Responsabilizan a ministra ecuatoriana por represión en octubre Quito. Prensa Latina

Testigos en el proceso de juicio político en desarrollo este jueves contra la ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, responsabilizaron a la titular por la represión durante el paro nacional de octubre 2019.

Los testimonios, presentados ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, forman parte de la fase de pruebas de cargo para sustanciar la solicitud de enjuiciamiento por supuesto incumplimiento de funciones, realizada por los parlamentarios Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.

Un manifestante herido por perdigones en una de las jornadas de protesta y luego sometido a esquirlotomía, una comunicadora detenida, sin razón, junto a un compañero y una activista por los derechos humanos, quien perdió un ojo como resultado de una bomba lacrimógena que impactó en su rostro, fueron los encargados de ofrecer testimonios.

En los tres casos, la Comisión aprobó la remisión de un oficio a la Fiscal General, Diana Salazar, a fin de que se brinde a esos ciudadanos (Julio Flores, Nicole Villafuerte y Jhajaira Urresta), toda la seguridad necesaria para garantizar y resguardar su integridad física y psicológica, en el marco de protección de víctimas y testigos.

La evaluación de la petición de juicio político contra la titular de Gobierno comenzó el viernes último, cuando el equipo dio paso a la solicitud, a lo cual siguió la argumentación del pedido por parte de los legisladores y actualmente transcurre la etapa de pruebas de cargo.

De acuerdo con los asambleístas, Romo incurrió en no garantizar la seguridad ciudadana durante el paro nacional registrado del 3 al 13 de octubre de 2019, cuando se utilizó gas lacrimógeno caducado para contener las manifestaciones, por parte de la policía nacional y las Fuerzas Armadas.

Los interpelantes también coincidieron en que la ministra faltó a su deber de proteger la actividad de los periodistas en la cobertura de las protestas y señalaron además la obstrucción de acciones de carácter humanitario, al permitir el desalojo violento en albergues con ciudadanos en condición de vulnerabilidad (mujeres, ancianos, niños y bebés).

El proceso en el Legislativo comprende pruebas de cargo y descargo, tras lo cual la Comisión deberá evaluar todos los argumentos y elaborar un informe para determinar si es viable el juicio político.

Durante el levantamiento de octubre 2019, al menos 11 personas murieron, mil 340 recibieron atención en centros de salud por heridas y fueron reportadas más de un millar de detenciones.