Así funciona la mafia de las medicinas en tiempos de pandemia Por Eric Toussaint | Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM) Traducido por Griselda Piñero

El saber, los descubrimientos científicos, los procedimientos técnicos deberían constituir un bien común de la humanidad. Cuanto más se extendió el capitalismo, más favoreció la apropiación privada de los conocimientos y de las técnicas, especialmente por medio del sistema de patentes. Porque el gran capital no solo no comparte los conocimientos sino que se los apropia y luego el público los ha de pagar.

El gran capital acapara los resultados de las investigaciones efectuadas en universidades o en centros de investigación públicos. También patenta las semillas que son el resultado de múltiples selecciones realizadas a lo largo de los siglos por los campesinos y campesinas. Como ejemplo, la firma Del Monte, del agronegocio, hizo patentar tomates producidos por las poblaciones de los Andes, y ahora pretende hacerles pagar un derecho sobre sus semillas.

La mafia se apodera de la OMC

Cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) se estableció en 1995, el Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio (ADPIC) (en inglés TRIP, Trade Related Intelectual Property Rights) permitió que las grandes empresas capitalistas reforzaran su poder. Ese acuerdo concierne a ámbitos tan diversificados como son la programación informática y el diseño de circuitos impresos, los productos farmacéuticos y los cultivos transgénicos. Define unas normas mínimas sobre las patentes, los derechos de autor, las marcas comerciales y los secretos de fabricación. Esas normas las genera la legislación de los países industrializados e imponen, por lo tanto, a todos los miembros de la OMC el tipo y nivel de protección de esos mismos países.

Esas normas son netamente más estrictas que la legislación vigente en la mayoría de países en desarrollo antes de su adhesión a la OMC, y entran, a menudo, en conflicto con los intereses y necesidades propias de esos países. Es posible obligar a un país a aplicar el acuerdo ADPIC de la OMC por medio del sistema integrado de arreglo de diferencias. En la práctica, eso significa que si un país no respeta sus obligaciones en materia de derechos de propiedad intelectual, puede que se le impongan sanciones comerciales, y eso constituye una seria amenaza.

El FMI, el Banco Mundial y las grandes potencias utilizaron toda su influencia, especialmente mediante su calidad de acreedores, para obligar a los países en desarrollo reacios a respetar el acuerdo ADPIC. Más aún, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países ricos consiguieron acuerdos bilaterales que ofrecen una protección de sus patentes todavía más estricta que las “normas mínimas” definidas en el acuerdo ADPIC: son las normas “ADPIC más”.

En el seno del comité ADPIC de la OMC, desde 2020, varias grandes potencias, entre las cuales la Unión Europea, el Reino Unido y Japón se oponen al levantamiento temporario de las patentes sobre las diferentes vacunas contra el coronavirus (Covid-19).

Por su parte, el gobierno de Biden, que había anunciado en mayo de 2021 que era favorable al levantamiento temporario de dichas patentes, hasta ahora no ha hecho nada en concreto para hacer avanzar ese tema. La razón principal reside en el hecho de que esas patentes son la fuente de enormes beneficios para las grandes firmas farmacéuticas privadas. Estas industrias están protegidas y favorecidas por gobiernos que les permiten abusar de su posición.

Las patentes, el gran negocio

Como escribe Peter Rossman: “Las empresas farmacéuticas financiarizadas deben considerarse como organizaciones que gestionan sus operaciones en términos de un conjunto de activos financieros más que activos físicos. Su principal activo financiero está constituido por las patentes, que generan el 80 % de sus beneficios”.

Rossman precisa que: “En 1980, Estados Unidos adoptó una ley que autorizaba a las pequeñas empresas y a las universidades patentar sus invenciones desarrolladas con fondos públicos. Antes, esas invenciones o descubrimientos iban automáticamente al gobierno que los concedía, bajo licencia, a fabricantes de productos genéricos, o estaban directamente introducidas en el dominio público. Las universidades y los jóvenes emprendedores están ahora integrados en un complejo de conocimientos dirigido por las empresas. La ‘transferencia de tecnología’ transformó la investigación pública en patentes privadas”.

Rossman prosigue: “las empresas están cada vez más financiarizadas, reduciendo los gastos ligados a las capacidades de producción, a los empleados e incluso a la I+D, con el fin de liberar liquidez para distribuir entre los accionistas bajo forma de dividendos y realizando recompras de acciones. La recompra de acciones reducen la cantidad de acciones en circulación, y eso aumenta el beneficio por acción.

“Las recompras aumentan la remuneración de los dirigentes, cuyo principal componente reside en las opciones de compra de acciones. Entre 2006 y 2015, las 18 mayores sociedades farmacéuticas de Estados Unidos distribuyeron el 99 % de sus beneficios a los accionistas, de las que la mitad en forma de recompras. En dos de las mayores empresas, Pfizer y Johnson &Johnson, los gastos ligados a la recompra de acciones y a los dividendos entre 2006 y 2015 superaron sus ingresos netos totales.

“Estas dos empresas apuntaron hacia el mercado de préstamos para financiar los crecientes rendimientos de los inversores y de sus altos ejecutivos, utilizando los activos de propiedad intelectual como garantía”.

Durante ese período de 2006-2015, Pfizer pagó 131,000 millones de dólares a sus accionistas, al mismo tiempo que gastaba 82,000 millones de dólares en I+D.

La pandemia del Covid-19

Desde la extensión de la pandemia a todo el mundo, el debate sobre las patentes se volvió fundamental. En el seno de la OMC, 62 países, liderados por India y Sudáfrica, propusieron el 2 de octubre 2020 la renuncia a las obligaciones de los Estados miembros con respecto al acuerdo ADPIC, y que esa determinación se aplicara a todos los productos necesarios a la prevención, el confinamiento y el tratamiento del Covid-19. La propuesta quedó bloqueada en la OMC, especialmente por la posición de la Comisión Europea que rechazó adherirse a la opinión del Parlamento Europeo, aunque éste había votado dos veces a favor de la retirada de las patentes sobre las vacunas. En septiembre 2021, 105 países apoyaban la propuesta de la India y de Sudáfrica.

Es una cuestión literalmente vital. Si se mantienen las patentes, una gran parte de la población de los países del Sur global que desee vacunarse no lo podrá hacer, ya que no tendrá acceso a esas vacunes en unos plazos razonables. En agosto de 2021, menos del 2 % de los 1.300 millones de habitantes de África tenían la pauta de vacunación completa, cuando en Europa occidental, Estados Unidos y Canadá era del 60 %. Con fecha de junio de 2021, de los 2,295 millones de dosis administradas en el mundo un cuarto fue administrado en los países del G7, donde vive solamente el 10 % de la población mundial.

Según los datos recogidos por un grupo de investigadores de la universidad de Oxford, en septiembre de 2021, únicamente el 2,1 % de la población de los 27 países más pobres habían recibido una dosis de una vacuna contra el Covid-19. Y solo el 0,3 % fue a los países de ingresos bajos, según la OMS, aunque en ellos vivan cerca de 700 millones de personas. Según los datos recogidos por el equipo de la Universidad de Oxford, que elabora esta web, se muestran algunos ejemplos de países donde el porcentaje de vacunación es inferior al 2% en septiembre de 2021: 1.6% de la población en Zambia, 1.6% en Níger, 1.5% en Somalia, 1.5% en Malí, 1.4% en Sudán, 1.4% en Camerún, 1% en Yemen, 0.69% en Madagascar, 0.58% en Chad, 0.57% en Tanzania, 0.11% en la República Democrática del Congo. Según Amnistía Internacional, menos del 1% de la población recibió dos dosis de vacuna en dichos países.

Siguiendo con el informe publicado por esa organización el 22 de septiembre de 2021, sobre los 5.760 millones de dosis inyectadas, solamente el 0.3 % fue en los países de ingresos bajos. En ese informe con título sugestivo, “Una doble dosis de desigualdad”, AI denuncia el comportamiento de las 6 grandes compañías privadas que producen la mayoría de las vacunas anti-Covid en los países ricos (Astra Zeneca, BioNTech, Johnson&Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer). Según Amnistía: “Esas seis empresas, al mando del despliegue de vacunas contra el Covid-19, alimentan una crisis de derechos humanos sin precedentes al negarse a renunciar a sus derechos de propiedad intelectual y compartir su tecnología, y además, la mayoría de esas industrias farmacéuticas se abstienen de enviar vacunas a los países pobres”.

COVAX no es la solución

Los gobiernos de los países del Sur deberán endeudarse si quieren ver a su población vacunada, ya que las iniciativas del tipo COVAX son totalmente insuficientes y consolidan la influencia del sector privado. COVAX está codirigido por tres entidades: 1. La Alianza GAVI, una estructura privada en la que participan empresas y Estados. 2. La Coalición para las innovaciones sobre la preparación a las epidemias (CEPI), que es otra estructura privada en la que participan igualmente firmas capitalistas y Estados. 3. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que es una agencia especializada de las Naciones Unidas.

Entre las empresas que financian e influyen en GAVI se encuentran, especialmente, la Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, Blackberry, Coca Cola, Google, la Federación internacional de comercialización de productos farmacéuticos (International Federation of Pharmaceutical Wholesalers), el banco español CaixaBank, el banco UBS (principal banco suizo privado y el mayor banco de gestión de fortunas en el mundo), las sociedades financieras Mastercard y Visa, el constructor de motores para aviones Pratt & Whitney, la firma multinacional estadounidense especializada en los bienes de consumo corrientes (higiene general y personal) Procter & Gamble, la multinacional agroalimentaria neerlando-británica Unilever, la sociedad petrolera Shell International, la firma sueca de streaming musical Spotify, la firma china TikTok, la compañía de automóviles Toyota,…

La segunda estructura que codirige COVAX es la Coalición para las Innovaciones sobre la Preparación para las Epidemias (CEPI), que fue fundada en Davos en 2017, con ocasión de una reunión del Foro Económico Mundial. Entre las sociedades privadas que financian e influyen fuertemente en el CEPI, encontramos, otra vez, a la Fundación Bill & Melinda Gates, que invirtió 460 millones de dólares.

La composición de la iniciativa COVAX nos dice mucho sobre la renuncia de los Estados y de la OMS a responsabilizarse de la lucha contra la pandemia en particular y con respecto a la salud pública en general. Eso se enmarca en la ola de neoliberalismo que inunda el planeta desde los años 1980.

El Secretario General de las Naciones Unidas así como las direcciones de las agencias especializadas del sistema de la ONU (por ejemplo la OMS encargada de la salud y la FAO encargada de la agricultura y de la alimentación) sufrieron una fuerte evolución, en la mala dirección, durante los últimos treinta o cuarenta años. Desde esa época se remitieron cada vez más a la iniciativa privada dirigida por un número restringido de grandes empresas de acción planetaria.

Los gobiernos se dejan atrapar

Los jefes de Estado y de gobierno tomaron el mismo camino. Podríamos decir que son los gobiernos los que tomaron la iniciativa pero, al hacerlo, se aceptó que esas grandes empresas se vean asociadas a las decisiones, y salgan favorecidas en las opciones elegidas. En el momento en que se escriben estas líneas se da por finalizada una Cumbre alimentaria convocada por las Naciones Unidas. Las grandes empresas del agroalimentario fueron invitadas y tuvieron un rol importante cuando esas empresas son parte de la causa y no de la solución a la crisis alimentaria y a la crisis ecológica, y eso lo denuncian una serie de movimientos.

Recordemos que hace más de 20 años que los investigadores y las investigadoras y los movimientos sociales, especializados en el ámbito de la salud, propusieron que las administraciones públicas invirtieran dinero suficiente para producir medicamentos eficaces y vacunas contra los diferentes virus de “nueva generación” ligados al aumento de las zoonosis. Una gran mayoría de Estados prefirió remitirse para ese problema al sector privado, permitiéndole tener acceso a los resultados de investigaciones realizadas por organismos públicos, cuando, en realidad, lo necesario era invertir directamente en la producción de vacunas y de tratamientos en el marco de un servicio público de salud.

Ya lo hemos visto: la iniciativa COVAX no constituye en absoluto una solución. COVAX había prometido suministrar, antes del final de 2021, 2,000 millones de dosis a los países del Sur que las pidieran y que estén asociados a la iniciativa. En realidad, se constató que a principios de septiembre de 2021, solamente 243 millones de dosis fueron enviadas al Sur. Así que, como consecuencia, el objetivo de los 2.000 millones de dosis se retrasa al primer semestre de 2022.

Todas las grandes potencias del Norte no cumplieron las promesas que habían hecho. Por ejemplo: La Unión Europea se había comprometido a librar 200 millones de dosis a los países más pobres antes del final de 2021, pero, hasta ahora solo se envió unos 20 millones, como lo reconoció el martes 7 de septiembre de 2021, Clement Beaune, secretario de Estado encargado de los Asuntos europeos dentro del gobierno francés. ¿Cuántas dosis han prometido los países de la UE a Covax? Por ahora la UE solo ha librado 20 millones de dosis.

C-TAP (Covid-19 Technology Access Pool, en castellano Grupo de Acceso a las Tecnologías contra el Covid-19) es otra iniciativa decepcionante tomada por la OMS. C-TAP incluye los mismos protagonistas que COVAX. Fue creada para poner en común la propiedad intelectual, los datos y los procedimientos de fabricación, alentando a las firmas farmacéuticas poseedoras de patentes a conceder a otras compañías el derecho de producir vacunas, medicamentos o tratamientos, facilitando la transferencia de tecnología. Ahora bien, hasta hoy, ningún fabricante de vacunas compartió sus patentes o sus conocimientos por medio del C-TAP.

Frente al fracaso de COVAX y de C-TAP, los firmantes del manifiesto «¡Acabemos con el sistema de patentes privadas!», lanzado por el CADTM en mayo de 2021 tienen razón en afirmar que: “Iniciativas como COVAX y C-TAP fracasaron lamentablemente, no solo debido a su falta de adecuación, sino, sobre todo, porque responden al fracaso del sistema actual de gobernanza mundial por parte de iniciativas en las que los países ricos y las multinacionales, a menudo bajo la forma de fundaciones, tratan de remodelar el orden mundial a su gusto. La filantropía y las iniciativas público-privadas en pleno auge no son la solución. Y todavía lo son menos frente a los retos planetarios actuales en un mundo dominado por Estados e industrias guiadas solamente por la ley del mercado y el máximo beneficio”.

Ganancias obscenas del Big Pharma

Los ingresos brutos y los beneficios netos que están acaparando las industrias del Big Pharma gracias a las patentes son escandalosos. Según el informe de Amnistía Internacional citado antes, tres de las seis grandes firmas producen vacunas anti-Covid. “BioNTech, Moderna y Pfizer tendrían que obtener 130,000 millones de dólares USD de recaudación desde hoy a fines de 2022”. Esa cantidad es dos veces y medio el Producto Interior Bruto de la República Democrática del Congo, que cuenta con 100 millones de habitantes. Otra comparación: 130,000 millones de dólares son 20 veces el presupuesto de la RDC para el año 2021. Esa suma de 130,000 millones de dólares equivale a 2/3 del presupuesto total de la Unión Europea para el año 2021. O son 10 veces el presupuesto de salud de India del año fiscal 2020-2021.

Aproximadamente, el coste de producción de una dosis de vacuna anti-Covid varía entre 1 y 2 euros, mientras que los gobiernos del Norte la compran a un precio entre 10 y 20 veces mayor. Así es como Pfizer vende una dosis al Estado de Israel por 23 euros y a la Unión Europea por 19,50 euros.

Hay que señalar que el precio pagado por la Comisión Europea por una dosis de vacuna Pfizer pasó de 15,50 a 19,50 euros entre fines de 2020 y el verano de 2021. La vacuna de Moderna, que costaba 19 euros pasó a 21,5 euros. Y esos aumentos se producen cuando los costes de producción están disminuyendo, ya que cuando aumenta la producción el coste unitario se reduce.

La industria farmacéutica quiere hacernos creer que sus patentes y sus beneficios son indispensables para la investigación y la salud humana. Pero el proceso de Pretoria, en 2001, ¡demuestra lo contrario! Son capaces de aceptar cientos de miles de muertos con tal de defender sus beneficios y sus patentes.

Sudáfrica había votado en 1997 una ley que le daba la posibilidad de hacer importaciones paralelas, de licencias obligatorias o de sustitución por genéricos frente a la urgencia del sida. Los 39 mayores grupos farmacéuticos mundiales atacaron esa ley en 1998. Según el Big Pharma esa ley contravenía los derechos de exclusividad conferidos por las patentes.

Una vigorosa movilización de organizaciones sudafricanas, entre las cuales la TAC, Treatment Action Campaign, extendida a todo el mundo por campañas de petición y de denuncia, en particular, por Médicos sin fronteras, Aides, Act-Up, demostró que privados de un tratamiento antiviral desde el bloqueo de esa ley, 400,000 habitantes de Sudáfrica habían muerto de VIH. Ante el escándalo mundial, los laboratorios se vieron obligados a retirar su denuncia en pleno proceso. En esa ocasión, el derecho a la salud prevaleció sobre el derecho de las patentes. Un ejemplo a seguir en estos tiempos de Covid.

Los pueblos han financiado al Big Pharma

La puesta a punto y la producción de vacunas anti-Covid fue ampliamente financiada por los poderes públicos. La vacuna AstraZeneca, empresa anglo-sueca, fue concebida por investigadores de la Universidad de Oxford quienes exigieron al laboratorio AstraZeneca que vendiera la vacuna a su precio de coste. Queda por verificar si AstraZeneca cumplió con ese compromiso, aunque no parece probable ya que la dirección de esa empresa se niega a aclarar sus contratos, tanto los firmados con sus compradores como sobre los costes de producción. Lo que sí es cierto es que el director de AstraZaneca, el francés Pascal Soriot gozó de un fuerte aumento de su remuneración, que este año, 2021, llega a 17,9 millones de euros.

Las vacunas ARNm de Pfizer (Estados Unidos) – BioNTech (Alemania) y de Moderna (Estados Unidos), que fueron puestas en el mercado hace menos de un año, se basan, en parte, en patentes anteriores. Especialmente, en una tecnología desarrollada por la universidad de Pensilvania para fabricar un ARN mensajero, inofensivo para nuestro cuerpo, cuyo patente fue depositada en 2005.

La técnica innovadora que consiste en estabilizar la proteína de la espícula (llamada también proteína spike) también surgió de la investigación pública. En efecto, la patente específica depositada por el gobierno de Estados Unidos –patente número 10 960070, más conocida por el nombre de patente “070”– se refiere a la manera en que la proteína spike se estabiliza en la vacuna. Es una técnica que fue desarrollada en el centro de investigaciones sobre vacunas del National Institutes of Health (NIH), organismo gubernamental estadounidense. Se trata de un elemento clave de la vacuna de ARNm, desarrollada conjuntamente por Moderna y el National Institutes of Health (NIH) en 2020.

EEUU registra una patente considerada clave para obligar a las farmacéuticas a compartir sus conocimientos. La demanda se centra concretamente en una patente propiedad del Gobierno estadounidense que cubre los métodos para estabilizar la proteína Spike del coronavirus. Detrás de esta invención, que se remonta a 2016, está, entre otros, el científico Barney Graham, de los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés), parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU.

Varias sociedades pagan regalías al gobierno estadounidense por la utilización de la patente “070”, principalmente la sociedad alemana BioNTech que desarrolló su vacuna anti-Covid con Pfizer. Sin embargo, Módena no realizó ningún pago al tesoro público de Estados Unidos.

Según Christopher Morten, director adjunto de Technology Law and Policy Clinic de la Universidad de Nueva York: “Moderna infringe [el uso de] la patente del National Institutes of Health por cada dosis de vacuna que fabrica o vende en Estados Unidos”. En una declaración en el Financial Times, en abril de 2021, agrega que “Si el gobierno estadounidense decidiera demandar a Moderna, esta última podría ser responsable de más de 1.000 millones de dólares solo por sus ventas hasta fines de este año”.

Otro negocio: medicinas para el SIDA

En otras ocasiones, el gobierno estadounidense recurrió a los tribunales por el uso de sus patentes. Debido a las movilizaciones de protesta contra el precio abusivo practicado por la empresa privada estadounidense Gilead Sciences para su medicamente de prevención contra el SIDA, llamado Trivada, el Departamento de salud demandó a la empresa ante la justicia en 2019, alegando que la sociedad había infringido una patente gubernamental.

En EEUU, un tratamiento para el VIH cuesta millones a los ciudadanos. El gobierno lo patentó, pero una gran farmacéutica está cosechando miles de millones. Cuando comenzó el proceso judicial, ese medicamento podía costar hasta 20.000 dólares por año en Estados unidos, no obstante, era vendido como genérico en otros países por solo 6 dólares por mes. El litigio todavía continúa.

Abro un paréntesis para señalar que Gilead Sciences vendió durante el segundo trimestre de 2021 por 829 millones de dólares su medicamento antiviral Remdisivir, utilizado para los enfermos hospitalizados de Covid-19. Gilead Sciences prevé que las ventas de Veklury, nombre comercial del Remdisivir, alcanzarán entre 2.700 y 3.100 millones de dólares para todo el año 2021.

Es necesario señalar que, en Francia, en septiembre de 2020, la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) había juzgado que la eficacia del Remdisivir era “escasa” antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) terminara por desaconsejar su utilización en noviembre de 2020. Un ejemplo más de una sociedad privada que obtuvo enormes ganancias con un medicamento cuya eficacia fue cuestionada.

Durante el mandato de Donald Trump, Estados Unidos financió por anticipado la investigación, los ensayos clínicos y la producción de las vacunas anti-Covid hasta alcanzar los 11.000 millones de dólares. En detalle, la estadounidense Johnson & Johnson había recibido de parte de Estados Unidos, desde el mes de marzo de 2020, más de 450 millones de dólares, por 100 millones de vacunas.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, Pfizer y BioNTech recibieron de Estados Unidos cerca de 2.000 millones de dólares por 100 millones de dosis. A Moderna le tocó la “grande” con 2.500 millones de dólares para financiar los ensayos clínicos y producir 100 millones de dosis. Estados Unidos también acordó 1,600 millones de dólares a la biotech Novavax por 100 millones de dosis. AstraZeneca recibió 1,300 millones de dólares por 300 millones de dosis reservadas. El gobierno de Biden, a partir de enero de 2021, prosiguió con la financiación masiva del Big Pharma procediendo a nuevas compras.

Por parte europea, en noviembre de 2020, supimos que la Comisión Europea había firmado acuerdos con seis laboratorios: Moderna (160 millones de dosis), Astrazeneca y Johnson & Johnson (400 millones de dosis cada uno), Sanofi_GSK (300 millones de dosis), Pfizer-BioNTech (300 millones de dosis) y CureVac (405 millones de dosis). En el año 2020, eso representaba 2.000 millones de euros pero las sumas pagadas a los laboratorios aumentaron fuertemente desde entonces. Es lo que vimos en la primera parte de este trabajo. Agreguemos como ejemplo que los pedidos de la Comisión Europea a Moderna pasaron de 160 a 460 millones de dosis en la primavera de 2021. Todas las cifras fueron publicadas por el diario financiero francés, Les Échos, en noviembre de 2020. Esas cifras son ampliamente corroboradas y, en algunos casos superadas por el informe de Amnistía Internacional. Las vacunas anti-COVID han recibido casi 5.000 millones de financiación pública y filantrópica para I+D… 9 personas se convirtieron en multimillonarias.

El escándalo de Moderna

Moderna fue fundada en 2010. Hasta la pandemia del coronavirus, su volumen de negocio no era muy grande y sufría pérdidas. La vacuna contra el Covid-19 de Moderna llamada “la vacuna del pueblo” por la asociación de consumidores Public Citizen, se desarrolló gracias a los fondos públicos, principalmente del gobierno estadounidense. Según Public Citizen, el desarrollo de la vacuna fue totalmente pagado por los contribuyentes. Efectivamente, recordemos que Moderna utilizó los resultados de las investigaciones sobre el ARNm realizadas por la universidad de Pensilvania. Además, una patente crucial necesaria para la fabricación de la vacuna fue desarrollada por científicos y científicas del National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos y que esa patente pertenece al gobierno estadounidense. La propia vacuna ARNm fue desarrollada conjuntamente por Moderna y los NIH de Estados Unidos y, en consecuencia, la patente de esta vacuna es propiedad de Moderna y del gobierno estadounidense conjuntamente.

El investigador Vincent Kiezenbrinke, de la ONG neerlandesa SOMO, explica en un excelente informe sobre Moderna que, “según el Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Moderna había recibido, en diciembre de 2020, 4,100 millones de dólares para el desarrollo, los ensayos clínicos y la fabricación de vacunas, de los cuales cerca de 1.000 millones fueron concedidos por la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), una agencia que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El contrato con BARDA contendría una cláusula que obliga a Moderna a publicar la parte de su inversión financiada por el gobierno estadounidense, que la farmacéutica no hizo hasta ahora”.

“Que Moderna se beneficie de la vacuna es indignante”, dice Kiezebrink. “Como sociedad, pagamos tres veces: financiamos la investigación de desarrollo de vacunas; pagamos precios inflados para comprar esas vacunas; y luego Moderna utiliza estructuras impositivas para evitar los impuestos corporativos”.

Según Kiezebrink, la CEPI (Coalición para las innovaciones preventivas de epidemias, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) que participa en la iniciativa COVAX, de la que hemos hablado en la primera parte de esta serie, también aportó una subvención de 900.000 dólares a Moderna en enero de 2020 para desarrollar su vacuna ARNm. Moderna aceptó los “principios de acceso equitativo” de la CEPI, que estipulan que las vacunas deben ser distribuidas en función de las necesidades y a precios abordables para las poblaciones de riesgo, en particular en los países de ingresos bajos o medios. A pesar de que Moderna aceptó esa subvención y con esas condiciones, la empresa, hasta el presente, vendió su vacuna principalmente a los países ricos.

Los altos precios de Moderna

El único producto comercial de Moderna es su vacuna contra el coronavirus, conocida por el nombre de mRNA-1273. Globalmente, Moderna estima que las ventas para 2021 se elevarán a cerca de los 18.400 millones de dólares. Este laboratorio ya firmó acuerdos que cubren unas ventas totales de cerca de 1.150 millones de dosis en el período 2021-2022. Cerca del 84 % de las ventas serán destinadas a Estados Unidos y a la Unión Europea, que pidieron respectivamente 500 millones y 460 millones de dosis de la vacuna.

Por sus ventas al gobierno estadounidense, Moderna facturó 15 dólares (12,90 euros) por dosis. Un contrato entre Moderna y la UE, conocido bajo el nombre de “Acuerdo de compra anticipada”, que se filtró a la prensa durante el invierno 2020-2021, muestra que la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea convinieron un precio total de 22.50 dólares (19.50 euros) por dosis. Moderna enseguida anunció, durante el verano de 2021, un aumento del precio de venta a la UE, llevándolo a 21,50 por dosis.

Moderna prevé que el coste de producción representará cerca del 20% de las ventas para 2021. Si dividimos el beneficio esperado por Moderna por su volumen de negocio para 2021, el resultado nos dice que por cada euro del contribuyente gastado para adquirir una dosis de vacuna Moderna, la sociedad tendrá un beneficio neto de 0.44 euros (44 céntimos). Por consiguiente, cerca de la mitad del volumen de negocio de Moderna estará constituida por beneficios, o sea un margen excepcionalmente elevado.

Se puede afirmar que para Moderna, como para las otras compañías del Big Pharma, la pandemia es un regalo caído del cielo. El precio de la acción Moderna se multiplicó por 20 entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021. En un período de tiempo más corto, entre septiembre 2020 y septiembre 2021, la acción Moderna en la bolsa de Nueva York aumentó en un 500 %, mientras que el conjunto del índice NASDAQ progresó solamente el 31 % durante el mismo período. El resultado superlativo de Moderna en la bolsa lleva a los consejeros en bolsa a proponer a los inversores revender sus acciones de Moderna con el fin de obtener una plusvalía, eso podría hacer caer el precio de la acción, tanto más que el competidor Novavax finalmente podrá vender sus vacunas anti-Covid y que, en consecuencia, el especulador del mercado de acciones pondrá probablemente sus miras en las acciones de Novavax.

Moderna y el estado de Delaware

Los propietarios de Moderna son especialistas en evasión fiscal. Instalaron la sede central en el estado de Delaware en el que la empresa no realiza ninguna producción ni investigación médica. El estado de Delaware es un paraíso fiscal notorio, conocido mundialmente por los niveles de impuestos extremadamente bajos que ofrece a las compañías. Resulta que la población del estado no alcanza el millón de personas (973.000 en 2019), y cerca de 1,5 millones de compañías se instalaron allí. Nos dice todo sobre Delaware y cómo instalar una empresa, excepto que es un paraíso fiscal.

Recordemos que la industria farmacéutica obtiene una buena parte de su recaudación debida al cobro de regalías por la utilización de las patentes de su propiedad, y resulta que el estado de Delaware no impone ningún impuesto por los ingresos generados por esas patentes. Moderna posee 780 patentes en el estado de Delaware. Entre ellas, 595 patentes mencionan la tecnología del mRNA que es el fundamento de la vacuna de Moderna contra el coronavirus. Las autoridades de Delaware permiten a las empresas que tienen su sede en su territorio mantener el secreto sobre sus ingresos que obtienen de patentes, ya que no tienen necesidad de declararlos al fisco local. Eso vuelve muy difícil, casi imposible, determinar el volumen de regalías (royalties) provenientes del mundo entero que Moderna percibirá en Delaware.

Moderna y el Cantón de Basilea

Los países de la Unión Europea pagarán a Moderna más de 10,000 millones de euros por la compra de 460 millones de dosis de su vacuna anti-Covid. Otros pedidos y otros pagos seguirán a este. Con el fin de no pagar impuestos en un país miembro de la UE sobre sus ingresos por sus ventas en territorio de la UE, Moderna creó en julio de 2020 una sociedad, en Suiza en el Cantón de Basilea, llamada Moderna Switzerland GmbH. Eso es lo que reveló Vincent Kiezebrink para la ONG SOMO en el estudio citado anteriormente. El tipo de impuesto en ese Cantón es del 13 %, pero el tipo efectivamente pagado es inferior al 8 % y es probable que Moderna haya negociado con las autoridades del Cantón un Tax Ruling (un acuerdo fiscal) que le permitiría pagar un tipo aún más bajo.

La diputada suiza Stéphanie Prezioso denunció la maniobra de Moderna y la complicidad de las autoridades suizas, el 21 de septiembre de 2021 ante el Consejo Federal de la República Helvética. En su interpelación, Prezioso declaró: “En su contrato con la Comisión Europea, la firma Moderna exigió recibir los fondos destinados al pago de sus vacunas, entregadas a la UE, en Suiza, en el Cantón de Basilea, donde Moderna Switzerland GmbH (fundada en junio de 2020, cuando la vacuna ya estaba lista) aprovechará los efectos RFFA (es decir, reforma de la fiscalidad de empresas) para pagar impuestos ridículos”.

La diputada plantea, en particular, la siguiente cuestión: “El acuerdo firmado entre la Comisión Europea y Moderna equivale a una evasión fiscal de miles de millones de dólares para nuestros vecinos europeos. El Consejo Federal no considera que eso va en contra del objetivo que se había fijado, según sus propias palabras, (…), de comprometerse a favor de un acceso mundial equitativo, abordable y rápido a las vacunas, medicamentos y diagnósticos contra el Covid-19”. Este affaire fue publicado en la prensa suiza.

Por su parte, Miguel Urbán, el eurodiputado español de los Anticapitalistas, también denunció ese escándalo en las columnas del periódico alternativo español El Salto. En esa publicación, Miguel Urbán afirma que “la única razón por la cual los pagos son dirigidos a Suiza es su estatus de jurisdicción opaca, de paraíso fiscal”. El eurodiputado español dirigió varias preguntas a la Comisión Europea (CE) para saber si la CE favorece por propia voluntad un sistema de ingeniería fiscal para defraudar a las autoridades fiscales de los Estados miembros de la UE y si piensa efectuar una investigación o consultar las autoridades suizas, para saber si Moderna utiliza Suiza para evitar los impuestos sobre la venta de vacunas en Europa.

El secreto vergonzoso

El secreto con el que la Comisión Europea y sus Estados miembros negocian con el Big Pharma fue parcialmente descubierto gracias a la publicación de un contrato muy importante firmado entre la Comisión y Moderna Switzerland GmbH, esa sociedad artificial montada para evitar el pago de impuestos en el territorio de la Unión Europea, como acabamos de verlo. El contrato puede ser descargado a partir de la página web de la Radio televisión italiana, la RAI. En ese documento podemos leer que la Comisión pagó por adelantado a Moderna 4.50 euros por dosis (sobre un precio total de 22.50 $ por dosis), lo que quiere decir que la Comisión pagó el coste de producción de cada dosis.

Además, la Comisión anunció que si la vacuna, que estaba en proceso de aprobación, provocaba efectos secundarios graves (incluida la muerte del paciente), la Comisión Europea y los Estados miembros no responsabilizarían a Moderna de esos problemas. Por el contrario, los Estados miembros se comprometen mediante ese contrato a indemnizar Moderna si fuese condenada por los daños que pudiera ocasionar su vacuna. Es el punto K página 3 del contrato que tiene 69 páginas. El contrato indica también que Moderna es la propietaria de las patentes de la vacuna y que puede hacer con esta lo que quiera.

Tenemos la suerte de disponer de una copia de ese contrato. A partir de los términos utilizados en la redacción del mismo, podemos deducir, sin peligro de equivocarnos, que la Comisión debió firmar el mismo contrato con las otras industrias farmacéuticas; Pfizer, BioNTech, Curevac, AstraZeneca, etc. El Salto también publicó extractos del contrato entre la Comisión Europea y AstraZeneca. Esto, por otro lado, está corroborado por los extractos de los contratos firmados con Curevac y con AstraZeneca, que se filtraron a la prensa. Como lo muestra el contrato con Curevac, los extractos disponibles corresponden a lo que encontramos también en los contratos entre la CE y Moderna, resumido anteriormente, pues el contrato con AstraZeneca lleva tachadas todas las cláusulas del conflicto con la Comisión Europea.

Apartheid a nivel mundial

Para el Big Pharma es más provechoso suministrar prioritariamente a los países ricos, ya que los gobiernos del Norte financian por adelantado una parte de la producción y no tienen problemas en pagar un precio alto. Y es evidente que las grandes compañías del Big Pharma les dieron una prioridad absoluta. Las cifras que indican la distribución geográfica del suministro de vacunas son elocuentes. Para Moderna, la Unión Europea y Estados Unidos representan el 84 % de sus ventas totales. Para Pfizer/BioNTech el 98% de sus ventas y el 79% para Johnson & Johnson se realizaron en países de ingresos altos o medios superiores. Pfizer y BioNTech, por el momento, solamente al Estado sueco proveyeron nueve veces más dosis que a todos los países de ingresos bajos reunidos.

La cartografía de la vacunación indica también muy claramente que una parte del mundo fue dejada de lado. Recordemos que, en el momento en que se escribe esto, a comienzos de octubre de 2021, sobre los 5,760 millones de dosis inyectadas en el mundo, el 0,3% fueron a países de ingresos bajos donde viven 700 millones de personas. Solamente el 2,1 de la población de los 27 países de ingresos bajos recibieron una dosis de una vacuna contra el Covid-19, mientras que más del 60 % de la población de Estados Unidos y Canadá y de Europa occidental está vacunado.

China y Cuba representan una situación diferente puesto que las autoridades de esos dos países tienen recursos en sus empresas públicas nacionales y en su servicio público de salud para producir y vacunar a su población. En el caso de China, a mediados de septiembre de 2021 el 70 % de su población estaba completamente vacunada.

Los gobernantes de unos pocos países ricos se oponen al levantamiento de las patentes que desean más de 100 países del Sur global. Entre los que se oponen de forma más notoria encontramos a la Unión Europea, Suiza y Japón. En el caso de Estados Unidos, aunque el presidente Joe Biden había anunciado, en mayo de 2021, que era favorable al levantamiento de las patentes, hasta ahora, no hizo lo necesario para convencer a los gobiernos que bloquean ese dosier en las Organización Mundial del Comercio (OMC). Tan grave como que el gobierno de Estados Unidos posee la patente ‘0,70 de la vacuna y no la pone a disposición de los países que podrían utilizarla.

Lo que EEUU no quiso hacer

Según la asociación estadounidense radical de consumidores Public Citizen con sede en Washington, gracias a la patente 0.7 ya mencionada, el gobierno de Estados Unidos podría haber podido y podría producir en sus propios laboratorios las vacunas ARNm. Podría también trasmitir gratuitamente la patente a los Estados deseosos de producir la vacuna para su población y, en un gesto de solidaridad, para otros pueblos.

Presento un extracto de un comunicado dePublic Citizende mediados de noviembre de 2020 comentando el anuncio de la producción de la vacuna ARNm-1273 por Moderna: “Es la vacuna del pueblo. (…) No es solamente la vacuna de Moderna. Científicos federales ayudaron a inventarla y los contribuyentes financian su desarrollo. Todos hemos tenido una función. Debería pertenecer a la humanidad. La administración actual [o sea, de Trump] y el presidente electo Biden tuvieron ambos la ocasión de hacer de esta vacuna un bien público gratuito y accesible para todos y contribuir al aumento de la producción mundial, con el fin de evitar un racionamiento médico que podría acabar en una forma de apartheid mundial de vacunas”.

En este caso, no se trata de levantar o suprimir la patente, es suficiente ponerla a la disposición de terceros. Al negarse a hacerlo, mientras algunas organizaciones como Public Citizen se lo piden, el gobierno de Joe Biden muestra claramente que quiere proteger los privilegios del Big Pharma.

Según un nuevo estudio muy convincente, publicado en mayo de 2021 por Public Citizen, los Estados, comenzando por los más ricos, podrían fácilmente producir miles de millones de dosis de vacunas a un coste netamente muy inferior a las sumas pagadas hasta ahora a las grandes empresas farmacéuticas privadas. Public Citizenhizo la demostración basándose en un estudio realizado por los investigadores del Imperial College de Londres. El estudio demuestra, de forma convincente, “que la comunidad mundial podría establecer centros regionales capaces de producir 8,000 millones de dosis de vacuna de ARNm hasta mayo de 2022. Eso sería suficiente para cubrir al 80 % de la población”.

El coste sería de 9,400 millones de dólares para una vacuna tipo Pfizer/BioNTech, para 5 instalaciones, 17 líneas de producción y 1398 trabajadores y trabajadoras. Una cifra que se debería comparar a las decenas y decenas de miles de millones que se distribuyeron a la industria farmacéutica por los Estados, para vacunar solamente a la población de los países ricos… y servir para los dividendos de los accionistas.

Fuera de Canadá y Estados Unidos y de Europa, hay otras vacunas contra el coronavirus que fueron totalmente financiadas por los poderes públicos de manera directa o indirecta, como las vacunas Sputnik5 y Sputnik light producidas por Rusia. Es también el caso de las vacunas chinas Sinopharm, la BIBP aprobada por la OMS en mayo de 2021 y la CoronaVac producida por SinovacBiotec Ltd. Finalmente, es el caso de las vacunas cubanas Soberana 2 y Abdala.

Precios abusivos

Los precios practicados por el Big Pharma de las vacunas anti-Covid son totalmente abusivos. Dos ejemplos: según los cálculos basados en las investigaciones de Public Citizen, la producción a gran escala de la vacuna Pfizer/BioNTech cuesta a la empresa solo 1.20 dólares por dosis. La vacuna le cuesta a Moderna cerca de 2.85 dólares por dosis. No obstante Pfizer pide hasta 23.50 dólares por dosis en algunos países y Moderna llega a 37 dólares.

Para justificar esos precios elevados de las vacunas, medicamentos y tratamientos, los representantes de la industria farmacéutica ponen por delante el alto nivel de las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y en los ensayos clínicos. Ese argumento es generalmente fácil de refutar, pero, en este caso de la producción de vacunas anti-Covid, cae por su propio peso ya que los gastos en I+D y en ensayos clínicos fueron financiados por los poderes públicos con el dinero de los contribuyentes.

Los gobiernos del Norte al decidir inyectar una tercera dosis de la vacuna favorecen a los intereses particulares del Big Pharma que obtendrá un beneficio extra. Si las patentes de las vacunas anti-Covid, de las pruebas (PCR, antígenos…) de los medicamentos no se levantan o simple y llanamente se suprimen, las grandes empresas que dominan el sector de la farmacia acumularán durante los próximos 20 años unos ingresos colosales a costa de la población, de los presupuestos de los Estados y de los sistemas públicos de salud. El dilema es por lo tanto enorme puesto que sabemos serán recomendadas o impuestas unas dosis de refuerzo. Imaginemos una inyección anual durante 20 años con una vacuna protegida por una patente y por lo tanto vendida a un precio elevado… Eso genera una renta extraordinaria.

Señalemos que Frank D’Amelio, el director financiero de Pfizer declaró ante ejecutivos y accionistas de la empresa que el precio actual de 19.50 dólares que la sociedad pidió al gobierno estadounidense por su vacuna estaba condicionado por la existencia de una pandemia. Frank D’Amelio prosiguió su razonamiento afirmando que cuando se termine la pandemia, Pfizer tiene la intención de lograr un precio mejor.

D’Amelio habló de precios “normales” de 150 a 175 dólares por dosis, o sea cerca de 7.5 a 9 veces lo que factura actualmente a Estados Unidos y a la UE. Aparentemente, el margen de beneficio actual de Pfizer y de su asociado BioNTech sobre cada dosis de vacuna es del orden del 52 al 58%.

Según Vincent Kiezebrink de la ONG SOMO, de las informaciones actualmente disponibles, la tarificación pospandemia podría hacer que ese margen pasara de 1,500 a 2,000 %, si los planes de Pfizer se concretan. El patrón de Moderna, Stéphane Bancel, hizo el mismo tipo de declaración que D’Amelio de Pfizer, desde el mes de agosto de 2020, dejando entender claramente que el precio de la vacuna evolucionaría al alza después de la pandemia. Los precios de Moderna serán de 32 a 37 dólares por dosis, para “pequeños pedidos”.

Conclusiones sobre este punto: Las grandes industrias farmacéuticas privadas constituyeron un cártel para imponer precios abusivos por sus vacunas, para mantener sus patentes, para aumentar el precio fuertemente cuando una nueva cifra se alcance en la pandemia. Buscan maximizar sus beneficios, pagar los mínimos impuestos posibles y tener una renta garantizada durante al menos 20 años. Ese comportamiento perfectamente lógico desde un punto de vista capitalista es también totalmente ilegítimo desde el punto de vista de los intereses del 99%.

Los grandes accionistas del Big Pharma

El objetivo buscado por esos inversores es el de obtener el máximo rendimiento, no están interesados ni en la mejora de la salud de la humanidad ni por los llamados a la solidaridad provenientes de todo el mundo

Los dos mayores fondos de inversión del mundo, los estadounidenses Vanguard y Black Rock son los principales accionistas de las 6 principales industrias farmacéuticas privadas que producen vacunas anti-Covid: AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer. Vanguard y Black Rock colocaron respectivamente 66,000 millones de dólares y 62,000 millones de dólares en esas empresas con el fin de influir en sus decisiones y de obtener un máximo de beneficio.

En total, los 10 mayores accionistas poseen 250,000 millones que son invertidos en acciones en las mencionadas empresas. Nueve de esos grandes accionistas tienen su sede en Estados Unidos excepto el 10º y más “pequeño”, que es la Unión de Bancos Suizos. Está muy claro que el objetivo perseguido por esos inversores es el de obtener el máximo beneficio, no están interesados ni en la mejora de la salud de la humanidad ni en los llamados a la solidaridad provenientes de todo el mundo. Pero eso no les impide hacer declaraciones donde afirman lo contrario.

La deuda pública

Los gobiernos recurrieron masivamente a nuevas deudas especialmente para la adquisición de las vacunas y para hacer las campañas de vacunación.

Los gobernantes presentan esas deudas como legitimas ya que servirían, se supone, al interés general. Sin embargo, hay que plantear esta cuestión. ¿Son realmente legítimas?

En realidad, una parte importante de esas nuevas deudas es ilegítima porque en lugar de recurrir a la deuda era necesario y legítimo financiar esos gastos con un impuesto sobre el 1% más rico, sobre el Big Pharma, sobre las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), etc. El 1% más rico continúa enriqueciéndose durante esta crisis y el Big Pharma y las GAFAM obtuvieron un gran beneficio de la crisis sanitaria y económica.

Las nuevas deudas son ilegítimas porque los precios que se pagan al Big Pharma por sus vacunas son abusivos. Porque además el BigPharma no paga los impuestos que debería pagar y aún más, se niega a levantar las patentes.

En resumen, la nueva acumulación de deudas públicas sirve a los intereses de una minoría privilegiada, especialmente al Big Pharma y a los grandes accionistas de los grandes fondos de inversiones.

Asistimos a una nueva privatización de los beneficios y a una socialización de las pérdidas. Nos debemos oponer a todo eso.

Liberar medios financieros

Es necesario de manera urgente liberar importantes medios financieros pero evitando lo máximo posible nuevos endeudamientos.

Existe un medio bien simple de liberar recursos financieros: consiste en suspender de inmediato el reembolso de la deuda pública. El dinero ahorrado podrá ser canalizado directamente hacia necesidades prioritarias en materia de salud. Otras medidas muy fáciles de tomar pueden liberar también recursos financieros: recaudar un impuesto de crisis sobre las grandes fortunas y los más altos ingresos, imponer fuertes muletas a las personas o empresas responsables del gran fraude fiscal.

Ahora se ha demostrado nuevamente su amplitud por las revelaciones de los Pandora papers (que siguen a los Panamá papers, a los Luxleaks y a los trabajos de Gabriel Zucman), reducir radicalmente los gastos militares… Pero volvamos a la suspensión del pago de la deuda puesto que constituye en la mayoría de los casos el mecanismo central que puede mejorar muy rápidamente la situación financiera de un país.

¿Cuáles son los argumentos jurídicos que pueden fundamentar una decisión unilateral de suspensión de pago de la deuda o de suspensión de derechos de propiedad intelectual en las patentes del caso actual?

El estado de necesidad: Un Estado puede renunciar a continuar con el reembolso de una deuda porque su situación objetiva (de la que no es responsable) amenaza seriamente a su población y la prosecución del pago de la deuda le impediría responder a las necesidades más urgentes de sus habitantes. Y es exactamente un caso de manual al que un gran número de países ahora están enfrentados: la vida de los habitantes del país está directamente amenazada si no llegan a financiar una serie de gastos urgentes para salvar el máximo de vidas humanas.

El “estado de necesidad” es un concepto de derecho utilizado por los tribunales internacionales y definido por el artículo 25 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de la ONU. Como se ha explicado en el comentario del artículo 25, el “estado de necesidad” es utilizado para designar los casos excepcionales en el que el único medio que tiene un Estado de salvaguardar un interés esencial amenazado por un grave e inminente peligro es, momentáneamente, la no ejecución de una obligación internacional cuya importancia o urgencia es menor.

Ese argumento es perfectamente válido para justificar la decisión de un gobierno de no respetar los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual, del levantamiento de las patentes y de organizar la producción de vacunas y de medicamentos para la población de su país.

El cambio fundamental de circunstancias: La ejecución de un contrato (o de un tratado internacional) puede suspenderse si las circunstancias cambian fundamentalmente y en forma independiente de la voluntad del deudor. La jurisprudencia en materia de aplicación de los tratados y de los contratos internacionales reconoce que un cambio fundamental de circunstancias puede impedir la ejecución de un contrato. En el caso de la crisis actual, las circunstancias cambiaron fundamentalmente durante los dos últimos años:

► Una epidemia muy grave continúa a escala mundial.

► El precio de la energía está por las nubes.

► La actividad económica bajó fuertemente en 2020.

Este argumento es también válido para justificar la decisión de un gobierno de no pagar las patentes y de organizar la producción de vacunas y de medicamentos para la población de su país.

La fuerza mayor: Las circunstancias presentadas más arriba son ejemplos de casos de fuerza mayor. Un Estado puede invocar esos casos que le impiden ejecutar un contrato.

Cuando un Estado invoca el estado de necesidad, el cambio fundamental de circunstancias o la fuerza mayor para suspender el pago de la deuda, el carácter legítimo o ilegítimo de esa deuda carece de importancia. Aunque la deuda reclamada a un país fuera legítima, eso no impide a ese país hacer una suspensión de pagos. Lo que en ese momento es fundamental es que la población se asegure que el dinero efectivamente liberado por el impago de la deuda sea utilizado en beneficio de la lucha contra el coronavirus, contra la crisis económica, contra la crisis ecológica. Eso implica que la población ha de ejercer un control estricto sobre la acción del gobierno, que se movilice y que esté preparada para expresar enérgicamente su descontento si el gobierno no actúa al máximo por sus intereses, y preparada para derrocarlo si fuera necesario.

Por otro lado, desde el punto de vista de la mayoría de la población, es fundamental que se organice una auditoría de la deuda con participación ciudadana activa, con el fin de identificar las partes ilegítimas, odiosas e ilegales que deberían ser definitivamente anuladas. También es necesario auditar todos los gastos del Estado para verificar si están realmente justificados por la lucha para superar la crisis sanitaria, económica y ecológica.

Es importante apoyar las reivindicaciones inmediatas como: el levantamiento de las patentes sobre las vacunas y la vacunación universal, libre y gratuita son prioritarias. El aumento de las inversiones y de los presupuestos públicos destinados a políticas públicas de salud y de la atención sanitaria de proximidad, que incluyan un aumento de las contrataciones, de salarios y una mejora de las condiciones de trabajo del personal de esos sectores.

Apoyar reivindicaciones radicales

Frente al escándalo de una nueva privatización de beneficios y de una socialización de pérdidas, es fundamental apoyar unas propuestas radicales como lo hacen los firmantes del manifiesto “¡Acabemos con el sistema de patentes privadas! Por una industria farmacéutica bajo control popular y un sistema de vacunación gratuito, universal y público”, que fue difundido en 2021 por la red mundial del CADTM.

Frente al escándalo de una nueva privatización de beneficios y de una socialización de pérdidas, es fundamental apoyar unas propuestas radicales como lo hacen los firmantes del manifiesto “¡Acabemos con el sistema de patentes privadas!”.

El Manifiesto afirma especialmente que: “La salud y el acceso a la salud y a la vacunación son un derecho humano universal. Por consiguiente, las vacunas deben ser consideradas como un bien común universal. Y para asegurar su accesibilidad universal, la suspensión necesaria y urgente de las patentes debe acompañarse de mecanismos de nacionalización de las industrias farmacéuticas privadas y de una fuerte inversión en el desarrollo de industrias farmacéuticas públicas en todos los países. Es necesaria una acción decisiva que permita una planificación pública de la producción y de la distribución de vacunas, desarrollando las capacidades de producción locales cuando eso sea posible, y completándolo con una solidaridad internacional obligatoria en todos los casos”.

Estudiando de cerca la situación y las mortíferas consecuencias de políticas que mantienen los privilegios del Big Pharma, no podemos dejar de convencernos de la necesidad urgente de expropiar el sector farmacéutico e incorporarlo en un auténtico servicio público de salud bajo control ciudadano.

Los firmantes del Manifiesto avanzan 8 exigencias principales:

1.- La suspensión de las patentes privadas de todas las tecnologías, conocimientos, tratamientos y vacunas ligadas al Covid-19.

2.- La eliminación de los secretos comerciales y la publicación de la información sobre los costes de producción y las inversiones públicas utilizadas, de manera clara y accesible para toda la población.

3.- La transparencia y el control público en todas las etapas del desarrollo de la vacuna.

4.- El acceso universal, libre y gratuito a la vacunación y a los tratamientos.

5.- La expropiación y la socialización bajo control ciudadano de la industria farmacéutica privada como base de un sistema público y universal de salud que favorezca la producción de tratamientos y medicamentos genéricos.

6.- El aumento de las inversiones y de los presupuestos públicos dedicados a las políticas públicas de salud y de atención sanitaria de proximidad, que incluya un aumento de la contratación, de los salarios y una mejora de las condiciones de trabajo del personal de esos sectores.

7.- La introducción de impuestos sobre la riqueza (patrimonio e ingresos del 1 % más rico) para financiar la lucha contra la pandemia y garantizar una salida socialmente justa y ecológicamente perenne de las diferentes crisis del capitalismo mundial.

8.- La suspensión del pago de las deudas durante la duración de la pandemia y la anulación de las deudas ilegítimas y de aquellas contraídas para financiar la lucha contra el virus.

Entre los firmantes están Noam Chomsky y Nancy Fraser de Estados Unidos, Naomi Klein de Canadá, Arundhati Roy y Tithi Bhattacharya de India, Silvia Federici y Cinzia Arruzza de Italia, responsables sindicales, responsables asociativos, más de 80 parlamentarios (de Alemania, Bolivia, Brasil, Colombia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, de la República Checa…), incluido el presidente del Senado boliviano y 22 miembros del Parlamento Europeo. Más de 250 organizaciones también firmaron el Manifiesto a nivel internacional.

Hacer converger las luchas y las reivindicaciones

Recientemente, las y los jóvenes que se movilizaron por la justicia climática con ocasión de la jornada del 24 de septiembre de 2021, dieron un ejemplo positivo de convergencia de las luchas y de las reivindicaciones al incluir en un mismo llamamiento la lucha contra la crisis ecológica, contra el cambio climático, contra la pandemia de coronavirus, contra las deudas reclamadas al Sur global… Aquí cito extractos de ese llamamiento que merece leerse íntegramente:

“Los países que están más afectados por la crisis climática están también entre los más afectados por la pandemia de Covid-19. Mientras que las personas privilegiadas del Norte global tienen un mejor acceso a los recursos para hacer frente a la pandemia, los Pueblos de las regiones más afectadas han sido sistemáticamente privados de los recursos necesarios a la resolución de la crisis sanitaria.

La pandemia, que se agrega a otros problemas políticos y socioeconómicos de largo tiempo, continúa teniendo efectos devastadores para los Pueblos de las regiones más afectadas y vuelve difícil la movilización de comunidades y organizaciones locales a favor del clima y de la justicia social.

La distribución desigual de las vacunas impide también a numerosos habitantes de las regiones más afectadas a participar a importantes procesos de decisivos en materia de clima, como la COP26 que se celebrará este año en Glagow.

Así, una etapa fundamental en la prosecución de una acción climática global e intersectorial es apoyar el llamamiento para un acceso equitativo a las vacunas de las comunidades de las regiones más afectadas. Eso incluye, entre otros, la suspensión de las restricciones de propiedad intelectual sobre las tecnologías de las vacunas contra el Covid-19, puesto que esas restricciones permiten el monopolio de los fabricantes del Norte global (…).

Otras prácticas, como el acaparamiento de las vacunas por los países del Norte, debe cesar de inmediato, y las vacunas excedentarias deben ser distribuidas gratuitamente a los pueblos de las regiones más afectadas, sin condiciones”.

“Las reparaciones fueron demandadas, inicialmente, por el movimiento para la justicia racial, y una no puede existir sin la otra. Las reparaciones climáticas implican que aquellos que tienen la mayor responsabilidad en la crisis climática deben pagar una compensación a los pueblos de las regiones más afectadas por los daños y las pérdidas de los medios de subsistencia, de infraestructuras y de vías de las comunidades causadas por los impactos del cambio climático (…) lo que comienza por la anulación de la deuda. Es el estricto mínimo que los países del Norte deben hacer con el fin de pagar su deuda por los daños y los traumatismos causados en los países del Sur”.

Conclusión: La lucha para defender los bienes comunes y conquistar nuevos está íntimamente ligada al combate contra las deudas ilegítimas, contra la crisis ecológica, contra la pandemia y contra el sistema capitalista en su conjunto.

(*) Eric Toussaint es doctor en Ciencias políticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de París VIII, es el portavoz del CADTM internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. El autor agradece a Christine Pagnoulle, Claude Quémar y Rémi Vilain por su lectura y consejos. El autor agradece también a Vincent Kiezebrink por su importante estudio “Moderna’s free ride”, así mismo a Public Citizen y a Amnistía Internacional por sus diferentes informes sobre el Big Pharma y el acceso a las vacunas y a los tratamientos anti-Covid. El autor es totalmente responsable de los eventuales errores contenidos en este trabajo.