Hondureños se acogerían a reforma migratoria de EEUU Tegucigalpa. Agencias

La “Ley de Ciudadanía Estadounidense”, propuesta por Joe Biden, presidente de Estados Unidos, es considerada la iniciativa de reforma migratoria más ambiciosa en el mundo. ¿Pero qué contiene?, ¿beneficia a los hondureños?, ¿bajo qué condiciones?.

EL HERALDO accedió a los detalles del proyecto de ley que para ser aprobado deberá pasar por el Congreso (mayoría demócrata) y Senado norteamericano.

Inicialmente, la propuesta establece que todos los indocumentados, incluidos los hondureños que llegaron a Estados Unidos antes del 1 de enero del 2021, pueden acogerse a la reforma que impulsa el mandatario de Estados Unidos.

La iniciativa no es de resolución inmediata, al contrario, tiene en su camino un largo proceso, aunque es un cambio radical al trato inhumano que brindó Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, a los ilegales.

44 mil catrachos están amparados

en el TPS, según las cifras de Cancillería.

En el caso específico de los hondureños, la reforma abarcaría a cuatro grandes grupos: indocumentados (la mayoría), amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS), los connacionales acogidos a la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) y los trabajadores agrícolas.

En el caso de los 44,000 hondureños amparados en el TPS, la “Ley de Ciudadanía Estadounidense” contiene una serie de beneficios que acortarían la obtención de su naturalización.

El hecho de haber permanecido en Estados Unidos por casi 21 años desde la aprobación del beneficio en 1998, pagar impuestos, tener limpia su hoja de antecedentes, pagar hipotecas, tener familia y estar inscritos en todas las ampliaciones les daría la oportunidad de obtener de manera inmediata una residencia permanente.

A partir de ese logro, los tepesianos esperarían tres años para poder pedir la ansiada naturalización que tanto han anhelado.

Hay que mencionar que Honduras recientemente solicitó a Estados Unidos un nuevo TPS ante el impacto de los huracanes Eta y Iota y que estaría siendo aprobado por el gobierno de Estados Unidos.

Para que esto suceda y la reforma se dé, la ley debe obtener una mayoría en el Congreso y Senado de Estados Unidos y el último intento de algo parecido fue en el gobierno de Barack Obama, con una propuesta menos ambiciosa pero que no se aprobó.

La única reforma migratoria aprobada en Estados Unidos la desencadenó el expresidente Ronald Reagan en 1986, abriendo camino para que tres millones de indocumentados pudieran obtener la ansiada ciudadanía.

En el caso de los “soñadores” de DACA, Estados Unidos contabiliza que son 690 mil de los cuales 16 mil son hondureños y al igual que los tepesianos tendrían un camino más corto para su legalización permanente.

La ley indica que estos jóvenes, hijos de indocumentados y que estudian en Estados Unidos, recibirían una residencia permanente inmediata.

En su caso, al igual que los tepesianos, les avala que han formado parte de un beneficio en el cual para permanecer han tenido que calificar con registros de buena conducta, no poseer antecedentes, contar con buenas calificaciones y realizar aportes positivos a la sociedad americana.

Los “soñadores” recibirían la residencia y tres años después podrían optar al proceso de naturalización en Estados Unidos, según la iniciativa.

A los hondureños con TPS y DACA —que tienen un camino un tanto más fácil— se suman los trabajadores agrícolas, en el caso de Honduras la cifra es menor, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores no tienen un dato específico.

Por el hecho de prestar una mano de obra, los empleados agrícolas tienen con la reforma que propuso Biden la posibilidad de optar de manera inmediata a la residencia.

Considerados mano de obra calificada, este grupo de hondureños, al igual que los anteriores, deberían esperar un lapso de tres años para pedir naturalización, proceso que no está garantizado pero al que pueden optar.

Soñadores

Un total de 16 mil jóvenes hondureños forman parte del grupo denominado “soñadores” de DACA.

La parte toral de la reforma es la de los 11 millones de indocumentados, incluidos 1.1 millones de hondureños que entraron ilegalmente a Estados Unidos y que nunca han sido parte de un beneficio de regularización.

Su primer requisito consistirá en haber entrado a Estados Unidos antes del 1 de enero del 2021, por lo que las personas que ingresen o pretendan entrar en nuevas caravanas están desestimadas en la reforma.

Estos hondureños que nunca han pagado impuestos o hipotecas por mantenerse ocultos, tienen un reto aún más grande, lo primero sería identificarse para iniciar el proceso que duraría cinco años para que puedan solicitar una residencia permanente. Hay que resaltar que los aspirantes deben tener como prioridad limpio su récord criminal tanto en Estados Unidos como en Honduras, por lo que no es que cualquiera va a poder optar.

Al cabo de ese tiempo y obtenerla, podrán —tres años más tarde— solicitar la ansiada “tarjeta verde”, que antes parecía poco probable de llegar algún día, pero que con Biden alientan a recibirla.

Otro punto a favor de los migrantes que contempla la reforma que envió Biden al Congreso es eliminar el Protocolo de Protección al Migrante, impulsado por el exmandatario Donald Trump, en el cual los solicitantes de asilo en Estados Unidos debían esperar en México un tiempo determinado para poder acudir ante un juez de migración.

En su reforma Biden trata de atacar todos los puntos que conllevan a las personas a optar por dejar sus países. Por eso el mandatario destinará 4,000 millones de dólares para los países del Triángulo Norte con la intención de frenar las caravanas. Por ahora todas son promesas y procesos y el tiempo se encargará de mostrar resultados.

“Durante 100 días, a partir del 22 de enero de 2021, el DHS suspenderá las deportaciones de ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada”, detalló el secretario interino, David Pekoske, recién nombrado por Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

La razón, dijo Pekoske, es “garantizar” que Estados Unidos tenga “un sistema migratorio justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”, por lo que ordenó “revisar y reiniciar” los protocolos.

El DHS no aportó en el comunicado detalles sobre las personas que quedan excluidas de la medida de los 100 días.

Durante la campaña, Biden ya se comprometió a esta suspensión de las deportaciones aunque en ese entonces lo hizo sin excepciones.

La pausa por 100 días de las deportaciones se suma a otra medida anunciada ayer por el DHS: la suspensión a partir las inscripciones al programa Permanezcan en México, que permitió a Trump devolver al país vecino a los solicitantes de asilo. Además, Biden ha aprobado una serie de medidas migratorias dentro del paquete de 17 órdenes ejecutivas.