La expansión norteamericana tras el Corolario Roosevelt. El caso de Nicaragua Por Manuel Andrés García, Universidad de Huelva (España).

Acápite 3 del ensayo «Sandino en La Habana: la VI Conferencia Internacional Americana a ojos de la prensa e intelectualidad españolas».

La idea de una América Central necesitada de un mentor firme caló con fuerza en aquellos sectores políticos estadounidenses convencidos de que el desarrollo de su país pasaba por la preponderancia exterior. No puede decirse que fuera éste un convencimiento de inicio –es más, algunas de las intervenciones en el extranjero contaron, en principio, con una importante oposición interna– pero tampoco es exagerado afirmar que, tras el periodo Roosevelt, la posición de Washington en cuanto a sus relaciones externas era de predominio.

Las incorporaciones a costa de España no serían sino el prólogo de una estrategia no centrada tanto en lo territorial como en el control de otras economías foráneas y la sumisión de sus gobernantes; una estrategia que pasaría también por dejar claro a Europa que no aceptaría más injerencias por su parte al sur de sus fronteras. No es que con ello los intereses europeos quedasen desasistidos –al menos en lo que a sus acreedores se refiere, Estados Unidos siempre procuró el pago de las deudas contraídas– pero sí se verían privados de la opción militar como factor de presión, quedando dicha alternativa en las exclusivas manos de Washington. Las consecuencias no tardarían en hacerse notar, multiplicándose las actuaciones militares estadounidenses en Centroamérica y el Caribe en las siguientes décadas. Muchas de estas intervenciones estuvieron estrechamente ligadas a los intereses de las grandes corporaciones, convirtiendo a los marines en el brazo armado de sus intereses. El general Smedley Darlington Butler, prestigioso oficial del Cuerpo de Marines, publicaría tras su jubilación algunos de los escritos más incisivos del anti intervencionismo estadounidense. Entre los más conocidos destaca el editado en noviembre de 1935 por la revista Common Sense, en la que llegaría a hacer un paralelismo entre lo que había sido su historial militar y el delictivo de Al Capone: «Mirando hacia atrás, siento que podría haberle dado algunas pistas a Al Capone. Lo mejor que pudo hacer fue operar su raqueta en tres distritos de la ciudad. Nosotros los Marines operamos en tres continentes». (“Looking back on it, I feel I might have given Al Capone a few hints. The best he could do was to operate his racket in three city districts. We Marines operated on three continents”. Butler, 1935: 8–12).

Lo cierto es que, si hiciésemos una relación de todas las acciones y ocupaciones estadounidenses en la región el resultado sería elocuente. Hasta comienzos de los años 30 padecieron dichas intervenciones Cuba (1898–1902, 1906–1909, 1912, 1917–1922); Guatemala (1920); Haití (1915–1934); Honduras (1903, 1907, 1911, 1912, 1924, 1925); México (1914, 1917); Nicaragua (1909–1910, 1912–1925, 1926–1933); Panamá (1903); Puerto Rico (1898) y República Dominicana (1903, 1904, 1905, 1912, 1916–1924). Lo mismo si observamos el incremento de las inversiones directas de los Estados Unidos en el continente entre los años 1898 y 1929. Edelberto Torres Rivas afirma en su obra publicada en 1969, que en 1897 la inversión en América Central era de 11,5 millones de dólares y de 304.3 en toda América Latina. En 1929, de 201.7 en Centro América y de 3,645.8 en todo el continente. En todo caso el porcentaje centroamericano sobre el total giraría en todo momento entre el 5 y el 7%.

El interés yanqui por Nicaragua

El interés de los Estados Unidos por Nicaragua ya venía de antiguo. No en vano fue ésta su primera opción para la construcción de un canal ístmico. Sin embargo, la deriva política nicaragüense generaría luchas internas por el poder cuyo resultado haría tambalear el predominio de las potencias foráneas en la región. Fue José Santos Zelaya, triunfador de la Revolución Liberal, quien personificaría dicho peligro con el planteamiento de proyectos políticos de carácter interregional y su oposición a satisfacer los intereses foráneos en detrimento de los propios. Tal proceder vino marcado por una concepción autónoma y personalista del poder, opuesta a la nueva dinámica expansionista que parecía confirmarse en la zona. Conforme a ello fue que Zelaya prestó ayuda a los liberales hondureños en su lucha contra el gobierno conservador de Domingo Vázquez; una ayuda que provocaría la deposición y sustitución de éste por el liberal Policarpo Bonilla. Y conforme a ello también firmó, en 1895, el Pacto de Amapala, una iniciativa para impulsar una nueva federación centroamericana y que, en principio, firmaron el propio Bonilla, Zelaya y el salvadoreño Rafael Antonio Gutiérrez. El proyecto llegaría a tener una constitución, aprobada el 27 de agosto de 1898, por la que se proclamó la creación de los Estados Unidos de Centroamérica; empero apenas sobreviviría unos meses a su promulgación, ya que el 13 de noviembre de ese mismo año un golpe de Estado en El Salvador instalaría a Tomás Regalado en el poder, comunicando ese mismo mes su salida de la nueva federación. La falta de respuesta de sus socios haría el resto.

Las pretensiones de Zelaya también tendrían su reflejo en el ámbito económico, pero los diversos planes que esbozaría para modernizar el país serían un continuo choque entre el deseo y lo posible. Si bien intentó hacer del café el puntal fundamental de la economía nicaragüense, la realidad haría que tuviese que adoptar criterios más propios del conservadurismo, como la creación de monopolios en sectores como la minería o la concesión a empresas extranjeras de diversos derechos de explotación. Fue así como entraron en el país varias compañías norteamericanas respaldadas por un Departamento de Estado decididamente a favor de su expansión en la región. No obstante, la entrada de los intereses estadounidenses –al igual que las fluctuaciones económicas nicaragüenses durante este periodo– estuvieron marcadas por la prospectiva de un canal ístmico que nunca llegaría a construirse y que, sin embargo, le procuraría a Zelaya la animadversión británica y norteamericana. La primera, por incorporar la Mosquitia a Nicaragua a fin de controlar la cuenca del río San Juan, fundamental en caso de querer construir allí el canal. La segunda, por la firme decisión de Zelaya de no ceder la soberanía de territorio alguno en caso de ser Nicaragua la ruta escogida para el paso interoceánico, lo que haría subir enteros a la opción panameña.

Las tensiones entre Zelaya y los Estados Unidos irían en aumento conforme fue consolidándose la influencia del segundo en la zona. Nicaragua, por su potencial, pretendía ejercer un liderazgo sobre sus vecinas que Estados Unidos no se podía permitir. Esto haría que las distintas aventuras políticas y militares de Zelaya –dirigidas a imponer en su entorno gobiernos de sesgo liberal– fuesen contempladas con desconfianza desde Washington, sobre todo tras el fracaso de los acuerdos diplomáticos de 1902. Nos referimos al Tratado de Paz y Arbitraje Obligatorio Centroamericano o Pacto de Corinto, suscrito por Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Éste se vería vulnerado en 1907 con el conflicto que enfrentaría a Nicaragua con Honduras y El Salvador a cuenta de las acciones de los exiliados de uno y otro bando y que terminaría con la derrota de la alianza hondureño–salvadoreña en Namasigüe.

Ni siquiera el impulso estadounidense de un nuevo acuerdo en la región llevaría la tranquilidad a sus promotores lo que, en cierto modo, marcaría el destino de Zelaya. El Tratado General de Paz y Amistad Centroamericano, firmado el 20 de diciembre de 1907 por Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y El Salvador en el marco de la Conferencia de Paz Centroamericana. Así, el desencuentro del mandatario con la empresa maderera Emery serviría como trasfondo de un levantamiento, en octubre de 1909, que aunaría a la oposición interior –personalizada en la alianza entre el liberal Juan José Estrada y el conservador Emiliano Chamorro– con el exilio político y el apoyo norteamericano. El Congreso nicaragüense le revocaría la concesión en 1904 por no cumplir distintos compromisos forestales y ferroviarios adquiridos a raíz del acuerdo. También se le acusaría de vender ilegalmente insumos destinados a otros propósitos y, por tanto, no gravados fiscalmente. Tras la revocación la empresa pidió ayuda a su gobierno, que exigiría al de Managua la devolución de la concesión o una compensación de dos millones de dólares. Tras diversas negociaciones, la indemnización quedaría fijada en 600 mil dólares a pagar en cuotas anuales de 50 mil dólares.

La Nota Knox

Sin intrusiones foráneas el enfrentamiento habría sido una guerra civil de resultado incierto, pero la actuación de Estados Unidos resultaría determinante para el desenlace del conflicto, sobre todo tras la Nota Knox.

La Nota Knox se produjo a raíz del apresamiento de dos ciudadanos norteamericanos –Lee Roy Cannon y Leonard Groce– tras intentar volar una lancha con soldados del gobierno. Puestos a disposición de la justicia militar, ambos serían fusilados el 16 de noviembre de 1909 pese a la petición de clemencia. Fue entonces cuando el Departamento de Estado –en voz de su Secretario, Philander Chase Knox– remitiría una carta al embajador nicaragüense, Felipe Rodríguez Mayorga, en la que rompería relaciones con el gobierno de Zelaya y reconocería la legitimidad de los rebeldes. La misiva, fechada el 1 de diciembre, fue tan taxativa que, pese a admitirse en ella la condición militar de los fusilados, la prensa estadounidense la consideró prácticamente el preludio de una declaración de guerra, obligando al mandatario a dimitir, el 22 de diciembre, para partir acto seguido hacia el exilio.

La política nicaragüense, tras Zelaya, viviría un profundo cambio. Su sucesor, José Madriz Rodríguez, apenas pudo sostener unos meses la lucha contra los rebeldes, llegando finalmente a la presidencia Estrada. Mucho tuvo que ver en ello Thomas G. Dawson quien, enviado por el Departamento de Estado como agente especial, maniobró entre bambalinas hasta lograr que los sublevados aceptasen todas y cada una de sus condiciones; entre ellas, la solicitud de un empréstito a banqueros norteamericanos.

Los vendepatria

Según relata Gregorio Selser en Sandino, General de Hombres Libres, el resto de requisitos fueron la elección de una Asamblea Constituyente que confirmaría a Estrada como presidente y a Díaz Recinos como vicepresidente, aprobaría una nueva Constitución y aboliría determinadas concesiones hechas por Zelaya a no norteamericanos. Aparte, se exigió la creación de una comisión mixta de reclamaciones, el castigo de los responsables de la ejecución de Cannon y Groce y la eliminación de los zelayistas de la Administración. Fue ahí donde, enterados de los planes de Washington, entraría en juego la Brown Bross & Company, presentando credenciales para hacerse cargo de la concesión de dicho empréstito. Pese a que las condiciones impuestas por Dawson finalmente vieron la luz para escándalo de propios y ajenos, lo cierto es que la entrada de esta compañía en Nicaragua acabaría, con el tiempo, poniendo las finanzas del país en sus manos26. Con todo, tampoco Estrada se perpetuaría en la presidencia ya que, en mayo de 1911, sería expulsado del país por sus aliados tomando el poder Adolfo Díaz Recinos, como presidente, y Luis Mena como ministro de Guerra. Tan así sería, afirma Selser, que Nicaragua llegaría a ser denominada en determinados medios como “la república de los hermanos Brown”. Adolfo Díaz resultaría capital en todo ello.

Merece la pena transcribir un texto de Gregorio Selser en el que narra su papel en el empréstito solicitado a los hermanos Brown: “Adolfo Díaz era un empleado de mil dólares al año en La Luz y Los Ángeles Mining Co., propiedad de la familia Fletcher por la cual velaba solícito el secretario de Estado Knox. Su primera medida fue autorizar a Salvador Castrillo, su encargado de negocios en Washington, a celebrar un tratado por medio del cual los Estados Unidos acordaban un empréstito de 15 millones de dólares, al 90% de emisión, fuera de gastos, con un interés del 5% y un 1% como amortización. Como garantía ofrecía la entrega de los ferrocarriles y vapores nacionales. Como la propuesta había sido en realidad preparada por el Departamento de Estado, y no hubo tiempo o no se quiso que lo hubiera escrito para su traducción, fue presentado al Congreso de Nicaragua escrito en idioma inglés, con orden terminante del plenipotenciario Weitzel de que se aprobara sin quitarle un punto ni hacerle variaciones a las comas. Seis diputados y dos secretarios de Gobierno, que presumiblemente conocían el inglés y que “no quisieron mancharse con la nota de vendedores de su patria” se negaron a suscribir el Tratado, sin poder evitar empero que fuera sancionado. Pero lo que no produjo la falta de sensibilidad de los diputados lo provocó el prurito legalista del Senado de la Unión; por tres veces y a pesar de la especial recomendación del presidente Taft, se negó a ratificar el tratado Knox–Castrillo, que quedó así sin vigor”.

Conservadores sumisos a los yanquis

El ascenso de Díaz a la presidencia abriría un nuevo tiempo definido por la primacía del bando conservador; las disputas internas por el poder; la relegación de los liberales como alternativa, supeditados a secundar opciones ajenas; y la confirmación de Washington como árbitro de la situación. Todo este compendio confluirá en episodios como la Revolución Libero–Conservadora de 1912, en la que la sustitución de Mena por Emiliano Chamorro como ministro de Defensa abrió la caja de los truenos enfilando al país hacia una nueva guerra civil. Las diferencias entre los conservadores se harían patentes entre un Mena designado por la Asamblea Constituyente para ocupar la presidencia y un Adolfo Díaz remiso a dejar el poder y dispuesto a aliarse con Chamorro para mantenerlo; a la par, la nueva coyuntura liberal quedaría personificada en uno de sus líderes, Benjamín Zeledón, quien puso su prestigio al servicio de Mena; en cuanto al papel decisorio de los Estados Unidos, quedaría patente con la petición de ayuda militar a Washington por parte de Díaz, siendo definitivo para la victoria final.

La derrota y exilio de Mena, junto a la muerte de Zeledón, trajo consigo la consolidación de un régimen conservador completamente sumiso a las directrices norteamericanas. Ni siquiera las desavenencias internas entre conservadores cuestionarían este último extremo, al punto que los estadounidenses pudieron permitirse dejar un contingente militar permanente en el país, hasta 1925, como si de un protectorado se tratase. Apenas eran 400 hombres, pero su sola presencia haría patente quién tenía la última palabra dentro de Nicaragua.

Durante estos años, los Estados Unidos obtuvieron todo lo que pudieron desear del gobierno de Managua, como el Tratado Bryan–Chamorro, firmado en 1914, por el que se les concedió a perpetuidad –a cambio de tres millones de dólares– los derechos de construcción de un canal interoceánico en territorio nicaragüense, al igual que los derechos por 99 años, renovables por otros tantos, para construir una base militar en el golfo de Fonseca y el arriendo, por el mismo tiempo y en iguales condiciones, de las islas del Maíz para su protección (nada que no se hubiese exigido a Panamá en 1903, incluyendo el reconocimiento de la soberanía estadounidense en estos territorios durante el periodo de arriendo, concesión y de posibles renovaciones).

Otra vez, el sirviente Chamorro

La dependencia política del país llegaría a tal punto que, tras la salida de los marines, bastó una nueva crisis para que retornasen. En esta ocasión fue por el ascenso a la presidencia del conservador Carlos Solórzano, en enero de 1925, con el liberal Juan Bautista Sacasa como vicepresidente. La presencia de un liberal en el gobierno provocó reacciones inesperadas de determinados segmentos del conservadurismo nicaragüense, como el levantamiento encabezado por Emiliano Chamorro que provocaría la dimisión de Solórzano en enero de 1926 pero no su consolidación en la presidencia, siendo obligado por Washington a entregar nuevamente el poder a Adolfo Díaz en noviembre de ese año. El problema vino cuando los liberales se negaron a aceptar que Sacasa quedase fuera del nuevo gobierno, estallando una nueva conflagración entre liberales y conservadores –la Guerra Constitucionalista– agravada con la llegada de un nuevo destacamento norteamericano a petición de Díaz.

Como en el pasado, la intervención estadounidense volvería a ser decisiva. De poco servirían los intentos de Sacasa por ser reconocido como presidente o los triunfos de José María Moncada como jefe militar del anterior: el primero, por mucho eco que quisiera alcanzar en el exterior, poco podía hacer sin la aquiescencia estadounidense, claramente favorable a Díaz; y el segundo comprobaría desde su desembarco –y, sobre todo, tras su primera victoria– la predisposición de los marines a favor del gobierno (esto aconteció alrededor del 26 de noviembre de ese año cuando, tras derrotar a las tropas del gobierno, los marines forzaron un alto el fuego y procedieron al desarme de los rebeldes). Una actitud que se vería refrendada el 7 de febrero de 1927 cuando las tropas conservadoras atacaron Chinandega con el apoyo activo de aviones norteamericanos.

Las injerencias estadounidenses no terminarían ahí, aumentando la presión tanto por vía diplomática –con el envío de Henry L. Stimson para intermediar entre los bandos y conseguir un acuerdo– como militar, tras anunciarse oficialmente el envío de una flota de 16 barcos al mando de Julian Latimer. Fruto de todo ello sería el Pacto del Espino Negro, suscrito en Tipitapa el 7 de mayo de 1927 por Moncada pero no por Sacasa quien, sintiéndose traicionado por el primero, abandonó el país junto a sus colaboradores. Conforme a dicho pacto ambos bandos debían proceder a su desarme y se permitiría al presidente Díaz terminar su mandato, quedando las fuerzas estadounidenses en el país para garantizar que se cumpliese lo suscrito. No obstante, uno de los principales dirigentes del bando liberal se negaría a aceptar el trato y anunció su intención de proseguir con las hostilidades mientras las tropas norteamericanas permanecieran en Nicaragua. Su nombre era Augusto César Sandino y, en apenas medio año, había pasado de ser un completo desconocido a comandar la resistencia liberal en Las Segovias. Pocos meses después, tras rechazar el pacto, su nombre resonaba a ambos lados del océano por sostener exitosamente la resistencia contra los marines y hacer del conflicto nicaragüense una cuestión de trascendencia internacional que tendría su eco en la VI Conferencia Internacional Americana o Conferencia Panamericana de La Habana.