verano, con la continua llegada de embarcaciones.

Ello -y la negativa del Ayuntamiento de Arguimes a que Cruz Roja montará un campamento humanitario en el polígono industrial de Arinaga, que ya estaba en proceso de construcción- provocó que el 20 de agosto en el muelle de Arguineguín las dos o tres tiendas provisionales se acabaran convirtiendo en un campamento para -en teoría- 400 personas, con 14 baños químicos y algunas duchas

Sin embargo, la llegada de inmigrantes se intensificó en septiembre y generó las primeras escenas de hacinamiento.

Y cualquier previsión quedó por completo desbordada en octubre y noviembre, meses que por sí solos han aportado más de 12.000 llegadas de inmigrantes a Canarias, la mayoría a Arguineguín.

Con días de más de 1.000 rescates en la costa de Gran Canaria, el campamento se transformó en un lugar donde llegaron a amontonarse hasta 2.600 personas en muy pocos metros cuadrados, sin techo para todos, donde se dormía sobre una manta extendida en el suelo, se compartía baño con cientos de personas y era prácticamente imposible mantener la distancia de seguridad del protocolo covid.

Y las ONG comenzaron a referirse al muelle de Arguineguín, sin ambages, como el “campamento de la vergüenza”.

El Defensor del Pueblo exigió el viernes su cierre inmediato por no ofrecer unas condiciones mínimamente dignas, pero antes lo habían hecho el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones sociales.