Presentan nuevo informe sobre violaciones a derechos humanos en Colombia Bogotá. Prensa Latina
Un nuevo informe sobre violaciones a los derechos humanos en Colombia llegó este jueves a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos del país suramericano.
Se trata de un registro sobre estos crímenes contra el movimiento agrario en Viotá, departamento Cundinamarca, en los años de 1988 a 2004 de acuerdo con una investigación de la Corporación Jurídica Yira Castro, organización no gubernamental creada para defender los derechos de las víctimas de la guerra civil.
El informe, titulado ‘Ejecutar las órdenes de batalla, era acabar con el pueblo: Genocidio político y estigmatización del movimiento agrario en Viotá 1989-2004’, muy relacionado con el asesinato de miembros del partido Unión Patriótica (UP), integrado por desmovilizados de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
UP era considerado por los gobiernos de entonces una extensión de las FARC , de ahí que sus militantes fueran vistos como objetivos militares para la lucha antiguerrillera en el país.
Por otra parte Viotá, recuerda la investigación, es un escenario histórico de reivindicaciones agrarias, de movimientos políticos y sociales, y uno de los bastiones de las FARC, tanto así que se llegó a llamar ‘Viota la Roja’.
Dichas condiciones también convirtieron a los habitantes de la región en blancos del conflicto.
‘(…) la práctica del genocidio contra el movimiento UP, no solo se refirió a la persecución y homicidio de sus miembros y simpatizantes, sino que se extendió al subgrupo nacional político Viotuno, dado que, los actores genocidas desarrollaron una interpretación discriminatoria de la población rotulándola como ‘amiga o enemiga’, vinculando y situando a Viotá, como el enemigo dada esa trayectoria político- histórica’, destaca el documento.
La investigación revela que las consecuencias de esa visión están recogidas como homicidios, torturas físicas y psicológicas, desaparición forzada, amenaza, persecución y desplazamiento forzado hacia otras regiones.
Ejecutar las órdenes de batalla… señala como culpables de estas violaciones a los derechos humanos al ejército y a grupos paramilitares que operaron con total impunidad gracias a la protección de los uniformados.
‘… con la intención de destruir total o parcialmente la población viotuna, ocurridos con alarmante sistematicidad bajo la comandancia del teniente coronel Rodrigo Gonzáles Medina del Batallón Aerotransportado N° 28 o Batallón Colombia entre los años 2003-2004 en coordinación con las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)’, refiere el texto presentado ante la JEP.
Estos hechos, apuntaron los investigadores, guardan relaciones comunes que evidencian una práctica generalizada y sistemática en el marco de una política o plan criminal que tenía la intención de exterminar a un grupo político y su base social en la lucha contrainsurgente.