Los filibusteros no participarán en las elecciones Por Alfonsa Goicoechea

Los filibusteros no participarán en las elecciones Por Alfonsa Goicoechea
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Campamento del Chipote, Vía San Fernando
Al capitán G. D. Hatfield. Ocotal
Recibí su comunicación de ayer y estoy entendido de ella. No me rendiré y aquí los espero. Yo quiero patria libre o morir. No les tengo miedo; cuento con el ardor del patriotismo de los que me acompañan.
A. C. Sandino
Julio de 1927

Motivada por los acontecimientos sociales y políticos ocurridos en nuestro país desde abril de 2018, la Asamblea Nacional ha aprobado una serie de leyes a fin de cumplir y hacer cumplir el mandato de la Constitución Política de Nicaragua, cuyo artículo primero establece: “La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar sus derechos, atenta contra la vida del pueblo”.

Las nuevas leyes son la # 1040. Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; la # 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, y la # 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, en la que sobresale la definición de hipótesis jurídicas inhibitorias de candidaturas para las elecciones generales de Nicaragua, causando gran revuelo y controversia.

Intolerable es que personeros de varios gobiernos y organismos extranjeros se han permitido rechazar públicamente la decisión legislativa soberana. La reacción adversa a la norma aprobada es infundada y sobredimensionada porque la iniciativa se resolvió de conformidad con el procedimiento técnico jurídico normal, usual de formación de la ley.

Creación del gobierno Chamorro

Además, la iniciativa no es nueva ni original del sandinismo, ya que durante el gobierno de la presidenta Violeta Barrios, la Asamblea Nacional, el 1 de febrero de 1995 aprobó la ley No. 192, según la cual: “No podrán ser candidatos a Presidente ni Vicepresidente de la República los que encabecen o financien un golpe de Estado, los que alteren el orden constitucional y como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno y Ministerios o Vice Ministerios o Magistratura en otros Poderes del Estado”.

Hace 25 años la reforma constitucional fue incorporada sin oposición en el artículo 147, literal b; por tanto, la crítica de la inaplicabilidad de la ley #1055 debido a la supuesta irretroactividad de la norma jurídica, no admite discusión.

Es decir, la ley # 1055 claramente define y precisa las manifestaciones de conductas que ya estaban presentes en el cuerpo legal en vigor en Nicaragua, las cuales, a la luz de las leyes vigentes, se conceptualizan como atentatorias contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, preceptos indiscutibles en todos los países del mundo con sistemas democráticos anclados firmemente en la Constitución Política. Lo central del tema es: no podrán ser candidatos… los que encabecen o financien un golpe de Estado.

Según la definición del Diccionario de la Real Academia Española, Golpe de Estado es la violación deliberada de las normas constitucionales de un país y sustitución de su gobierno, generalmente por fuerzas militares de fortuna. Conste que, en este punto, la expresión de fortuna no significa ganar algo en un juego de suerte, como la lotería o los dados, sino que se refiere a mercenarios, gente pagada expresamente para cumplir el plan de deponer militarmente y con violencia a las autoridades legítimas legalmente constituidas, es lo que un grupo de personas intentó lograr, sin éxito, desde abril de 2018.

Sin excepción e independientemente del bando a favor del cual estemos, todos fuimos espectadores y testigos de las acciones impulsadas en todo el país para lograrlo, los insurrectos se aseguraron que viéramos en vivo y a todo color por televisión y en las redes sociales los detalles de lo que ocurría las 24 horas del día. Presenciamos a un desconocido mozalbete arrogante, irrespetuoso, altisonante y engañado para sentirse recio dirigente político exigiendo la dimisión del gobierno de la República, tan grandes y experimentados poderes adversos instigadores de violencia no pudieron hallar un actor idóneo para la grave tarea. El ridículo tuvo su máxima expresión con su intento de ejemplificar los sucesos dolorosos con el poema de una de las personas atacadas.

Las imágenes serían risibles si el contexto no fuera trágico. Lo cortés no quita lo valiente, dice el refrán, pero no se pueden pedir zapotes al cocotero. Como no tuvieron éxito, ahora pretenden esconderse tras la falacia de que se trató de una protesta cívica, popular, democrática y desarmada.

Volviendo al tema de la aprobación legislativa, el procedimiento de perfeccionamiento de las leyes es usual, normal e inevitable en Derecho, teniendo en cuenta que la conducta humana, según los avances de la sociedad, va teniendo nuevas expresiones que las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales anteriores no propiciaban ni reconocían porque simplemente no existía la manifestación social y la consecuente necesidad de regularla. El Derecho se perfecciona, invariablemente debe actualizarse de conformidad con las necesidades y circunstancias de la sociedad en concreto.

Dura ley, pero es ley

Aunque no agrade a algunos ciudadanos en un país dado, indiscutiblemente debe haber leyes y normas que regulen la convivencia humana dentro de su territorio. Los antiguos romanos lo dijeron hace siglos: “Dura lex, sed lex” («la ley es dura, pero es ley»). Mientras la ley no se modifique o se derogue, debe cumplirse a la letra.

En conclusión, es universal el reconocimiento unánimemente legal que una fuerza organizada en un partido dentro de una sociedad deba acudir a las elecciones para poder conquistar el poder político dentro del país, cualquier otro procedimiento que se intente y/o se ejecute es una grave alteración al orden constitucional y resulta intolerable. Eso fue lo ocurrido en Nicaragua durante varios meses del año 2018, son objetivos que aún perduran, impulsadas por intereses foráneos.

La historia republicana de Nicaragua, que el próximo año conmemorará el 200 aniversario de la declaración de su independencia, registra muchos episodios en los cuales nuestro país ha sido mancillado con la presencia de forasteros mercenarios que siempre han pretendido anular nuestra voluntad nacional. Para nuestro infortunio muchas veces ha habido connacionales para quienes son más importantes los ilegítimos intereses extranjeros, que la dignidad nacional, entonces se deciden a actuar a favor de las ambiciones foráneas causando mucho dolor y daño a los conciudadanos.

Sucesivos e incontables gobiernos de los Estados Unidos se han esforzado a fin de interferir y anular por diferentes vías la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. Para justificarse, en 1823 los grupos de poder emergentes inventaron la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto que, según sus representantes, facultaban su expansionismo con la supremacía de la raza blanca sobre las otras en los territorios de América Latina y el Caribe, dentro de las pugnas hegemónicas con otras potencias coloniales europeas.

En ese contexto, cabe recordar algunos nefastos acontecimientos para demostrar cómo desde el siglo XIX malos hijos de Nicaragua han arrastrado a la nación entera a conflictos armados que solamente han producido muerte, destrucción, pobreza y atraso económico en función de intereses extranjeros, hechos que nuestra legislación debe prevenir de parte de agentes que persisten en sus mismos objetivos.

Con el propósito de conseguir la hegemonía política, después varios meses de intensos combates entre liberales y conservadores, el 16 de junio de 1855 William Walker desembarcó en el Realejo al mando de 58 filibusteros como parte de un contrato entre Byron Cole y el liberal Francisco Castellón para aportar 200 mercenarios a cambio de 52 mil acres de terreno otorgados a los invasores disfrazados de colonos, los que con el tiempo llegaron a ser más de 1200 hombres bajo su mando, sin contar los soldados nicaragüenses.

Pocos meses después, Walker se hizo nombrar en su papel de comandante en Jefe del Ejército, organizó que le “otorgaran” la nacionalidad nicaragüense y convocó elecciones ilegítimas, en las que por arte de magia “el pueblo” lo eligió Presidente de Nicaragua en una farsa electoral, los sufragios fueron amañados en su totalidad en Granada. Walker proclamó que las elecciones que le ungieron presidente de Nicaragua habían sido supervisadas por tropas de Nueva Orleans y California. Por supuesto el gobierno de los Estados Unidos lo reconoció inmediatamente y establecieron relaciones diplomáticas.

Es pertinente recordar que las pretensiones del filibustero de someter a toda Centroamérica obligaron a los ejércitos combinados de la región a combatir para expulsarlo, objetivo que se logró a costa de mucho derramamiento de sangre, destrucción y del incendio de la ciudad de Granada.

La Nota Knox y Sandino

Después de la eliminación de Walker, en el intervalo correspondiente de los gobiernos conservadores de los 30 años hubo una paz relativa, porque el país del Norte se olvidó de Nicaragua enfrascado como estaba en su Guerra de Secesión, mediante la cual los estados del Sur pretendieron imponer la esclavitud en todo su territorio, a la vez que Estados Unidos se hallaba inmerso en pugnas con Inglaterra por intereses coloniales en otros continentes.

Empezamos el siglo XX con el derrocamiento del presidente José Santos Zelaya, cuyo gobierno era abiertamente nacionalista y defendía la construcción del canal interoceánico, el cual debía permanecer bajo el control de Nicaragua como propiedad exclusiva. El gobierno estadounidense recurrió a presiones, chantajes, ataques terroristas mercenarios y todo tipo de subterfugios para imponer agentes entreguistas en el poder, lográndolo en 1909.

Por el interés que reviste para la historia patria, me permito reproducir la siguiente carta, la que por sí sola se explica, resalto subrayadas las ideas más vergonzosas:

Tipitapa, 4 de mayo de 1924.

Señor General José María Moncada

Estimado General:

Confirmando nuestra conversación de esta mañana tengo el honor de comunicarle que estoy autorizado para declarar que el presidente de los Estados Unidos tiene la determinación de acceder a la solicitud del Gobierno de Nicaragua para supervigilar la elección de 1928; que la permanencia en el poder del presidente [Adolfo] Díaz durante el resto de su mando se considera como indispensable para dicho plan y se insistirá en ello; que el desarme general del país es también necesario para el buen éxito de esta decisión y que las fuerzas de los Estados Unidos serán autorizadas para hacer la custodia de las armas de aquellos que quisieran entregarlas incluyendo las del gobierno y para desarmar por la fuerza a aquellos que se nieguen a hacerlo.

Con todo respeto,

Henry L. Stimson

Augusto Calderón Sandino fue el único que se negó a entregar sus armas, logrando expulsar al invasor después de siete años de combate duro y desigual.

La traición de Moncada

Por varias fuentes llegan hasta nuestros días las siguientes palabras de Moncada: “Yo no tengo deseos de inmortalidad. Es decir, no quiero ser un héroe, como Benjamín Zeledón. Ya estoy viejo y si puedo vivir unos años más, tanto mejor. Les digo esto a propósito de la imposición americana”. Evidentemente es una excusa barata de Moncada, quien de acuerdo con sus intereses oligárquicos de dominación y para su conveniencia y provecho personal, a través de su vida pública pasó cambiándose de bando político, alternadamente fue conservador y liberal según las filas donde pudiera sacar mejor beneficio.

José María Moncada fue candidato en los comicios celebrados el 5 de noviembre de 1928 de acuerdo con una ley electoral elaborada por el militar estadounidense Gral. Franklin A. McCoy, la cual desde su primer artículo constituye una injerencia infame y repudiable.

En resumen: el Presidente de los Estados Unidos nombra a un experto, el cual “asesora” para que el Congreso de Nicaragua apruebe la mal llamada “ley electoral” (un texto predeterminado e impuesto desde el extranjero), mediante la cual se formará una comisión nacional de elecciones para vigilar la elección y nombrar a los miembros de los consejos departamentales. Esta comisión estará compuesta por tres miembros: el presidente (un militar gringo) nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, un conservador y un liberal. La estructura de la comisión se reproduce departamentalmente y por lugar de votación.

Hago notar que en ninguno de los niveles organizativos era dirigido por un nicaragüense, a pesar que las elecciones eran las presidenciales de nuestro país. En cualquier nivel de organización de los comicios, ninguna acción ni resolución tuvo validez sin la concurrencia del presidente filibustero de la comisión.

Para terminar de arruinarla, como diría mi abuelita, la desgraciada ley electoral dispone el “derecho” de la comisión electoral de “exigir” los servicios de la Constabularia Nacional (antecedente de la sangrienta Guardia Nacional) con el objeto de “impedir intimidación y fraude en la elección y preservar el orden y la ley durante los varios actos de registro y votación”.

La traducción de esta disposición es que la intervención gringa tenía la exclusividad en la intimidación de los ciudadanos nicaragüenses dentro de nuestro propio país (los que muy a menudo resultaron asesinados impunemente) por la fuerza armada organizada y entrenada por los mismos invasores. No contentos con la disposición anterior, la “ley electoral” ordena que una fuerza suficiente de marinos gringos permanezca en el país durante la organización o instrucción de la Constabularia y durante la elección, para “reforzar el trabajo y asegurar una elección absolutamente imparcial entre los dos partidos”. Lo que realmente se procuró es la elección del candidato ungido previamente desde Washington.

Hago notar que la mal llamada “ley electoral” del brigadier McCoy lo menos que tiene es de electoral, porque solamente se ocupa de establecer quién tiene el mando para decidir operativamente qué hacer, cómo y cuándo, reivindicando esa facultad para el extranjero usurpador y atropellando de paso al Congreso Nacional de Nicaragua y la soberanía nicaragüense.

Terrorismo de Estado

También es necesario recalcar que para financiar la misión electoral, Moncada contrató el préstamo de un millón y medio de dólares con los banqueros gringos a pagarse con los bienes de la nación nicaragüense. Por esa vía mantuvo empeñada nuestra soberanía para cumplir intereses y pretensiones entreguistas: terrorismo de Estado en favor de intereses financieros privados.

Un cable de prensa fechado en octubre 16 del siguiente año refiere: “El presidente de Nicaragua, general José María Moncada, entregó hoy la medalla de honor a 37 oficiales y hombres de la flota norteamericana, como premio por la ayuda que ofrecieron al país, para restablecer la ley y el orden durante las elecciones…”.

Después de muchos otros eventos terribles en la historia de la intervención estadounidense en los asuntos de Nicaragua durante el siglo XX, destaca la agresión militar por la cual la Corte Internacional de Justicia de la Haya condenó al gobierno de los Estados Unidos a la indemnización por un monto de 17 mil millones de dólares. Como es sabido y quedó demostrado en el juicio ante la Corte, el propósito de esa contienda fue derrocar al gobierno nicaragüense. La sentencia permanece incumplida.

En el siglo XXI encontramos el intento del golpe de Estado expuesto al inicio de este escrito, tema sobre el cual es innecesario redundar, pero si es imperioso aclarar que si las intenciones de los participantes realmente fueran democráticas, como quieren hacer creer los agentes extranjeros, no hubieran necesitado recurrir al homicidio, el terrorismo, la extorsión, el entreguismo y al intento de derrocamiento, sino a las elecciones.

Hace 165 años los nicaragüenses estamos resistiendo los ataques filibusteros de la mayor potencia militar del mundo, los expulsamos en 1856 y en 1934, cuando Sandino les propinó la más vergonzosa derrota, igual que en 1a guerra contrarrevolucionaria impuesta durante la década de los 80; en 1986 los vencimos jurídicamente ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en 2018 volvimos a contener su intento de golpe de Estado, triunfaremos en las urnas electorales de 2021.

Hay gente desarraigada, desubicada, traidores a la Patria que en función de intereses espurios quiere repetir los días nefastos como en un ciclo infernal. Precisamente por esa razón el Estado nicaragüense ineludiblemente debe disponer de la legislación necesaria para salvaguardar la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz, derechos irrenunciables del pueblo.

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