Elecciones, las reglas del juego limpio Por Fabrizio Casari | Altrenotizie.org

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La reforma electoral recientemente aprobada coloca a Nicaragua en la mejor posición posible para celebrar elecciones el 7 de noviembre. Desde el punto de vista político, así como desde el estrictamente normativo, la ley corresponde a los criterios generales utilizados en todas las grandes democracias internacionales y añade, en efecto, elementos de modernidad y de cultura progresista que no deben subestimarse en la valoración global.

La actualización de la ley electoral no es una admisión indirecta de la ineficacia anterior, sino una muestra de la más completa voluntad de actualizar todo el proceso a través del cual los nicaragüenses expresan su volutad soberana.

El fundamento político de la reforma, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, se basa en el diálogo exclusivo con los partidos legalmente constituidos. Todos ellos (diecinueve partidos) participaron en el debate sobre los criterios y la dirección a tomar. Las propuestas de cambio se han centrado en los procedimientos para aumentar la transparencia de la votación así como para aclarar las normas y simplificar los procedimientos para cualquier recurso.

Hay que decir que los cambios que se han producido responden en su totalidad a lo que el gobierno sandinista había planificado con la OEA tras las elecciones de 2016, cuando se acordó tomar medidas para optimizar todo el proceso. El gobierno sandinista ha mostrado respeto por los compromisos adquiridos con la OEA, a pesar de que la institución está ahora gravemente comprometida por la gestión sectaria y golpista de Luis Almagro. Sin embargo, el haber prestado atención a las observaciones jurídicas y técnicas que propuso, hace que la OEA no pueda objetar nada. Por eso, la pretensión de Almagro de imponer a Nicaragua condiciones diferentes a las establecidas, con el único fin de dar oportunidades a quienes no las tienen, es extemporánea, facciosa, inútil y en muchos sentidos patética.

La Reforma

La calidad democrática del proceso de reforma es incuestionable. La elección de los nuevos magistrados que componen el CSE refleja el equilibrio de poder parlamentario en un grado proporcional, como ocurre en todos los países democráticos cuando se nombran órganos de control.

En esencia, hay varios puntos en los que se actualiza la disciplina electoral nicaragüense. El primer elemento a destacar, significativo y paradigmático en sí mismo, es la absoluta paridad de género para todos los roles. Este reconocimiento de la igualdad de género no tiene precedentes en las doctrinas electorales internacionales y otorga a Nicaragua un nivel absoluto de modernidad y progresismo.

En este aspecto el diseño político de la reforma es coherente con la producción legislativa de los distintos gobiernos sandinistas que se han sucedido desde 2007, que han visto en el reconocimiento de la igualdad de género un valor ideal y político, y han evidenciado en la potenciación del papel de la mujer en la economía familiar, su reverberación más evidente en el proyecto socioeconómico de gobierno sandinista.

Como en todo el mundo, la reforma electoral nicaragüense está inevitablemente ligada a la legislación ordinaria. En la reforma, de hecho, además de las reglas generales para el desarrollo de las operaciones de votación, se dan las condiciones de capacidad o incapacidad para presentarse a las elecciones, tanto para los partidos y coaliciones como para los individuos.

La patria inviolable

Defensa de la patria frente a la injerencia, rechazo de la violencia y del terror como método de lucha política, protección del interés nacional frente a la agresión política y diplomática. En esencia, la defensa de la identidad y la soberanía nacional de Nicaragua siempre, en cualquier caso y contra cualquiera. Este es el principio básico de una reforma que, al tiempo que asigna todos los derechos, rechaza todas interferencias.

Una de las normas más importantes es la que prohíbe la financiación extranjera de las organizaciones políticas. Hace que los partidos y las personas financiadas desde el extranjero no puedan presentarse a las elecciones. Con ello se pretende delimitar claramente las fronteras entre la libertad individual y las funciones de responsabilidad pública y es coherente con la doctrina electoral internacional, dado que en muchos países del mundo existen normas idénticas que protegen la inviolabilidad de los países frente a las injerencias externas.

Entre ellos están casi todos los países de Europa, a los que les gusta definirse como la “patria” de los modelos liberales y republicanos. Ya en este como en el otro lado del charco, los nietecitos de Stuart Mills, de Hobbes y de Loke, hasta los discípulos de Max Weber, se mueve con el mismo paso. Por lo tanto, nadie, de buena fe, puede definir estas restricciones como forzamiento ideológico del sandinismo, dado que la mayoría cualificada de la comunidad internacional considera, con idéntica posición, que existe la necesidad de proteger el marco político de cada país de la injerencia de otros y, sin ningún clamor, prepara, en defensa de este principio, sanciones muy duras para quienes lo violen.

En todos los países se considera como debida la intervención para proteger la soberanía nacional y se juzga intolerable la financiación de un país extranjero a partidos y asociaciones que realizan actividades políticas dentro de su propio país, ya que ese dinero hace activa una intervención extraña en los procesos internos. Quien recibe, de hecho, entra automáticamente en una comunión de intenciones con los financiadores y desencadena por lo tanto un conflicto de intereses con su propio país. En fin, hace que la política interna del propio país sea susceptible a los intereses extranjeros.

Nicaragua, precisamente con el ánimo de pertenecer a la comunidad internacional y compartir sus principios de derecho, legisla en la misma manera. Después de todo, ¿por qué debería legislar en esta materia de forma diferente a Francia, España, Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia?

Un ejemplo reciente de cómo todos los países se protegen de la injerencia lo propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien envió una protesta diplomática a Estados Unidos acusándolos de financiar, a través de la USAID y bajo siglas que hacen creer que son organizaciones apolíticas, a organizaciones mexicanas de oposición al gobierno. Tras recordar que la Constitución mexicana prohíbe recibir dinero de otros gobiernos para realizar intervenciones políticas, calificó esa conducta de “intervencionismo y golpismo”.

Se podría argumentar que los fondos extranjeros se destinan a las ONG, que no participan en la contienda electoral, pero no sería un argumento serio. Toda operación de financiación se disimula prudentemente con fantasías léxicas, por lo que los nombres de los proyectos y de los beneficiarios tienen una importancia relativa. Especialmente en el caso de Nicaragua, cuando los beneficiarios cobran como ONG y gastan como partidos. No se juega con esto. Estamos hablando de decencia, estamos hablando de soberanía.

Compromiso público

El gobierno, con el fin de apoyar la participación de los partidos menores en la campaña electoral, proporcionará a todos los partidos elegibles reembolsos, en relación con los gastos documentados para la realización de la campaña electoral, y con el porcentaje que alcanzarán.

Por otro lado, la ley impide que las entidades estatales y las empresas públicas financien a cualquier título a uno o varios partidos, así como se le prohíbe a los ciudadanos nicaragüenses residentes en el extranjero. En cambio, permite a los ciudadanos privados que viven en Nicaragua financiar partidos o coaliciones dentro de los límites establecidos. Las donaciones y los fondos recibidos tendrán que estar estrictamente documentados y comunicados: si se ocultan, la justicia puede imponer multas de hasta tres veces la cantidad recibida.

Hubo protestas de una parte de la oposición por el tiempo establecido para cumplir con todo. El hecho de que la reforma siguiera su curso en el plazo previsto tenía un significado tanto procesal como político. Como se ha demostrado, el tiempo no es ni el problema ni la solución. Desde hace varios años la derecha intenta unirse: lo hizo por primera y última vez en 1990; a partir de 1996 cada uno prefirió saquear su parte del país en soledad.

La cuestión, entonces, no es el tiempo, es que la unidad de la oposición es imposible en las condiciones dadas: las contradicciones internas son irremediables, porque son personales y patrimoniales, no políticas. Se refieren a una lucha encarnizada entre aspirantes a líderes, que no es otra cosa que la batalla por apoderarse del país y saquearlo. Pero lo cierto es que tanto las fuerzas políticas moderadas, como las conservadoras y liberales nicaragüenses, que en todo caso gozan de apoyo electoral, respondieron dentro de los plazos establecidos por la ley a la inscripción de sus respectivos partidos en el registro electoral. Una señal de que el tiempo no es la solución y no era el problema.

¿Quién observa a quién?

Debido a los cambios acordados y realizados, que son la columna vertebral de la reforma, no será necesaria la observación electoral de terceros para la validación del proceso, que en cambio estará acompañada por expertos internacionales desvinculados de organismos preconcebidamente hostiles al gobierno. La OEA, así como los organismos estadounidenses y europeos que han mostrado una hostilidad política preconcebida hacia Nicaragua e intenciones de acoso y sanciones de forma ilegítima e ilegal, no poseen la dimensión de neutralidad técnica y política que se requiere de un organismo externo para verificar el voto de manera correcta.

No importa lo que piense Washington de las elecciones en Nicaragua. Estados Unidos no puede erigirse en juez de la regularidad del voto, tras el culebrón emitido en la papeleta de las elecciones presidenciales y después de que su candidato y presidente saliente denunciara el fraude del sistema electoral estadounidense. Exigir a los demás lo que tú no haces es ridículo.

Menos aún puede juzgar la OEA, después de comprobarse la participación directa de su misión de expertos en el golpe de Estado en Bolivia que defraudó al presidente legítimo Evo Morales y ante la presencia de Luis Almagro en el rol de Secretario General, cargo que ocupa directamente bajo las órdenes del gobierno de Estados Unidos. Mucho menos puede hablar la Unión Europea, cuyo Parlamento ha emitido bajo el dictado de Estados Unidos, condenas y sanciones injustificables contra Nicaragua y ha ofrecido apoyo político y financiero al golpismo nicaragüense.

¿Con qué condición de neutralidad se presentarían estos sujetos a examinar las operaciones de votación en Nicaragua? Es fácil creer que, perdiendo el golpismo, intenten arruinar el resultado electoral inventando fraudes e irregularidades para debilitar el prestigio internacional del gobierno sandinista, viático necesario para futuras sanciones internacionales. Por lo tanto, ningún organismo estadounidense o europeo y ninguna misión de la OEA parecen adecuados a aportar su observación.

Los aturdidos

La reforma electoral es también la última lápida sobre las ambiciones de la jerarquía eclesiástica, que ha perdido su papel, su peso político, su influencia y, sobre todo, sus fieles. Las homilías de odio de algunos de los sacerdotes y obispos han demostrado no sólo el carácter hiperpolitizado de una iglesia visiblemente reaccionaria y con rasgos fascistas aderezada con un sentimiento de alienación y rabia hacia la población de la que pretenden ser portavoces.

Ya durante la adversidad climática, la ausencia de la iglesia había iluminado su esencia reivindicativa e incluso durante la campaña sanitaria contra el Covid-19 los prelados sólo intentaron una instrumentalización política inicial y luego se refugiaron en el silencio.

El intento de ponerse a la cabeza de la oposición, de representar la cola a través de la instrumentalización de la identidad religiosa del pueblo nicaragüense ha fracasado y de poco sirven las letanías de Silvio Báez desde Miami o las homilías de algún reaccionario rancio vestido de sotana. La jerarquía eclesiástica está al margen de la vida política y social del país, ya no representa ni un punto de referencia ni un interlocutor importante para ninguna fuerza política, mucho menos para el gobierno.

Los perdedores

El primero y más importante de los perdedores es el gobierno gringo, que, como en las tres últimas elecciones, no ha conseguido unificar a la oposición nica. Demostró, de hecho, la imposibilidad de reunir a toda la derecha nicaragüense, en todos sus matices, para crear un único cartel electoral. El dinero, las amenazas y el cortejo no fueron suficientes: el odio no se puede seducir.

Igualmente derrotado está el MRS, el ala militar del golpismo, al margen por falta de representación institucional y por la evidente falta de voluntad de los partidos de entregar candidatos, liderazgo y línea política. El proyecto MRS, de hecho, era apoderarse de los símbolos y la representación legal de los partidos del derecho a imponer sus candidatos. Desde hace unos tres años, con una operación tan astuta como hipócrita, destinada a procurar beneficios privados y a ocultar la total influencia de la que adolecen, proponiendo la sugerencia de una refundación desde abajo del antisandinismo: es decir, de un golpismo callejero que represente más y mejor la oposición al gobierno que las fuerzas políticas tradicionales históricamente opuestas al sandinismo. Un cálculo erróneo de perdedores militantes.

Además, si internamente las amenazas y presiones han tenido el efecto de endurecer a todos contra ellos, las malas noticias también han llegado desde Estados Unidos. El fin de la Administración Trump ha privado al MRS de su vertiente política, es decir, de la escoria reaccionaria y terrorista de Miami liderada por Ted Cruz y apoyada en el Gabinete presidencial por Elliot Abrams y Mike Pompeo, que tenía una interlocución privilegiada con el MRS. Con la salida de la banda terrorista de Miami de la Casa Blanca, también se ha reducido la influencia del MRS en la galaxia de la derecha nicaragüense.

La derrota del MRS, o como ahora quiere llamarse, es muy dura en el plano político, porque nació con pretensiones hegemónicas y ahora muestra el aislamiento definitivo en el marco político opositor. Lo peor para ellos es la dificultad para apropiarse del botín, es decir del dinero procedente de Estados Unidos y de la UE. Se trata de unos 40 millones de dólares y la idea del MRS era embolsarse la mayor parte. Misión fallida. Como siempre, desde que nacieron.

La prepotencia de los ex-sandinistas con apellidos oligárquicos confirma la escasez política de la que dispone la traición. El odio nunca es una línea política en sí misma. No basta con transformarse de independentistas a anexionistas, de guerrilleros antiimperialistas a vasallos del imperio: en ausencia de principios que no sean el poder y el dinero de las respectivas familias y en ausencia de calidad política, las pretensiones hegemónicas resultan ser caprichos de niños malcriados.

La política, sin embargo, es cosa de adultos; está hecha de principios que dictan los sueños, de estrategias que guían los procesos, de tácticas que gestionan las batallas, de previsiones que indican las salidas políticas.

Son los desafíos para la transformación los que quedan escritos en la historia de los países; la crueldad y la traición acaban directamente en el basurero del resentimiento, el hogar de toda frustración.

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