Nicaragua impide que EEUU compre el proceso electoral Por Rita Jill Clark-Gollub* | NicaNotes / Tortilla con Sal. Traducción de Camilo Mejía

Nicaragua impide que EEUU compre el proceso electoral Por Rita Jill Clark-Gollub* | NicaNotes / Tortilla con Sal. Traducción de Camilo Mejía
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Los medios de comunicación corporativos están de nuevo inundados de artículos acusadores sobre Nicaragua, afirmando que el gobierno está descalificando a los opositores políticos para dar al FSLN una victoria fácil en las elecciones de este año.

Echemos un vistazo a lo que realmente está sucediendo, desde las nuevas leyes, a la elegibilidad de los partidos políticos, al tratamiento de los acusados de delitos. Se trata de una combinación de personas involucradas en delitos reales que dicen ser candidatos presidenciales antes de ser arrestados; y una increíble cantidad de dinero estadounidense para el cambio de régimen que ha estado fluyendo en el país durante años, que las instituciones gubernamentales nicaragüenses están tratando de detener.

Contexto

El primer y más importante elemento de contexto es que Nicaragua es un país atacado. Desde el intento de golpe de Estado de 2018, han salido a la luz documentos que indican que los líderes de la violencia estaban recibiendo decenas de millones de dólares de grupos de fachada de la CIA como la USAID y la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED) a través de programas para “promover la democracia” y “facilitar la transición”, palabras clave para el cambio de régimen.

Además, como se reveló en agosto de 2020, hay un complot golpista en curso de la USAID llamado Asistencia que Responde a Nicaragua (RAIN, por sus siglas en inglés) que busca asegurar que las elecciones de este año resulten en un gobierno a gusto de los Estados Unidos.

Por último, hay un esfuerzo muy activo en el Congreso de Estados Unidos para imponer sanciones adicionales y de gran alcance a Nicaragua: la Ley RENACER. Sus “sanciones selectivas” apuntan a prácticamente la mitad de la población, incluidos todos los funcionarios del gobierno y los miembros del Frente Sandinista y sus familiares. Esto supondría una escalada sin precedentes de medidas coercitivas unilaterales que podrían hundir a esta nación financieramente estable en la penuria económica que actualmente experimentan Cuba, Venezuela e Irán.

Los distintos poderes del Estado nicaragüense han respondido. En primer lugar, el poder legislativo ha aprobado algunas leyes importantes en los últimos meses. La Ley de Agentes Extranjeros (inspirada en una ley de 83 años de antigüedad en Estados Unidos) exige a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que den cuenta de cualquier financiación extranjera que reciban, incluyendo quiénes son sus donantes, qué dinero se recibió, el propósito de las donaciones y una descripción de cómo se gastó el dinero. Esta información debe corresponder a los estados financieros de la ONG.

Otra ley recientemente promulgada es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. La ley dice, entre otras cosas, que quienes financien o dirijan un golpe de Estado o faciliten o fomenten sanciones económicas o de otro tipo contra el Estado nicaragüense o sus ciudadanos, podrán ser acusados de traición a la patria e impedidos de ejercer cargos públicos. El Ministerio de Justicia es el encargado de procesar estas y otras leyes.

Partidos políticos y gobernabilidad

La personería jurídica de los partidos ha sido durante mucho tiempo un problema, dadas las luchas internas y la escisión de los partidos de la oposición, particularmente desde el intento de golpe de Estado de 2018 y a pesar de los mejores esfuerzos de la embajada de Estados Unidos en Managua para formar una oposición unida. Pero las nuevas reformas electorales permiten a los partidos recibir reembolsos del gobierno para las campañas electorales, incluso si gozan de menos del 4% de apoyo popular.

Aunque las encuestas muestran que si la oposición puede unirse en torno a un único candidato, podría obtener hasta el 21% de los votos, esta unidad ha sido difícil de conseguir; mientras tanto, el FSLN siempre sale con más del 60% del apoyo popular en las encuestas. Por ello, es difícil digerir las noticias que aparecen en los medios de comunicación corporativos sobre la eliminación de los partidos de la oposición por parte del gobierno para asegurar la victoria del Frente.

Una de esas noticias es la del Partido de Restauración Democrática (PRD), que recientemente perdió su personería jurídica. Pero esto no se hizo por iniciativa del gobierno, sino que los propios miembros de la junta directiva del PRD pidieron al Consejo Supremo Electoral (CSE) que anulara su estatus porque acusaron al pastor evangélico que dirigía la organización de ignorar los propios estatutos del partido y de formar una alianza sin el acuerdo de sus miembros.

Otro tema favorito de los detractores de Nicaragua es que el CSE, el cuarto poder del Estado, encargado de supervisas las elecciones, está sesgado a favor del FSLN. Las recientes reformas electorales incluyeron algunas de las sugeridas por la Organización de Estados Americanos tras las elecciones de 2016. En mayo se eligió un nuevo CSE que incluye un tercio de miembros ajenos al partido de gobierno a pesar de que el FSLN tiene una súper mayoría en la Asamblea Nacional, como detalló Louise Richards en NicaNotes de hace tres semanas. Este CSE es también uno de los órganos electorales más diversos de la región, incluyendo a varios indígenas y afrodescendientes, y una mayoría femenina. Pero Washington sigue molesto con su composición ya que ninguno de sus políticos favoritos fue elegido por la Asamblea Nacional.

Aplicación de las leyes

La semana pasada, la directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Cristiana Chamorro, fue acusada de lavado de dinero y puesta bajo arresto domiciliario después de que se negara a rendir cuentas de los millones de dólares que recibió de USAID y otras agencias y fundaciones del gobierno de Estados Unidos en los últimos años, como lo exige la Ley de Agentes Extranjeros.

El día anterior, el periodista estadounidense Ben Norton publicó una extensa exposición de cómo su Fundación ha sido utilizada para canalizar millones a una variedad de ONG de la oposición y medios de comunicación favorables a los planes de cambio de régimen de Estados Unidos. Uno de los aspectos más escandalosos de este artículo es cómo la vasta red de medios de comunicación de la oposición nicaragüense ha sido cultivada y alimentada por la USAID y la NED. Cualquiera que haya estado observando a Nicaragua sabe que estos medios supuestamente “independientes” en Nicaragua han sido la principal fuente de noticias sobre Nicaragua reportadas aquí en los Estados Unidos. En otras palabras, ¡en mi país la mayoría de la gente obtiene información sobre Nicaragua de la CIA!

Las sumas de dinero que el periodista nicaragüense William Grigsby, Ben Norton y otros han revelado son astronómicas para un país pobre de 6,5 millones de habitantes. De hecho, la página web de USAID indica que desde 2015 ha gastado 160.586.742 dólares en ONG nicaragüenses.

Esta suma hay que ponerla en contexto. Equivale a 24.70 dólares por persona en Nicaragua. Si una potencia extranjera hostil quisiera hacer esto en Estados Unidos, tendría que gastar 8,200 millones de dólares para cubrir nuestra población de 331 millones. La hipocresía nos grita después de ver años de titulares quejándose de la “intromisión de Rusia” en nuestras elecciones ¡por gastar 125.000 dólares en anuncios de Facebook!

Una comparación de la riqueza de los dos países hace que la cifra sea aún más escandalosa. El PIB de Nicaragua es de unos 12.000 millones de dólares, mientras que el PIB de Estados Unidos es de unos 21 billones de dólares, lo que hace que la economía estadounidense sea más de 1,750 veces mayor que la de Nicaragua. Podemos multiplicar 160,586,742 de dólares por esa cifra para ver que para la economía estadounidense esto sería como una infusión hostil de 281 mil millones de dólares. No es de extrañar que Nicaragua haya empezado a pedir cuentas del dinero.

EEUU se niega a ayudar al pueblo de Nicaragua

Un triste corolario de esto es que Nicaragua no está recibiendo los fondos de ayuda de Estados Unidos que le gustaría recibir y que realmente podrían ayudar a la gente. El país fue bloqueado para recibir fondos de ayuda para el Covid-19 de organizaciones multilaterales hasta finales de 2020; después de que Nicaragua recibiera los primeros y más duros golpes de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020, sólo recibió una fracción de la ayuda que Estados Unidos envió a Honduras y Guatemala, e incluso esta pequeña cantidad fue a parar a las ONG, no al gobierno. Y Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, está excluida de la ayuda para la vacuna Covid-19 que Estados Unidos decidió recientemente proporcionar a otros países, especialmente en América Latina.

La propia declaración de Cristiana Chamorro sobre la propiedad de sus fondos es bastante extraña: “El Departamento de Estado de los Estados Unidos rechazó las acusaciones de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro basándose en las auditorías que realizaron y que no encontraron pruebas de lavado de dinero o desvío de fondos”. No sólo espera que el zorro cuide el gallinero, sino que ha olvidado en qué país vive. Los cargos contra ella también incluyen el depósito de dinero de la Fundación en su cuenta bancaria personal.

Chamorro y sus partidarios lo califican de acusación política. Aunque a finales de mayo, y a medida que se hacía evidente la gravedad de los cargos que se le imputan, la señora Chamorro anunció su intención de aspirar a la candidatura de la alianza de la oposición a la presidencia, nunca fue una candidata viable, apenas aparecía en las encuestas y nunca fue un modelo de “periodismo independiente”. Y lo que es más importante, no perseguirla por pretender ser candidata iría en contra de la legislación nicaragüense. Como dice el periodista italiano Fabrizio Casari, “que Daniel Ortega pueda temer su candidatura parece una hipérbole. [Pero] pensar que el poder judicial debe detener el proceso sólo porque ella es una candidata autoproclamada sería politizar la justicia”.

La mencionada Ley para la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, se está aplicando en algunos casos de gran repercusión. Arturo Cruz, un empresario que también se había lanzado al ruedo por la candidatura de la coalición opositora, fue aprehendido el 5 de junio al llegar al aeropuerto desde Estados Unidos con una gran suma de divisas no declaradas. La fiscalía indica que hay fuertes indicios de que estuvo en Estados Unidos pidiendo y colaborando en los esfuerzos para imponer sanciones a Nicaragua, y que le pagaron por ello. Algunos se preguntan si llevó un maletín lleno de plata porque quería ser detenido, sabiendo que eso daría mucho juego en la prensa.

Y el 8 de junio Félix Maradiaga fue acusado de violar esa misma ley y también fue detenido. Maradiaga, un Aspen Fellow educado en Harvard que ha recibido durante mucho tiempo fondos de la NED a través de su propia ONG, se hizo infame durante el intento de golpe de Estado de 2018 como uno de los autores intelectuales de la violencia, siendo grabado con manifestantes armados. Se benefició de la amnistía concedida por el gobierno en 2019 a todos los implicados en delitos relacionados con la violencia de 2018, y desde entonces ha estado viajando a Estados Unidos y a organizaciones internacionales, abogando abiertamente por la imposición de sanciones a su país. Dada la animosidad que ha creado hacia sí mismo entre los nicaragüenses comunes, es asombroso que pueda llamarse candidato presidencial.

Al cierre de esta edición, otra persona fue detenida el 8 de junio y acusada en virtud de esta ley. Juan Chamorro García también ha estado pidiendo públicamente sanciones contra su país para facilitar el derrocamiento del gobierno. Ha recibido millones de dólares de Washington, principalmente a través de su ONG, FUNIDES, algunos de ellos canalizados a través de su prima Cristiana en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Sí, se están aplicando las nuevas leyes para proteger al país de la injerencia extranjera, y es probable que haya más detenciones. Se está persiguiendo a la gente basándose en las pruebas, sin tener en cuenta el reconocimiento del nombre y el estatus social. En cuanto a por qué está ocurriendo esto ahora, es obvio que – sabiendo que no pueden ganar las elecciones – los grupos de la oposición están planeando más disturbios, ya sea antes de las elecciones, o cuando se declaren los resultados, o ambos. Los sondeos de opinión en Nicaragua muestran de forma abrumadora que la gente no quiere más violencia, por lo que el gobierno está tratando de proteger la paz durante los próximos seis meses críticos.

Los comentaristas han observado otro aspecto de la hipocresía estadounidense, que consiste en que se queja cuando se emprenden acciones legales contra sus aliados políticos en Latinoamérica, pero se hace la vista gorda cuando se despliegan maniobras legales claramente artificiosas contra sus enemigos. Así sucedió cuando se impidió que Lula da Silva se presentara a las elecciones en Brasil y cuando se obligó a Rafael Correa a exiliarse de Ecuador, por citar sólo dos ejemplos de “lawfare” emprendida contra políticos de izquierda con apoyo de Estados Unidos.

¿Qué podemos hacer?

Es muy importante que los que estamos en el movimiento de solidaridad recordemos por qué el actual gobierno nicaragüense goza de tanto apoyo en las encuestas entre la gente: ha rechazado el capitalismo neoliberal a favor de la protección del pueblo y del planeta con políticas que han traído más prosperidad a más nicaragüenses desde 2007 que en cualquier otro momento de la historia de la nación. Por ello ha provocado la ira del gobierno estadounidense dominado por las empresas multinacionales. Nuestro papel en esta situación sigue siendo el mismo de siempre: abogar por que nuestro país deje de gastar nuestros impuestos para inmiscuirse en los asuntos internos de otros países. Es decir, permitir que el pueblo nicaragüense forje su propio camino, sin las trabas de la vieja mentalidad neocolonial estadounidense que pretende saber lo que más conviene para los pueblos de otros países.

(*) Rita Jill Clark-Gollub es miembro activo de Friends of Latin America en Maryland, y editora adjunta/traductora en el Council on Hemispheric Affairs.

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