Uso, abuso y censura en las redes sociales Por Fabrizio Casari | www.altrenotizie.org

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Donald Trump ha sido prohibido indefinidamente de Twitter (tan influyente en su candidatura y durante todo su mandato) y Facebook. La cosa en sí no hace que nadie pierda el sueño: los que han llamado “estiércol” a los latinos, han promovido golpes de Estado, han arrancado a niños migrantes de sus madres y los han encerrado en jaulas no pueden obtener ninguna simpatía o comprensión. En todo caso, divierte el némesis que le ocurre a quienes querían censurar a Tik Tok y golpear a Huawei para convertirse ahora en alguien que se arriesga a tener que comunicarse por voz.

Las decisiones sobre Twitter y Facebook parecen estar relacionadas con el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores y, más aún, con su negativa a reconocer los resultados de las elecciones, poniendo por primera vez a los Estados Unidos en la lista de estados con sistemas electorales dudosos, sometiéndolos al escepticismo internacional y socavando la supuesta superioridad del sistema. Tiene poco que ver con la falta de respeto a la legalidad y menos aún con el respeto a la soberanía.

La doble moral de Zukemberg

De hecho, si se examina más de cerca, esta repentina oleada de responsabilidad democrática por parte de Zukemberg es, cuando menos, extraña, dado que Facebook se ha prestado con entusiasmo a todos los golpes de estado promovidos por los Estados Unidos en los últimos años. Desde las llamadas “fuentes árabes” hasta Ucrania y Georgia, desde el intento de golpe de Estado en Nicaragua hasta el éxito en Bolivia y, por último, en Bielorrusia, Facebook ha sido un instrumento decisivo del golpe de Estado, y Zukemberg nunca ha cuestionado el uso que hacen de él sus usuarios.

En Nicaragua, por ejemplo, las mentiras y la muerte se vendían en Facebook, y los golpistas publicaban vídeos de ellos torturando y matando a sandinistas y policías. Zukemberg no consideró necesario bloquear a los trolls que estaban en Chile y Costa Rica, ni a los usuarios golpistas que usaban sus páginas para señalar objetivos a los “estudiantes pacíficos”. Evidentemente, para los medios sociales de EEUU hay golpes que son aceptables y otros que no lo son.

Dejemos de lado, por ahora, el papel de los gigantes de la Red, pero, sin embargo, la utilidad de las sanciones contra el ahora ex presidente ofrece la oportunidad de plantear la cuestión del uso y el abuso de una herramienta que se ha convertido en insustituible para miles de millones de personas. De hecho, la censura de los medios sociales se aplica diariamente a miles y miles de usuarios que no incitan a un ataque al Capitolio. Sólo hay que publicar fotos o textos que van en contra de los intereses de EEUU para arriesgarse a las sanciones de los medios sociales.

¿Puede uno sentirse indignado por la censura de Trump, o es mejor mirar mucho más profundamente, es decir, a la censura de quienes no tienen ni el poder político y mediático, ni los recursos económicos, ni la capacidad de persuasión de un presidente de los Estados Unidos, pero que se ven obliterados por la mera incompatibilidad política con los medios de comunicación social? Decir que los EEUU promueven golpes de Estado o instigar un asalto al Congreso de los EEUU no es lo mismo y no puede generar la misma sanción. En el primer caso es una opinión abundantemente probada, en el segundo caso es incitación al crimen. Sin embargo, ambas expresiones han sido censuradas.

Los abusos delictivos en las redes

Hay dos áreas que nadie puede unificar. Cuando un usuario es censurado por difundir el horror (desde la pornografía infantil hasta el lenguaje de odio, desde la incitación a la violencia hasta las amenazas, la difamación, la violación de la privacidad) es correcto censurar e intervenir con el rigor de las leyes. Esto es en nombre de la incompatibilidad entre sus publicaciones y el código penal, civil e incluso ético que rige nuestras organizaciones sociales. Mucho menos derecho, en cambio, es ser censurado por expresar opiniones políticas que no coinciden con la sociedad propietaria del medio.

Es engañoso reducir o exaltar los problemas haciéndolos muy graves o irrelevantes según el perfil de la persona que es víctima de la intervención. Más bien, es útil darse cuenta de cómo las libertades constitucionales, así como las expresadas por el sistema jurídico y la ley, pueden ser burladas silenciosamente por el director general de una empresa. Esto es particularmente grave si consideramos que los medios de comunicación no son un detalle insignificante, un elemento secundario de nuestra presencia en una sociedad de masas.

El problema está ahí y es bueno no distraerse. Una empresa privada decide, abusando de su poder, censurar, ocultar, alterar o limitar el derecho de expresión de sus usuarios, como si se tratara de su propiedad para disponer de ella a voluntad.

Se puede argumentar que, al ser empresas privadas y no públicas, no hay obligaciones que respetar, que tienen su propio código de conducta que todo usuario, en el momento de registrarse, acepta y que por lo tanto, al violarlo, incurrirá en una sanción. Pero incluso aquí hay un problema: la sanción es un derecho exclusivo de quien posee el medio y la aplicación y la entidad de la sanción dependen del juicio incuestionable del sancionador, no hay posibilidad de oponerse o responder a ella, ni de ser indemnizado por los daños eventualmente sufridos por el oscurecimiento ordenado. La cuestión es quién determina si se ha violado y qué posibilidades hay de que la parte sancionada responda.

Se objetará que si no se quiere reconocer este poder se puede desfilar fácilmente, abandonando los medios de comunicación social, pero, sin ninguna hipocresía, debemos reconocer cómo el uso de los medios de comunicación, para la interconexión global que atraviesa nuestras sociedades de masas, es ahora un elemento indispensable para la reproducción social de cada uno de nosotros.

El enorme poder de las redes y los medios

No sólo existe la ya fundamental libertad de comunicar, sino también las aplicaciones profesionales, la definición de la propia función, la posibilidad de expresar los propios valores sin tener que depender de los medios de comunicación oficiales. Que, mucho antes e incluso más que Facebook o Twitter o Instagram o WhatsApp, censuran, ocultan y mienten para defender los intereses de los editores determinando la “formación” que les es útil en lugar de difundir información real.

Al igual que los medios clásicos, los grandes medios sociales representan un inmenso poder, ya que gestionan más del 90% de la comunicación mundial entre individuos y grupos: su gestión, inclinada a la voluntad política de sus propietarios, además de salvaguardar exclusivamente sus respectivos intereses, crea una dependencia del discurso público respecto del interés privado.

Cuando se está en presencia de una libertad absoluta y discrecional, se produce el triunfo definitivo del capitalismo neoliberal, que ve la soberanía de las empresas como superior a la de las corporaciones, el primus inter pares del beneficio sobre el acceso a los derechos universales, el tribunal del Gran Hermano se levanta y sustituye al juez legítimo. Ya no es el Parlamento de un país el que dicta las leyes que rigen las libertades y prohibiciones, los poderes o impedimentos, los derechos y deberes de la nación que lo elige. Hay un director general de una corporación que establece las normas y la conducta a seguir.

La amenaza está dirigida a la democracia. Cuya primera regla de funcionamiento es asegurar el equilibrio entre los poderes y sus contrapoderes. En la producción de la comunicación y el conocimiento, independientemente de la calidad del producto, el control del mercado para la circulación de las ideas se ejerce como nunca antes en la historia de la humanidad. Por ello, las grandes empresas de comunicación y sus estructuras de apoyo deben estar sujetas a alguna forma de control público, que es la única garantía de limitar su discreción.

Una estructura tan importante no puede vivir sin instrumentos públicos de control, y deben ser las autoridades públicas nacionales las que dispongan de los instrumentos de control y supervisión para garantizar que se utilicen de manera legal, justa y lo más neutral posible.

Es legítimo abrir empresas para obtener beneficios; no es legítimo obtener beneficios para controlar y sustituir el poder político y gobernar la sociedad. Elegir y ser elegido sigue siendo la única forma aceptable de delegación en las sociedades democráticas: pensar en situarse por encima de ella abre el camino al gobierno de censo, a la dominación tecnocrática, al pensamiento único que se convierte en norma, ya no sólo en costumbre. Restablecer la primacía entre la sociedad y las sociedades parece ser un tema de extraordinaria actualidad.

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