Piden un año de prisión preventiva para involucrados en caso de corrupción en Costa Rica San José. La Nación

Piden un año de prisión preventiva para involucrados en caso de corrupción en Costa Rica San José. La Nación
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El Ministerio Público de Costa Rica solicitó un año de prisión preventiva contra los propietarios de las constructoras MECO, Carlos Cerdas Araya, y de H. Solís, Mélida Solís Vargas.

Así lo confirmó a La Nación, el abogado Erick Gatgens, quien representa a Mélida Solís y a su hermana Sonia Solís.

En total, la Fiscalía Anticorrupción solicita prisión preventiva para al menos 13 personas a quienes tiene como sospechosas de sobornos a cambio de beneficios en contratos de obras viales a cargo del Estado, investigación denominada caso Cochinilla.

En la lista de 13 para los que se pide prisión preventiva están cuatro funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y un exgerente financiero de esa entidad.

También, están ocho personas que laboran con las constructoras u otras compañías, entre ellas, el gerente general de MECO, Abel González.

Para otras 15 personas, la Fiscalía reclama medidas alternativas. En el caso de funcionarios del Conavi, pide suspensión del cargo sin goce de salario (nombres y medidas propuestas se detallan más adelante).

La gestión de la Fiscalía se da ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en el Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea.

Para este viernes está previsto que continúe la audiencia, donde los abogados de los arrestados presentarán sus descargos.

¿Cuáles medidas cautelares?

Para las personas que no pidió prisión preventiva, el Ministerio Público solicita al Juzgado que les impida acercarse a testigos o sujetos procesales hasta 500 metros de distancia.

También reclama impedimento de salida del país, presentarse a firmar ante el juzgado correspondiente una vez al mes y prohibición de firmar contratos con la Administración Pública durante un año.

En el caso de los empleados del Estado, demanda la suspensión del puesto, sin goce de salario.

Así lo explicó, ante consulta de La Nación, el abogado Juan Marcos Rivero, quien representa a Mélida y Sonia Solís.

“El argumento fue muy claro por parte de la Fiscalía, se hizo un estudio detenido de la situación de cada una de las personas, del posible grado de participación de cada una en los hechos que vienen siendo investigados y en virtud de un estudio diferenciado de cada una de las personas, así pidieron las medidas”, declaró Rivero.

“Entonces –agregó– determinaron que en algunos casos, por varias razones, se justificaba una medida cautelar más fuerte como la prisión preventiva, y en otros se justificaban medidas cautelares más leves, en virtud de que, o tienen un grado de participación menor o en realidad están muy separados de los hechos que se están investigando”.

“Nosotros consideramos que por varias circunstancias personales que este viernes se indicarán, realmente es suficiente una medida alterna para ella (Mélida Solís) diferenciada de todas estas que ya le indicamos”.

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