Garantizan atención médica a exmandataria de facto de Bolivia La Paz. Prensa Latina

La exmandataria de facto de Bolivia Jeanine Áñez, cuenta con la infraestructura, equipamiento y personal necesario para atender su presión arterial elevada durante la prisión preventiva, afirmó este sábado el ministro de Justicia, Iván Lima.

Precisó que los derechos humanos de Áñez son velados por esa cartera de Estado y, de conjunto con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, serán garantizados en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores (La Paz), a donde fue trasladada en la madrugada de este sábado para recibir atención médica.

Lima declaró a El Deber Radio que hay tres médicos y una ambulancia permanentemente en esa instalación y, ante los cuestionamientos del traslado sorpresivo de la expresidenta golpista, alegó razones de seguridad y para precautelar la salud de la detenida.

Reconoció las condiciones de hacinamiento en el penal de Obrajes, lugar donde inicialmente fue recluida la exsenadora, y en el centro penitenciario de Miraflores Áñez está aislada del resto de las reclusas y podrá ser visitada por familiares y organismos de derechos humanos.

El funcionario aclaró que la justicia boliviana decidió que Áñez sea evaluada por especialista del Instituto de Investigaciones Forenses y por médicos del sistema público, y desestimó que una clínica privada asuma esa responsabilidad.

Ratificó la postura del presidente Luis Arce, de respetar el debido proceso y los derechos humanos de los procesados en el caso golpe de Estado 2019 que involucra también al extitural de Energía Rodrigo Guzmán, de Justicia Álvaro Coimbra, y altos exjefes militares por delitos de sedición terrorismo, conspiración, entre otros.

Este viernes fue emitida una orden de aprehensión contra el extitular de la Presidencia Yerko Núñez, y, en el caso del empresario de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, el fiscal general del Estado boliviano desmintió la existencia de un dictamen de arresto y de una lista para perseguir a ciudadanos de ese departamento.

Resaltó que en el Gobierno no ‘hay ningún ánimo de persecución’ y reconoce el derecho que tienen los ciudadanos a la protesta social.